En el momento actual, el debate sobre la sustitución del régimen monárquico por una forma de gobierno más democrática y moderna como es la república no se encuentra entre las prioridades de la opinión pública. Pero, más allá de las manifestaciones puntuales ondeando la bandera tricolor, no estaría de más que los republicanos convencidos defendieran, en el día a día de la acción política, los valores del republicanismo.
La jornada del 14 de abril de 2016, aniversario de la proclamación de la II República española, ha transcurrido sin pena ni gloria. El profesor de historia Julián Casanova, resume la situación:
"Hoy no hay posibilidad ni escenarios para proponer la República" .
República es la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento, para un periodo determinado. En principio, la república parece la forma de Estado más natural, justa y participativa, más actual y sin hipotecas dinásticas ni religiosas. No obstante, no todos los Estados que ostentan el nombre de república son democráticos. Algunos, como es el caso de las repúblicas islámicas, adoptan este nombre para indicar que no son monarquías, pero la máxima autoridad no es elegida por el pueblo, sino nombrada por consejos de notables, a menudo oligárquicos e incluso familiares.
La experiencia demuestra que las repúblicas liberales no aseguran que las leyes tengan como guía la promoción y preservación de los tres componentes que debieran presidir toda comunidad cívica decente: la libertad, la igualdad y la fraternidad.
El republicanismo es una doctrina política emergente que enfatiza la noción de que la soberanía de un cuerpo político, formado por ciudadanos libres, corresponde, por encima de todo, al imperio de la ley. Y que la ley sólo es legítima si garantiza la libertad, la igualdad y la fraternidad. El republicanismo va más allá de la simple defensa de las formas republicanas en el gobierno del Estado y es, según explica Ramón Soriano en Democracia vergonzante y ciudadanos de perfil: "una concepción insurgente frente al liberalismo y al comunitarismo, comportando un rearme de la sociedad civil como colectivo de ciudadanos activos sensibilizados y preocupados por los asuntos públicos. [...] El ciudadano liberal se defiende y autoprotege. El ciudadano comunitarista se integra en una comunidad cuyos valores comparte. El ciudadano republicano participa en la sociedad que construye activamente, desplegando una virtud cívica".
En la concepción republicana de la libertad, la ausencia de opresión y dominación desempeña una función crucial. La libertad entendida como no-dominación es la gran diferencia de esta filosofía política respecto a cualquier variante de liberalismo.
Antoni Doménech precisa que: "Para el republicanismo, y particularmente para el democrático, el mal supremo es la dominación por otro, y dominación - douleia, potestas, o como quiera que se le haya llamado- se opone directamente a libertad - eleuthería, libertas- en el siguiente preciso sentido: quien domina a otro tiene capacidad, tiene potencial para interferir arbitrariamente en sus decisiones; que haga un uso mayor o menor de esa capacidad -que sea un amo más o menos riguroso, que sea benevolente o cruel- no quita en nada a su dominación. Esencial para la dominación es que el dominado esté 'a la discreción de otro'...".
El trabajo por cuenta ajena, es decir, el empleo, se desarrolla en un marco de juego que permite una perfecta situación de dominio y, por tanto, una indeseable situación para los defensores de la libertad. Debería sorprender que el discurso liberal, que arremete implacable contra la menor injerencia en la autonomía del individuo, pase por alto la evidente dominación que ejerce un empleador sobre un empleado sobre el que tiene plena disposición de tiempo y actividad durante el horario laboral. Tan pronto se entra en el taller o en la oficina, el ciudadano pierde hasta los derechos democráticos formales. Si quiere votar, podrá hacerlo en su tiempo libre; en domingo, que es el día en que se convocan comicios para elegir representantes parlamentarios, pero en el lugar de trabajo las decisiones no están sujetas a ningún tipo de debate. El empleado debe hacer lo que se mande, sin protestar. Una objeción a una orden puede suponerle el despido.
Bajo una dictadura, nadie se sorprende por las arbitrariedades cometidas por las autoridades que ostentan el poder, pues la injusticia forma parte de la vida cotidiana. De una manera similar, en lo que se refiere al trabajo, las clases dominantes se las han arreglado para que la desigual relación que existe entre patrones y trabajadores no sea cuestionada, sea cual sea la circunstancia histórica. Pues, si el patrón es el propietario de los medios de producción, la patronal es la propietaria del empleo global en un país. Si no existe un freno legal, es la patronal la que ostenta el poder de decidir cuando, cómo, dónde y en qué condiciones se proporciona o se niega empleo a cada individuo. Luego hay una clara situación de dominio.
P or el contrario, l a no-dominación es la posición de la que disfruta una persona cuando vive en presencia de otras personas y, en virtud de un diseño social, ninguna de ellas la domina. Como señala Philip Pettit, teórico del republicanismo: "si un estado republicano está comprometido con el progreso de la causa de la libertad como no-dominación entre sus ciudadanos, no puede por menos que adoptar una política que promueva la independencia socioeconómica".
Dado que sin independencia socioeconómica las posibilidades de disfrutar de la libertad como no dominación se ven menguadas, para buena parte de la ciudadanía la instauración de un ingreso garantizado supondría una autonomía personal mucho mayor que la actual. En este sentido, la propuesta de la Renta Básica Universal (RBU) ofrece bastantes puntos de encuentro con el republicanismo y su teoría normativa de la libertad, abriendo una puerta en esos callejones sin salida a los que conduce en la vida real de las personas la concepción liberal negativa de la libertad.
La defensa de la RBU desde una perspectiva republicana coincide en esencia con la posición que, ya en 1955, sostenía Erich Fromm: "El campo de la libertad personal se ampliaría enormemente con esta ley [del ingreso garantizado; una persona que es económicamente dependiente (de un padre, de un esposo, de un jefe) ya no se vería obligada a someterse a la extorsión del hambre; las personas talentosas que deseen prepararse para una vida diferente podrán hacer esto, siempre que deseen realizar el sacrificio de vivir en la pobreza durante algún tiempo. Los modernos estados benefactores ¡'casi' han aceptado este principio, pero no en la realidad. La burocracia aún 'administra' a la gente, aún la domina y la humilla; pero el ingreso garantizado no requeriría ninguna prueba de necesidad por parte de una persona para obtener un techo sencillo y un mínimo de alimentos. Por esto no se necesitaría una burocracia (con su inherente desperdicio y sus violaciones a la dignidad humana) para administrar un programa de seguridad social. El ingreso anual garantizado aseguraría una libertad y una independencia reales".