Amnistía Internacional ha denunciado recientemente que el mundo está sufriendo “un asalto global a los derechos y las libertades” y que el sistema de “protección internacional de los Derechos Humanos” está “en peligro de desmoronarse”. El presidente de esta ONG en España, Alfonso Sánchez, en la presentación del informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, ha manifestado que existe un desprecio hacia las instituciones internacionales que velan por el respeto a los Derechos Humanos, como la ONU, el Tribunal Penal Internacional o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Siria es un ejemplo más de las consecuencias de esa falta de respeto al Derecho Internacional. Ante la actual crisis de los refugiados (la mayor desde la Segunda Guerra Mundial), los líderes políticos han actuado tarde y mal. En dicho informe se concluye que “la respuesta de los Gobiernos es, o bien la inacción, o bien la adopción de medidas que agravan más aún los problemas”.
El documento pone asimismo de manifiesto que en sesenta y un países se han encarcelado a presos de conciencia, en diecinueve se han perpetrado crímenes de guerra y otras violaciones de las leyes reguladoras de las contiendas bélicas y en ciento veintidós se han infligido torturas y malos tratos a detenidos. También se señala que ciento trece países han restringido de forma arbitraria la libertad de expresión y de prensa y que sesenta millones de personas viven desplazadas de sus hogares y diseminadas por todo el planeta. En total, son treinta y seis los Estados en los que los grupos armados han cometido abusos contra los Derechos Humanos y treinta las naciones que han obligado de manera ilegal a refugiados a volver a países en los que corren peligro. A lo anterior, se añade además el maltrato que reciben los defensores de tales Derechos Humanos. En el texto se asegura que más de ciento cincuenta de ellos murieron en 2015, algunos mientras estaban detenidos.
La conclusión es que existe un evidente retroceso en este ámbito de protección de los Derechos Humanos. El referido informe es muy crítico con algunos países y por muchas razones, como seguir vendiendo armas a Estados que no los respetan, o retirarse del Tribunal Penal Internacional o, en el caso de China, detener y perseguir a cientos de abogados por el mero hecho de ejercer su profesión.
Tampoco España es ajena a esta tendencia global de recorte de derechos y libertades. Según Amnistía Internacional, durante el último año se han aprobado medidas legislativas que limitan desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, y se han hecho oídos sordos a las recomendaciones de la ONU sobre la protección de los Derechos Humanos en nuestro país.
España ha recibido diferentes llamadas de atención por parte de organismos internacionales -como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU- por haber legalizado la expulsión sumaria de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en las fronteras de Ceuta y Melilla. O por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada, tal y como establecen los estándares internacionales.
Corren, por tanto, malos tiempos para los Derechos Humanos. Y, después de lo que nos ha costado avanzar en ese terreno, no podemos permitirnos el lujo de retroceder ni de permanecer impasibles antes este sangrante fenómeno. Porque, de continuar por la senda del desprecio a las libertades que hemos jurado respetar, nuestro proyecto de sociedad construida sobre los valores del constitucionalismo se desmoronará por completo.