Ante el proceso separatista catalán impulsado por la Generalidad, el gobierno de España tenía tres opciones, y ha elegido la peor.
La primera era aplicar con contundencia y sin complejos la ley, dejando meridianamente claro que cualquier ilegalidad sería impedida, en caso necesario, con la intervención de las fuerzas policiales, y que los responsables políticos serían llevados a juicio, sin descartar en absoluto una suspensión de la autonomía.
La segunda opción era la solución escocesa: pactar con los separatistas un referéndum, con un texto de la pregunta sin circunloquios (por ejemplo: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España? -sí o no) y unas garantías de control legal de la votación y el escrutinio. Este referéndum, en caso de obtener la victoria el sí, sólo justificaría que se iniciara un proceso de reforma constitucional, que implicaría a su vez un referéndum en toda España. No implicaría automáticamente la secesión, pues una mayoría de españoles probablemente se opondría a ella. Y si venciera el no en Cataluña, los separatistas cosecharían una derrota momentáneamente inapelable.
La segunda opción es peor que la primera, porque sólo aplaza la solución del conflicto provocado por los nacionalistas. Si estos pierden el referéndum, lo único que sucederá es que se pondrán a trabajar para convocar otro al cabo de pocos años, y así sucesivamente hasta obtener lo que desean. Y en cuanto ganaran, difícilmente iban a aguardar el resultado incierto de un proceso de reforma constitucional.
La clave se halla en si estamos dispuestos a ser fieles no sólo a la letra de la Constitución, sino también a su espíritu, que se muestra inequívoco en el artículo 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española..." Es decir, la unidad de España es un bien previo a la propia Constitución (como lo son los derechos humanos), y aunque el texto legal permita la reforma del propio artículo 2, es evidente que ello desfiguraría de manera irremediable su significado.
Con todo, hay una opción aún peor que la segunda, que es aquella por la cual se ha decantado a todas luces Mariano Rajoy Brey. Esta consiste en permitir que se consume un referéndum ilegal en Cataluña, se llame referéndum, consulta, proceso de participación o como se quiera. Artur Mas ha hecho caso omiso de la suspensión de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional, con el subterfugio de que su celebración queda en manos de la sociedad civil. Pero esto es falso. Estoy escribiendo estas líneas entre las diez y las once de la mañana del 9 de noviembre. He estado hace apenas una hora en un instituto de secundaria (un edificio público obviamente dependiente de la Generalitat) cercano a mi domicilio, donde he podido comprobar que hay urnas, papeletas y gente votando. El gobierno autonómico mantiene su página web participa2014.cat, donde se encuentran intrucciones para votar, y donde uno puede incluso imprimir papeletas en blanco o con la respuesta deseada. Es decir, la Generalidad no se ha limitado a delegar la organización en ciudadanos particulares (bien es verdad que generosamente subvencionados, por lo que de particulares tienen poco), sino que está desobedeciendo activamente y con total descaro, al Tribunal Constitucional, ante la mirada impasible del gobierno de España.
Imagino que la estrategia de Rajoy es la de actuar sólo cuando la Generalidad inicie el proceso de separación, y no para impedir su mera antesala, que es el referéndum, lo que redundaría en una imagen muy negativa del gobierno central, "impidiendo que la gente ejerza su pacífico derecho a votar", como lo presentarían los nacionalistas y su legión de tontos útiles. Pero tal estrategia es un error, porque una vez celebrado el referéndum (que por supuesto ganarán los separatistas abrumadoramente, porque prácticamente serán los únicos en acudir a votar) cualquier actuación policial para impedir que se ponga en práctica el "mandato del pueblo" (así o de forma similar lo expresarán) será potencialmente más conflictiva que simplemente impedir que se abran unos colegios electorales.
El momento más oportuno para aplicar la ley es siempre antes que después, dejando a la discrecionalidad técnica de los agentes del orden el empleo de unas medidas de fuerza u otras, de manera que se reduzcan la máximo los daños.
Si en los próximos días, semanas o meses tenemos un conflicto serio en Cataluña, los principales culpables serán Artur Mas y Oriol Junqueras, pero en segundo lugar lo será también Rajoy, por su estólida inacción. Es obligación del gobierno tanto cumplir la ley como hacer cumplirla -y en mi opinión, esto último es la única justificación de su existencia. El gobierno del Partido Popular no está ejerciendo su función primordial. Aunque sólo fuera por esto, habría perdido toda credibilidad, si es que le queda alguna. Espero que en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales reciba un contundente castigo, aunque lamentaré vivamente que este sea capitalizado por el populismo bolivariano. De esto también tendrá una gran parte de culpa Mariano Rajoy Brey.