Un grupo de inmigrantes viaja en patera en aguas de Melilla / EFE – ARCHIVO
Últimamente, cuando hablamos de inmigración lo hacemos en medio de un ir y venir de números y hechos poco contextualizados: “300 inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla”, “Más de 17.000 inmigrantes intentan entrar por Ceuta y Melilla este año”, “Inmigrantes apedrean a los agentes de la valla de Melilla en un nuevo asalto“. Pero hay mucho más de lo que hablar, bastante más. Hay que hablar de las devoluciones en caliente. Consisten en “agilizar” la devolución a su país de origen de los inmigrantes que intentan saltar la valla, aún cuando éstos han solicitado el derecho de asilo (recogido en la Carta Internacional de Derechos Humanos).
Ésta es una práctica habitual en la frontera de Ceuta y Melilla que separa Marruecos de España, donde el método que todos hemos podido ver han sido brutales palizas propinadas por gendarmes marroquíes… en territorio español -y ante la presencia de la Guardia Civil española-. Organizaciones e instituciones como Amnistía Internacional, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) o la propia ONU han denunciado esta práctica, llegando incluso a condenar a España, en el caso del TDHE, por violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
A pesar de estar prohibidas por la Ley española de Extranjería, las devoluciones en caliente son una realidad del día a día y, según los planes del gobierno español, podrían llegar a estar amparadas por la ley. Ya abordamos el tema una vez aquí, con motivo del primer aniversario de la tragedia de Lampedusa, y ahora volvemos a hacerlo de la mano de PEIO AIERBE, coordinador del Centro de Estudio y Documentación sobre racismo y xenofobia Mugak.
Estamos viendo palizas y agresiones a los inmigrantes subsaharianos en la frontera, incluso en territorio español. ¿Es cosa de ahora o estamos ante una práctica habitual de las autoridades de Marruecos?
P.A. El maltrato hacia las personas que tratan de saltar la valla en Ceuta y Melilla es, por desgracia, habitual por parte de las fuerzas policiales marroquíes. El punto álgido de esta política represiva quedó simbolizada, hace ya diez años, cuando en septiembre de 2005 cinco inmigrantes murieron por disparos y un centenar resultaron heridos cuando intentaban saltar la valla. Los gobiernos español y marroquí se acusaron mutuamente de ser los autores de los disparos, pero ambos colaboraron para que no llegara a realizarse una investigación que aclarara las responsabilidades. En la actualidad, la novedad viene de la estrecha colaboración entre ambas administraciones en la represión de estas personas, lo que se ha visualizado en la entrada de gendarmes marroquíes a territorio español para llevarse a inmigrantes que habían logrado superar la valla. Esta entrada, violando lo que se reclama como soberanía española, hubiera levantado en el pasado fuertes críticas en sectores militares y conservadores. En cambio, hoy en día, todo vale contra lo que se ha construido política y mediáticamente como una amenaza.
Diversas organizaciones como Médicos Sin Fronteras han denunciado el maltrato de Marruecos hacia los inmigrantes. ¿En qué consisten estos abusos? ¿Hay diferencias en el trato según el género o la edad?
P.A. Está muy documentada la represión ejercida por las fuerzas de seguridad marroquíes contra los inmigrantes. Desde un hostigamiento en los montes cercanos a Ceuta y Melilla, donde esperan en tanto se organizan para poder realizar los saltos, hasta los apaleamientos más brutales a quienes lo intentan, tanto antes de los saltos como una vez detenidos en el intento, ya sea por los gendarmes marroquíes o por la Guardia Civil. Estos apaleamientos han ocasionado numerosas muertes que, por lo general, son tapadas o que, cuando salen a la luz, no acarrean ninguna investigación. Buena parte de las personas detenidas en estos saltos o en las redadas que practican en los montes cercano, acaban siendo expulsadas y abandonadas en el desierto fronterizo con Argelia, en las proximidades de Oujda. Esta política se complementa con el hostigamiento a quienes se apilan, en condiciones de irregularidad, en ciudades como Tánger, que sufren además ataques de supuestos civiles en una ola de xenofobia que ha causado varias muertes en los últimos meses. Además hay que reseñar la extorsión que practican los gendarmes marroquíes para, a cambio de dinero, permitir a algunos migrantes bien sea lanzarse al mar en pequeñas embarcaciones, bien sea franquear los accesos por la valla.
El maltrato es generalizado, no en función del género o la edad. Pero éstos sí influyen en la modalidad represiva. En ese sentido quienes se llevan la peor parte son las mujeres, que sufren abusos de todo tipo, incluidas violaciones, y que se ven atrapadas, con frecuencia, en redes de trata que tienen, sin duda, su conexión con las fuerzas policiales.
¿Es más suave la actuación de las fuerzas de seguridad españolas con los inmigrantes?
P.A. Digamos que la actuación de la Guardia Civil se halla más expuesta al control que ejercen diversas asociaciones defensoras de Derechos Dumanos y a su difusión en los medios de comunicación españoles. De esa forma, su actuación no puede ser tan impune como la que se realiza desde el lado marroquí. Pero, aclarado eso, es obvio que la represión ejercida por la Guardia Civil es también atentatoria contra derechos básicos y fundamentales de la personas migrantes. La represión desencadenada en Ceuta, en febrero de este año, con disparos de pelotas de goma y botes de humo contra quienes trataban de alcanzar a nado la costa española y que dejó un saldo de 15 personas ahogadas es suficientemente expresiva. También hay numerosos testimonios gráficos de apaleamientos por parte de la Guardia Civil. Y las denuncias que efectúan varias de las personas, rechazadas en los últimos meses, apuntan a la Guardia Civil como presunta autora de varias de las muertes de personas posteriormente retiradas al lado marroquí por los gendarmes
Es esta locura de las llamadas “devoluciones en caliente” la que ha aumentado la sensación de impunidad en esa labor represiva. Hoy hay sendas investigaciones judiciales abiertas en Ceuta y Melilla a partir de acusaciones populares que buscan depurar responsabilidades y acabar con unas prácticas violatorias de derechos que infringen todo tipo de legislación española y comunitaria.
¿Está Marruecos chantajeando a España con la apertura de fronteras para que hagamos la vista gorda con sus violaciones de los Derechos Humanos?
P.A. Sí, claro. Pero su objetivo va más allá. Es evidente que las personas migrantes son moneda de cambio para obtener también ventajas en el terreno económico, tanto en la negociación de acuerdos comerciales con España como con la Unión Europea. El problema es que el gobierno español comparte la mirada de Marruecos y practica una política similar de cara a sacar provecho en su relación con la Unión Europea. España tiene un único registro cuando pone estas cuestiones sobre las diversas mesas negociadoras de la UE, a saber, obtener más fondos para las políticas policiales y militares de control de fronteras y realzar el pretendido papel estratégico de España en el control de la Frontera Sur, obteniendo réditos en las cotas de poder en organismos como Frontex o Eurosur.
Lo que debería hacer, en cualquier caso, el gobierno español es dejar en suspenso el acuerdo de devolución firmado con Marruecos y que entró en vigor el pasado año en tanto no haya por parte de Rabat una política de respeto de los Derechos Humanos acorde con los tratados internacionales. Pero es difícil pensar que algo así pueda ser tomado en consideración cuando es el propio gobierno español el que incumple las garantías que contiene dicho acuerdo y dadas las excelentes relaciones existentes entre ambos gobiernos y entre ambos palacios reales.
Para la Unión Europea es muy importante el control de la inmigración pero, ¿a cualquier precio? ¿Hace la UE la vista gorda con Marruecos?
P.A. La UE lo fía todo a una criminal política de contener, a toda costa, la llegada de solicitantes de asilo y de migrantes a sus fronteras. Esta política ha ocasionado, sólo en lo que llevamos de año, más de 2.000 personas ahogadas en el Mediterráneo. Son personas que, en su gran mayoría, entran dentro de los requisitos para poder solicitar asilo. Sin embargo, la UE financia y avala las políticas represivas de los gobiernos del arco mediterráneo, y más allá, para impedir la salida de dichas personas. El resultado es, entre otros, haber convertido el Mediterráneo en la mayor fosa común conocida. Pero ello no lleva a los dirigentes de la UE a cambiar sus políticas. Así las cosas, con Marruecos no sólo hace la vista gorda sino que, de hecho, alienta la continuidad de dichas prácticas represivas.
Campaña de Amnistía Internacional contra las devoluciones en caliente
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