Es más, si tan ilegal era la convocatoria, sostiene Mas, el Constitucional debería haberle advertido doscientas cuarenta y cinco veces de que no siguiera adelante con los faroles. Y si con eso no hubiera bastado, el alto tribunal tendría que haberle apercibido a continuación un mínimo de quienientas ochenta y seis veces de que estaba jugando con fuego y podría terminar sentado en el banquillo de los acusados por prevaricación y desobediencia. Pero como el Constitucional se limitó a enviar una simple providencia anulando la consulta él no consideró que con aquello fuera suficiente y dejó hacer a los “voluntarios”, eso sí, asumiendo él toda la responsabilidad como corresponde a un líder tocado por la Provindencia y con una misión histórica que encarnar.
Sencillamente, nada de lo que ha aducido hoy Mas en su defensa cuela ya a estas alturas y ni siquiera vale la pena rebatir las excusas de alguien que pretende ahora hacerse pasar por víctima de su propia insensatez política. Si de alguien o de algo es víctima el ex presidente catalán no es en ningún caso de la Constitución de un estado democrático a la que, como máximo responsable político de una comunidad que forma parte del mismo, debía absoluto respeto. Si quiere culpar a alguien puede empezar por él mismo y su irresponsable deriva hacia ninguna parte en la que, presa de sus intereses políticos personales, ha embarcado con mentiras, medias verdades e ilegalidades a una parte considerable de la sociedad catalana. Él y quienes como él consideran que la legalidad democrática es un molesto estorbo que hay que saltarse para imponer tus ideas incluso a quienes no las comparten, son los responsables, que no las víctimas, de esta situación.
Ahora bien, el juicio contra Mas que ha empezado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es también la constatación más evidente del fracaso de la política entendida como el arte del diálogo y el acuerdo incluso a partir de posiciones diametralmente opuestas. Zapatero la pifió prometiendo a los nacionalistas catalanes que el Congreso aprobaría la reforma estatutaria que enviara el Parlament, algo que luego no cumplió porque la reforma fue reformada en Madrid.Después la pifió el PP recurriéndolo ante el Constitucional y éste la pifió a su vez afeitándolo de tal modo que lo dejó materialmente irreconocible en una sentencia que caldeó aún más los ánimos nacionalistas. Así, cuestiones que debieron haberse resuelto por la vía política se judicializaron y de aquellos lodos vienen estos fangos. Después llegó el PP a La Moncloa y Rajoy consideró – y sigue considerando – como única alternativa al problema catalán la vía judicial antes que la política. Y así seguimos, sin salida a la vista y con más de lo mismo.