La laicidad que propugnamos establece la separación entre las religiones y el Estado, que debe ser neutral en lo que respecta a las creencias religiosas. No debe existir una religión de Estado.
La laicidad garantiza la libertad de conciencia y permite la libre expresión de las propias convicciones así como el respeto a las creencias de los demás.
La primera consecuencia de esta apuesta es que los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, que desde 1979 han conllevado privilegios incompresibles y una importante carga de financiación para la Iglesia católica, han de ser derogados de inmediato, con el objetivo de implantar un verdadero Estado laico.
Los Acuerdos han permitido que la Iglesia católica haya disfrutado durante estos treinta años de democracia de una situación privilegiada, saltando por encima de la aconfesionalidad y de la neutralidad constitucional, al quedar perpetuado su status histórico, muy superior al del resto de confesiones religiosas.
El Estado ha alcanzado una madurez democrática suficiente para garantizar la libertad religiosa, de culto y de conciencia, al tiempo que para separarse definitiva y totalmente de las confesiones religiosas. Entendemos que las instituciones puedan cooperar con las confesiones, pero esa cooperación nunca debe romper la neutralidad pública, ni debe inmiscuirse en la conciencia de cada ciudadano, ni debe perpetuar una situación conforme a la cual la Iglesia católica está por encima de cualquier otra confesión, manteniendo privilegios exacerbados difícilmente comprensibles en una sociedad moderna y avanzada como la actual.
Los socialistas defendemos que la conciencia religiosa sea una cuestión ligada a la libertad individual de las personas, sin confundir por ello el ámbito público y el privado en nuestra sociedad. La separación total entre Iglesia y Estado es aún hoy una cuenta pendiente de la sociedad española, y prueba de ello es la multitud de símbolos religiosos dentro de nuestras instituciones, la existencia de centros de culto católico en edificios públicos y la pervivencia de protocolos institucionales públicos relacionados solo con la confesión católica.
Es difícilmente comprensible que en un momento en el que el país vive la mayor crisis de su historia reciente, donde millones de familias sufren el drama del desempleo, donde una de cada cuatro familias vive por debajo del umbral de la pobreza y se están llevando a cabo enormes recortes en los servicios públicos con el consiguiente desmantelamiento del Estado del Bienestar, la Iglesia Católica, de conformidad con los acuerdos entre el Estado Español y el Estado Vaticano, continúe recibiendo año tras año de las arcas públicas miles de millones de euros.
Desde Juventudes Socialistas de España exigimos la derogación inmediata de los Acuerdos entre el Estado Español y el Estado Vaticano; la implantación de un Estado Laico y Aconfesional
que asegure la libertad de conciencia dentro y fuera de nuestras instituciones; y la inmediata supresión de la financiación pública y de las exenciones fiscales a las Confesiones Religiosas, así como la elaboración de una Ley Orgánica que regule las entidades confesionales.
Por todo lo expuesto, es necesario presentar una Proposición de Ley en el Congreso con tres puntos muy concretos: la denuncia y derogación inmediata de los Acuerdos entre el Estado Español y el Estado Vaticano; la implantación de un Estado Laico y Aconfesional que asegure la libertad de conciencia dentro y fuera de nuestras instituciones, instando a la elaboración de una ley orgánica sobre Libertad Religiosa y de Conciencia; y, por último, crear un protocolo civil para que las ceremonias religiosas y símbolos católicos no sean considerados parte de actos institucionales o de Estado, sino parte del ámbito íntimo y personal. También es conveniente la regulación de las confesiones religiosas por una Ley de Asociaciones.
Además es necesario eliminar de los artículos 2 y 206 de la Ley Hipotecaria el privilegio de la inmatriculación de bienes por la Iglesia católica cuando carezca de título escrito de dominio.
En cuanto a la Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Creencias. Esta norma debería ampliar tanto el ámbito subjetivo como el ámbito material establecido en la vigente. En cuanto al ámbito subjetivo, debería incluir no sólo a los creyentes, sino también a los no creyentes. Además la asignatura de religión que provoca un sectarismo religioso en la escuela tiene que ser impartida en las horas no lectivas y de forma voluntaria fuera de los centros escolares públicos.
Por ello la referencia a la Iglesia Católica en el art. 16.3 CE es absolutamente innecesaria, por lo que debería quedar redactado de la forma siguiente o similar: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con todas las confesiones”.
Por otra parte, no se debe asignar anualmente un presupuesto ni dejar que en la declaración del IRPF el dinero que iba para el estado sea directamente administrado por la Iglesia. Se debe tender a la autosuficiencia económica y presupuestaria como bien se declara en este mismo Acuerdo en el artículo II.5.
En materia educativa, debe asegurarse el conocimiento de todas las culturas y religiones, así pues hay que sustituir Religión por Historia de las religiones. Los profesores deben pasar unas oposiciones y no pueden ser seleccionados por la Diócesis. Hay que cambiar el modelo de financiación de colegios concertados (religiosos, especialmente) en los que los sueldos los paga el Estado pero los maestros son seleccionados por el propio centro. Se debe velar por la completa impartición de materias en estos colegios y también universidades privadas que reciben subven
Todas estas propuestas no son realizadas en contra de nadie, ni pretenden interferir en el ámbito personal de los creyentes. Al contrario, la laicidad es el método más eficaz para que todas las religiones sean respetadas y tenidas en la misma consideración, sin que el Estado potencia a ninguna fe en detrimento del resto.ción, ya que muchas veces se obvian conceptos vitales pero que contravienen su religión (aborto y la UNAV).