Una orden de alejamiento sin el correcto seguimiento para que sea cumplida, casi no sirve de nada en República Dominicana, lo cual queda demostrado en numerosos feminicidios cometidos por hombres a quienes se les impuso la medida, tras denuncias previas de mujeres posteriormente asesinadas.
Geraldine Sanchez Baldera, la joven de 28 años de edad asesinada la mañana del viernes, había logrado que la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, emitiera un documento en que ordenaba a Martín Batista Ogando, de 38 años, a alejarse de ella y a someterse a un Centro Conductual para Hombres.
Tras estas ordenes que se emiten, los involucrados parece se pasean por las calles sin ninguna vigilancia que evite el incumplimiento y a su vez proteja a las víctimas que denuncian agresión.
Sánchez Baldera había dejado en orfandad un niño de dos años de edad, procreado con su verdugo Batista Ogando, quien la noche del viernes se entregó en el Palacio de la Policía, en el Distrito Nacional.
Ogando, horas antes de entregarse, había dejado en un centro comercial una yipeta de color blanco con la que se transportó a la empresa en que trabajaba Baldera, a quien quitó la vida de un disparo en la cabeza, en la parte frontal de la instalación, a la altura del sector Galá, calle Primaveral, esquina Gardenia.
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