Esta norma permitirá a más de mil trabajadores del sector integrarse en el régimen general de la Seguridad Social, una nueva situación que mejorará sus condiciones laborales y retributivas dándoles derecho, además, a la prestación por enfermedad, aunque no todavía a la de desempleo. El dato de empleadas del hogar se extrae de los datos de la Seguridad Social que contabiliza en toda la región un total de 7.478 personas trabajando en este sector. No obstante, existen muchas más dentro del mercado de economía sumergida paralelo al laboral.
Desde el sindicato UGT en Guadalajara la medida ha sido recibida con los brazos abiertos y con una gran satisfacción por haber conseguido algo por lo "que llevamos luchando tanto tiempo", en palabras de David Pinillos, secretario provincial del sindicato.
"Es una reivindicación histórica, por parte del colectivo y de los sindicatos", recuerda. Este "logro social" conlleva, a juicio de Pinillos, que se luche contra el fraude fiscal. "Se habla mucho de eso, pero no se ponen los medios para evitar el fraude a la Seguridad Social y esta es una solución para paliar parte de esos defectos". El beneficio no se queda solo para los trabajadores del sector, la mayoría mujeres, sino para toda la sociedad en su conjunto. Pinillos lo explica aludiendo a que "cuando uno tributa no solo se está garantizando su propio futuro, sino también está sosteniendo solidariamente la sociedad en la que vive. Tenemos la tendencia a hablar de gratuidad de Servicios Sociales, de Educación... pero no hay nada gratis, lo que pasa que algunos se sustentan de forma solidaria por parte de todos a raíz de los impuestos que pagamos y es lo que hace posible que exista esa viabilidad y no haya un copago".
En el sindicato no cuentan con las cifras de trabajadores que pudieran dedicarse a las labores domésticas y que no estén cotizando; de saberlo "nuestra primera obligación es ir a la Inspección de Trabajo y poner la denuncia pertinente", como reconoce Pinillos. Sin embargo, sí que avalará la idea de que este colectivo se "legalice" al máximo y para eso exigirán "una corresponsabilidad, tanto del que contrata como del contratado". Por ello, cuando el colectivo aumente estarán pendientes de los cambios y las situaciones que se puedan dar. Pinillos recuerda que no hace muchos ańos "en Sigüenza se llegó a dar el caso que llevaba a tener un contrato de esclavo dentro del ámbito de las labores del hogar". Para "corregir" y ayudar en lo posible, el sindicato prestará su colaboración al sector.
Con todo, Pinillos no es muy optimista con que a partir de ahora el sector crezca de una manera exponencial puesto que, precisamente con la crisis, muchas familias o particulares han prescindido de este tipo de trabajos para ahorrar un dinero. “Ante la precariedad económica en los domicilios, uno tiene tendencia a ahorrar y en esa economía de guerra se suprimen este tipo de contratos y uno se empieza a hacer cargo de sus mayores sacándoles de las residencias porque se ha quedado en paro y puede atenderlo”, ejemplifica el secretario de UGT en Guadalajara.
Las principales novedades derivadas de la integración desde el pasado 1 de enero de 2012 del régimen de empleados de hogar en el régimen general de la Seguridad Social se refieren básicamente a la cotización, que se fija en función de las retribuciones percibidas en lugar de por el número de horas trabajadas en las casas. Se establecen quince tramos de cotización a la Seguridad Social en función de la retribución, y se irán actualizando durante un periodo transitorio hasta 2019, cuando la base de cotización será la misma que cualquier trabajador del régimen general.
Así, en el ańo 2012 el empleador va a pagar de Seguridad Social el 22 por ciento de la base de cotización, pero va a ir subiendo de forma progresiva hasta 2019 para llegar al 28,3 por ciento, que es igual que en el régimen general. Los trabajadores se verán beneficiados así a la hora de tener luego derecho a unas prestaciones mayores. En cuanto al salario, se garantiza que cuando exista una retribución en especie, ésta no podrá superar el 30 por ciento de las percepciones salariales, límite que actualmente estaba en el 45 por ciento.
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