Al menos la mitad de las mujeres que trabajan como empleadas del hogar en la región lo hacen en situación irregular, ya que no están dadas de alta en la Seguridad Social. Los últimos datos oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración reflejan que a 30 de octubre estaban cotizando 2.385 personas como trabajadoras del hogar (1.267 en la provincia de Badajoz y 1.118 en la de Cáceres) y que la mitad de ellas son extranjeras (1.136). Sin embargo, sin cifras fiables sobre el fraude en el sector, desde los sindicatos sitúan que el dato de empleo sumergido es, como mínimo, del 40%. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las empleadas del hogar a partir del 1 de enero del 2012 y que les garantizará, entre otros derechos, el pago en metálico de un salario igual al salario mínimo interprofesional (SMI) en cómputo anual --de 8.979,60 euros este ańo--, con dos pagas extraordinarias al ańo.
Rafael Cańete, vicesecretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Extremadura, seńala que el real decreto 1424/85, que ha regulado hasta ahora el trabajo doméstico, ha condicionado que el empleo en el hogar "responda más al concepto de servilismo pre capitalista que al concepto de trabajo en una sociedad democrática". Según explica, la trabajadora doméstica no puede acceder a una hipoteca o a un préstamo porque no podía demostrar de manera documental su relación laboral, "cosa que dependía de la buena voluntad de sus contratadores", pudiendo descontar hasta un 45% de su sueldo (el SMI) por manutención y alojamiento.
Con esta nueva normativa, toda esta situación irregular puede salir a flote, comenta Cańete. La reforma, aclara, obliga al empleador a dar de alta y cotizar por la trabajadora desde la primera hora de trabajo, pero matiza que, ante la Inspección de Trabajo en el sector, "no se puede olvidar que el centro de trabajo de una empleada de hogar es un domicilio familiar", lo que requiere unos permisos especiales.
En todo caso, desde la Federación de Servicios Públicos de UGT se congratulan por este paso dado con el establecimiento de una nueva normativa que regule "una injusticia social intolerable" hasta el momento, aunque quedan pendientes cuestiones trascendentales, a su juicio, como el derecho a una prestación por desempleo entre otras, y que "se deben abordar sin demora".
El pasado ańo, la Junta puso en marcha un programa para empleadas del hogar fijas, destinado a los empleadores que tengan contratada empleada de hogar a tiempo completo que estuvieran cotizando por la misma en el régimen especial de empleados de hogar de la seguridad social al presentar la solicitud. La cuantía de la ayuda fijada era de 400 a 1.300 euros. Además, habilitó otro para empleadas de hogar por cuenta propia, para aquellas personas que presten sus servicios a uno o varios cabezas de familia con carácter parcial o discontinuo y que estuvieran cotizando con anterioridad a la fecha de la solicitud.