El 27 de septiembre, el presidente catalán, Artur Mas, firmaba el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre. Antes de la firma se leyeron los puntos que contiene, entre ellos las dos preguntas que se formularán a aquellos que participen del 9-N con la finalidad de que la Generalitat, con “conocimiento de causa, pueda ejercer las iniciativas legales, políticas e institucionales que le corresponda”. Para Artur Mas, este decreto se convoca “bajo el amparo de la ley de consultas, con respeto a los marcos legales”. Asegura que “Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada, quiere votar”. Sostiene que el proceso soberanista se basa en “amplias mayorías sociales, consenso político, búsqueda constante del diálogo y respeto a los marcos legales”. Insiste en reclamar al Gobierno central dirigido por Rajoy que haga lo posible por permitir la consulta, ygarantiza que está abierto a pactar “hasta el último momento” las condiciones para hacer posible el 9 de noviembre, pero advierte que “no podemos caer en la trampa del inmovilismo vestido de una presunta legalidad”. Mas zanja su discurso con una intervención en castellano y en inglés para defender que su intención es que el proceso se haga desde el diálogo y la paz. Dice que se trata de una ley que regula las “consultas populares no referendarias”, que “pueden promoverse por iniciativa institucional o por iniciativa ciudadana”. La finalidad de las consultas convocadas bajo el amparo de esta ley es “conocer la opinión de la población sobre la cuestión sometida a consulta y su resultado no tiene carácter vinculante. Sin embargo, los poderes públicos que las han convocado deben pronunciarse sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta, en el plazo de dos meses a partir de su celebración”. El Govern prevé que la consulta cueste unos 9 millones de euros, aunque la cifra acabará siendo superior porque no se incluye el IVA en algunas de las partidas; además, el decreto deja claro que todas las cifras presupuestadas son “una estimación y que, por tanto, pueden variar al alza o a la baja”. El TC deberá decidir cuándo convoca un pleno extraordinario para debatir el recurso, ya que no hay ningún pleno ordinario la próxima semana Una vez rubricado el decreto de convocatoria de la consulta, el Gobierno central ya ha puesto en marcha la maquinaria para frenar esta convocatoria. Se espera una reunión rápida y que el pleno admita el recurso, lo que paralizará de inmediato la convocatoria de consulta, con todos sus efectos, al menos durante un periodo de cinco meses.
Mas reunió a sus más cercanos asesores para hacer oficial el siguiente paso a tomar por parte del Govern después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta. Mas espera que cumpla con la legalidad y no entre en un campo de absoluto limbo, ya que, según él, no se había dado un caso semejante por parte de una comunidad autónoma desde la llegada de la democracia. Pide al Constitucional que sea una corte “de todos” y nosolo del Gobierno. Pero el EFC, sus socios del Govern, presentan la campaña para la consulta, advirtiendo de que la mantendrán pese a la decisión del Tribunal Constitucional. Por su parte, Mas se limita a cuestionar la velocidad “supersónica” con la que actuó el TC. Para él, la consulta sobre la independencia de Cataluña no puede ser tildada de ilegal porque no es un referéndum encubierto. Y cuestiona el papel del presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, recordando que el Parlament ha pedido su recusación por dos motivos: su “larga militancia en el PP” y haber manifestado animadversión hacia asuntos vinculados con Cataluña y su autogobierno. Mas niega que la consulta del 9-N sea un referéndum encubierto y reivindica la potestad de la Generalitat de proponer cambios normativos sin límites, así como la necesidad de que el Gobierno central “escuche la voluntad popular antes de tomar cualquier iniciativa institucional, política y legal”. Y le invita a que pregunte a los catalanes si consideran que no se puede hacer como se plantea desde la Generalitat, aunque lamenta que tampoco aceptase esta posibilidad. “Ni preguntan –aseveran– ni dejan preguntar. Probablemente lo que temen es la respuesta. Les da miedo la respuesta, cuando lo que debería darles miedo es que no pueda haber respuesta”. Artur Mas asegura cumplir su palabra, los compromisos adquiridos con sus socios y las promesas del programa electoral. A partir de ahora, dice, y para no caer en ilegalidades, será la “sociedad civil” quien tome la iniciativa, porque el proceso y la transición nacional no se paran. La calle hervirá las próximas semanas. Cierto que el Gobierno catalán seguirá manteniendo la alerta “por si en cualquier momento se produce un fallo y se permite seguir con el proceso de la consulta, ya que consideramos que tanto la Ley de Consultas como el decreto de convocatoria son plenamente constitucionales y por ello levantará la suspensión”.
El Tribunal Constitucional aplicó por la vía rápida el derecho del Estado a su legítima defensa. Por unanimidad de sus doce magistrados y a bote pronto, el lunes pasado daba el alto en nombre de la ley al intento de reventar el principio de soberanía nacional única e indivisible. La impugnación, decidida en la mañana y presentada por la tarde, produjo la inmediata suspensión de la ley catalana y sus efectos jurídicos durante un periodo máximo de cinco meses. Dentro de ese plazo el TC ha de levantar o ratificar la suspensión. Mientras no ocurra lo uno o lo otro, tachar de “ilegal” o “inconstitucional” la ley de consultas aprobada por el Parlament, o la convocatoria del referéndum firmada por Mas, “entra en el ámbito de la libertad de expresión de “pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.El Tribunal Constitucional ya tiene dicho que es legítimo defender el derecho a decidir pero es ilegal ejercerlo en cuestiones que afectan a la soberanía nacional (marzo de 2014). Y los magistrados decidirán sobre el fondo de la cuestión: ¿es legal preguntar sólo a los catalanes sobre un asunto que afecta a todos los españoles?Las alusiones a la legalidad de las decisiones impugnadas serán “legales” hasta que el Alto Tribunal diga lo contrario. Pero ¿cuándo sucederá esto? Todos desean que su fallo se conozca antes del día elegido para la consulta: el 9 de noviembre.
El mismo lunes, 29 de septiembre, tras la primeras palabras del TC, Artur Mas da un paso atrás y pasa el relevo a la ‘sociedad civil’ para que agite la calle. Y el Gobierno español teme la incontrolable presión de la calle, agitada por la Generalitat hasta la fecha mismo de la consulta. El Gobierno catalán cumplía los compromisos adquiridos con sus socios y las promesas del programa electoral. “Nadie nos podrá reprochar nunca que no cumplimos nuestra palabra”, confiesa a El Confidencial un alto dirigente convergente que prefiere guardar el anonimato. A partir de ahora, y para no caer en ilegalidades, es la “sociedad civil” quien toma la iniciativa, porque el proceso y la transición nacional no se paran. Cierto que el Gobierno catalán seguirá manteniendo la alerta “por si, en cualquier momento, se produce un fallo y se permite seguir con el proceso de la consulta, ya que consideramos que tanto la Leyde Consultas como el decreto de convocatoria son plenamente constitucionales y por ello levantará la suspensión”. Pero la punta de lanza del desafío se traslada a otros actores. Serán los partidos políticos que apoyan el referéndum (CiU, ERC, ICV y la CUP), juntamente con las organizaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, quienes tomen el relevo para inundar las calles de la “marea amarilla”.Y los soberanistas anuncian para la tarde del martes concentraciones en las plazas mayores de los pueblos de Cataluña para protestar contra la suspensión del proceso por parte del Constitucional.La secretaria general de Esquerra y el secretario general adjunto, Marta Roviray Lluís Salvadó respectivamente, se adelantan a los acontecimientos, previendo la respuesta del TC, y presentan su campaña Vull ser lliure, vull un nou país (Quiero ser libre, quiero un nuevo país). “Es nuestra respuesta a las acciones de prohibición del Estado”, justifics Salvadó. “Ante la prohibición, apelaremos a la libertad. Ante la intolerancia, normalidad democrática. Ante el estado de excepción, campaña y debate de ideas”, añade. Marta Rovira, por su parte, anuncia que los republicanos no se quedarán con los brazos cruzados. “Ahora es cuando empieza verdaderamente la guerracontra España. Si hemos de escoger entre obedecer el mandato democrático de la ciudadanía de Cataluña o bien, obedecer una sentencia del Tribunal Constitucional o un proyecto sin contenido, que nadie tenga ninguna duda de que obedeceremos el mandato democrático de los catalanes y daremos una oportunidad a este mandato”. Lo dice un partido que obtuvo 496.000 votos, que evidentemente se han de sumar a los 1.112.000 de CiU, los 358.000 de ICV y los 126.000 de la CUP. Entotal, pues, 2.092.000 votos sobre 5.257.000 ciudadanos con derecho a voto.
Para líder de ICV, Joan Herrera, el gran derrotado por el referéndum sobre la independencia de Escocia es el presidente Mariano Rajoy.
En este marco, no ha de pasar desapercibida la huida por el foro de ICV (Iniciativa per Catalunya Verds), partido político ecologista español de ámbito catalán, el gran ausente en la protocolaria firma del decreto de A. Mas, en el Palau de la Generalitat. Su líder, Joan Herrera, no tuvo más remedio que ceder y admitir que los ecosocialistas apoyarán el referéndum y que votarán sí a la primera pregunta (¿Quiere que Cataluña sea un Estado?) y dejarán libertad de voto en la segunda (De ser así, ¿quiere que sea un Estado independiente?). Las tensiones afloraron en ICV, puesto que un porcentaje nada desdeñable de su militancia está en contra de la independencia. ICV no hará campaña con el resto del bloque, ante la amenaza de ruptura de esta formación. Los partidos favorables al referéndum (CiU, ERC, ICV y CUP) pactan el nombre de los 7 integrantes de la Comisión de Control del 9-N, formada por los politólogos Mercè Barceló, Joaquim Brugué, Alfons González, Miquel Martin, Marc Marsal, Jordi Matas y Benet Salellas. Todos ellos están políticamente vinculados a opciones independentistas. Queda en el aire la incógnita de si llegarán a reunirse, puesto que la suspensión del TC debería dejar también inhabilitado cualquier acto relacionado con la consulta, al menos por parte de la Administración. Dicha Comisión de Control hace las funciones de Junta Electoral. De todos modos, la Comisión ha de ser ratificada en el Parlamento y algunos grupos de la oposición consideraran que, con una ley en suspenso y un decreto igualmente no legalizado, la cámara legislativa no podrá tomar una determinación al respecto. Fuentes convergentes señalan que el Gobierno catalán "ha terminado ya su cometido". Y serán ahora los partidos y las asociaciones cívicas los que continúen con las movilizaciones en las calles. Pero los "populares" están decididos: "O paran de inmediato los preparativos de la consulta o se encontrarán con una querella por prevaricación, malversación de fondos y desacato". El secretario general de ICV, Josep Vendrell, califica de "vergonzosa" e "insólita" la reacción "inmediata" del Tribunal Constitucional contra la consulta del 9 de noviembre, y hace un llamamiento a la movilización para que los catalanes secunden los actos de protesta convocados. Vendrell denuncia la "urgencia" con la que se ha reunido el pleno del alto tribunal, algo que no ha sucedido nunca, según el dirigente ecosocialista, así como su "reacción inmediata" con su decisión de suspender cautelarmente la consulta. Insiste en que la decisión del Gobierno de recurrir tanto la ley de consultas como el decreto de convocatoria es un "grave error" y lamenta que haya pasado la pelota al tejado del Constitucional, "vulnerando las normas básicas".
Artur Mas critica la actitud del Ejecutivo y la velocidad del Tribunal Constitucional para frenar la consulta del 9-N. El alto tribunalsuspende la consulta por unanimidad en apenas hora y media cuando, en otras resoluciones, tarda meses o años. El presidente de la Generalitat señala que el presidente del Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, militó en el PP y recuerda que ha manifestado una “clara animadversión” con Catalunya. Pese a la decisión de suspender cautelarmente la consulta, el dirigente catalán manifiesta que tiene “esperanza” de que el conjunto de miembros del tribunal actúen como un árbitro “de todos”, cuando analicen el contenido del decreto y la ley de consultas. Mas subraya que la Generalitat está “preparada” para defender legalmente la consulta y seguir con los preparativos de la misma. Asimismo, denuncia que es de “Montesquieu en estado puro” que el Gobierno, antes de la decisión del TC, ya sentenciara que la consulta es “ilegal”. “Y –añade, indignado– se quedaron tan anchos”.Para el presidente catalán, el Gobierno actúa de forma “hostil” contra la mayoría en Catalunya al “obstaculizar la legalidad catalana” con sus recursos que, a su juicio, presentan porque “les da miedo” la respuesta que puedan dar las urnas el 9-N. “Estamos preparados para hacer posible lo que es necesario, y lo que es necesario es votar”. Y añade que el Gobierno lo que quiere es “hacerlo imposible, cuando lo que es necesario es resolver el reto democrático votando”. El presidente catalán realiza estas declaraciones durante su participación en la presentación, en el Palau de la Generalitat, del Libro Blanco de la Transición Nacionalde Catalunya, que, en cerca de 1.400 páginas, recoge los 18 informes del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) elaborados y presentados en los últimos meses.
El Tribunal Constitucional, que votara el lunes pasado suspender la consulta catalana, es uno de los más conservadores de la historia del tribunal. Presidido por un juez designado directamente por el PP, del que fue afiliado durante varios años, y con magistrados que pertenecen al Opus Dei y antiabortistas. El tribunal está integrado por doce juristas, de los cuales cuatro fueron elegidos por el Congreso, otros tantos por el Senado, dos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. Francisco Pérez de los Cobos (presidente) fue designado por el Senado a propuesta del PP. De hecho, al poco de comenzar su andadura, se reveló que había pagado la cuota de afiliado de los conservadores durante tres años. Además, a comienzos de este año Público.esreveló que figuraba como administrador de una consultora, pese a la incompatibilidad constitucional de su cargo con “cualquier actividad profesional y mercantil”. Sin embargo, pese a su presunta afinidad con el PP, fue el único de los jueces conservadores que rechazó el recurso del partido que preside Rajoy a la ley del matrimonio homosexual. Seis de sus magistrados con conservadores.
“La principal baza de Mas para llegar 'vivo' hasta el plebiscito y eludir los recursos jurídicos del Gobierno –escribe José Alejandro Vara en Vozpópuli– se basa en apelar a la movilización de los ciudadanos, a mantener activas las organizaciones que han secundado y hasta impulsado todo el proceso que arrancó en la Diada de hace tres años. Se trata de agitar la calle, de mantener viva la llama de la reclamación del derecho a votar, de no ceder ante la presión de los tribunales. Artur Mas ha llegado más lejos que nadie en su desafío secesionista al Estado. Ni siquiera Ibarretxeosó plantear en términos similares su propuesta de plebiscito. Por eso, el Gobierno catalán intentará mantener este ambiente reivindicativo todo el tiempo que sea posible. Tiene que justificar su apuesta y lo tiene que hacer con el respaldo de la población. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, las dos entidades que han agitado las inquietudes soberanistas en Cataluña, tienen todo dispuesto para responder a las medidas del Gobierno de Rajoy y de los tribunales. Movilizaciones, concentraciones, actos en municipios, centros laborales, educativos... el movimiento ciudadano ya está en marcha. Artur Mas alentó a estas organizaciones a que refuercen su ‘capacidad de resistencia’. Les dijo que ‘esto no funciona saliendo a la calle una vez al año. El futuro nos lo tenemos que ganar?. Se piensa en Moncloa que la estrategia de tensión permanente hasta la fecha misma del plebiscito es un arma cargada de peligros. El primero, que derive en conatos o intentos de desobediencia civil el día del plebiscito, tal y como se ha jaleado, en forma interminente, desde ERC y otras organizaciones secesionistas. Y también hay inquietud por lo que pueda pasar en el momento en que el Constitucional suspenda la convocatoria y, por lo tanto, anule la campaña institucional de la Generalitat. Artur Mas ha querido calentar tanto los ánimosque quizás le resulte difícil echar el freno y dar marcha atrás. La presión popular no va a ceder, sino todo lo contrario. Parece obvio que ni la ANC ni Omnium van a volver a casa. Y esto plantea un escenario que desde La Moncloa se adivina erizado de problemas, con riesgo de que en algún momento se escape el propio control de la Generalitat. Mas no parece convencido de que haya que llegar hasta el final, es decir, a llevar a cabo el plebiscito aún en contra de las disposiciones de los tribunales. Llenaría de descrédito internacional su proceso. Pero va a apurar los límites y los plazos. Y ni siquiera él sabe hasta qué punto será capaz de controlar la marea de la reivindicación”.
El miércoles, 1 de octubre, tras la suspensión cautelar de la consulta soberanista del 9-N en Cataluña por parte del Constitucional, el Govern decide suspender “temporalmente” su campaña institucional para no comprometer jurídicamente a los funcionarios y ciudadanos que estén involucrados en los preparativos. Mientras que los anuncios televisivos, radiofónicos y de prensa van desapareciendo, se mantiene abierto el acceso a la web (9nconsulta2014.cat), que contiene información sobre quién tiene derecho a votar en la consulta, los puntos de votación y las noticias sobre el proceso soberanista.
Sin embargo, se ha retirado de la web el vídeo del anuncio audiovisual y figura este mensaje en el portal: “Como consecuencia del acuerdo del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar y temporal la convocatoria de esta consulta, esta web no se actualiza”.El presidente de la Generalitat, Artur Mas, proclamaba el miércoles que el proceso soberanista del Govern sigue adelante pese a la suspensión cautelar de la convocatoria de la consulta del 9-N por parte del Tribunal Constitucional (TC). “No rectificaré –asegura el presidente en la sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Parlament–. En lo que dependa de mí, el proceso se acaba votando, y votando la pregunta acordada”. Y, dirigiéndose a Alicia Sánches Camacho (PP), le repite, ufano: “Ustedes no podrán impedir que los catalanes voten”. Marta Rovira, portavoz de ERC en el Parlament, le pide que prosigan los trámites y plazos de la consulta del 9-N y leadvierte que ERC no será “cómplice” de las decisiones del TC y tampoco desea que lo sea el Govern. Le advierte que suspender de forma cautelar y temporalmente la campaña institucional “perjudica el derecho a la información”. Según Francesc Homs, conseller de la Presidencia, las peticiones de suspensión “responden al interés partidista del PP y no al interés general”, y cuestiona “que respeten la Constitución y el Estatut. No es nuevo que el PP actúe al margen de las leyes, tiene el récord Guinness en esto”.
Mas 400 antidisturbios de la Policía Nacional se desplazan a Catalunya desde distintos puntos de España para reforzar la seguridad en los edificios del Estado “en caso de que se produzcan incidentes”. El Ministerio del Interior enmarca este envío dentro de la “normalidad”, un día después de las pacíficas protestas en los ayuntamientos catalanes, tras la suspensión de la consulta. Su misión es proteger edificios del Estado que “por el clima social y político” puedan ser objeto de protestas. Los envía el Ministerio del Interior. En principio, la misión de los miembros de las unidades de Intervención Policial (UIP) es preventiva, ya que la seguridad ciudadana en Catalunya es competencia exclusiva de su policía autonómica, los Mossos d'Esquadra. Interior asegura que estas fuerzas se destinarán a aumentar la seguridad en las fronteras. Otra de las razones que esgrimen es la puesta en marcha recientemente de un plan especial contra la delincuencia itinerante, en el que participan las fuerzas de seguridad del Estado.
El diario El Mundo informaba la semana pasada que El Principado de Liechtenstein había enviado una nota a las autoridades españolas en la que apuntaba la posible implicación de Artur Masen las actividades ilegales del clan de los Pujol. La nota remitida por la Unidadde Inteligencia Financiera del Principado fue recibida en España a principios de septiembre. Ya está en poder de la Fiscalía y de la Policía, y la Udef ha comenzado sus averiguaciones. El Principado advierte de que Mas podría estarrelacionado con “actividades ilegales” de los Pujol a través de Brantridge Establishment, sociedad creada en 2005 y disuelta en marzo de 2014. El diario aseguraba que, desde hace cinco años, los Pujol ya han movido más de 500 millones de euros fuera de España. Uno de estos primeros informes recibidos en España habría sido elaborado por la Financial Intelligence Unit del Principado de Liechtenstein, la unidad policial especializada en finanzas de aquel país. Liechtenstein apoya sus sospechas en 'datos públicos', de archivos, registros y bases de datos. Pero no presenta el informe como concluyente. En el mismo, los expertos de aquel país no hablan únicamente de Jordi Pujol sino que, además, apuntan a Artur Mas, el actual president de la Generalitat de Cataluña. Lo vinculan con esta sociedad y hablan de que podría estar relacionado con las actividades ilegales del clan de los Pujol. En la información detallan que esta sociedad de Liechtenstein fue cerrada cuando el incendio soberanista ya estaba en pleno apogeo y se multiplicaban las denuncias de corrupción sobre los Pujol y sobre CiU. Por su parte, Artur Mas concedió ese mismo día una entrevista a TV3. Preguntado directamente sobre si él estaba limpio de corrupción, contestó: “Limpio de corrupción creo que sí.Siempre me he comportado de una manera correcta; aunque, alguna vez, puedo haber tenido algún fallo”. Una respuesta, cuando menos, poco contundente. Se mostró a favor de esclarecer los casos de corrupción: “Estoy absolutamente de acuerdo en hacer limpieza”.Y, en una nueva entrevista en el programa El Objetivo de La Sexta, Ana Pastor le preguntó si había compartido negocios con su padre político: “Nunca he tenido vínculos con los negocios de la familia Pujol”, contestó Mas. También utilizó el “nunca” para responder a la cuestión de si había tenido cuentas en el extranjero, y concluyó diciendo: “Yo no sé si alguna vez he cometido alguna falta administrativa. Pero corrupción, no”.
El presidente de la Generalitat firmaba el pasado miércoles el decreto de nombramiento de los siete miembros de la comisión de control de las consultas (junta electoral) designados por el Parlament, pese a la suspensión cautelar de la ley de consultas decretada por el Tribunal Constitucional. Mas lo firmaba de acuerdo con el desarrollo de la ley de consultas, suspendida cautelarmente por TC, junto al decreto de convocatoria del referendo soberanista previsto para el 9 de noviembre. La comisión de control de las consultas es un órgano equivalente a una junta electoral pensado para supervisar este tipo de referendos que puedan ser convocadas y no únicamente el del 9-N. Está formada por siete juristas y politólogos. El pleno del Parlament, pese al rechazo de los partidos que no apoyan la consulta del 9-N (PPC, PSC y Ciutadans) que la consideraron un acto de desobediencia, designó a sus siete integrantes, que son los catedráticos o profesores de universidad Mercè Barceló, Joaquim Brugué, Alfons González, Miquel Martin y Jordi Matas, así como por los abogados Marc Marsal y Benet Salillas. Francesc Homs, conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, precisó que el decreto entraba en vigor al día siguiente con su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y subrayó que el Ejecutivo catalán está convencido “de que se puede hacer” sin contravenir la legislación vigente. Y, en una conversación con periodistas,explicó en el Parlament, que el Govern está estudiando cómo puede crear las comisiones de seguimiento territoriales que equivalen a las juntas electorales provinciales, sin que esto “afecte” o tenga repercusiones legales en los funcionarios que tienen que formar parte de las mismas.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las fuerzas favorables a la consulta soberanista del 9-N se reunieron el viernes para pactar una respuesta conjunta a la suspensión cautelar de la votación por parte del Tribunal Constitucional (TC). Así loacordó Mas que se reunió en el Parlament con los líderes de los partidos que apoyan la convocatoria: Oriol Junqueras (ERC), Joan Herrera (ICV-EUiA), Quim Arrufat (CUP) y Jordi Turull (CiU). Las reuniones del presidente con estos partidos han llegado después de una intensa jornada parlamentaria, en la que CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP apoyaron seguir con el despliegue de la Ley de Consultaspese a la suspensión del TC. Artur Mas y los líderes de los partidos que apoyan la consulta acordaron “mantenerse” en la defensa de la celebración de la misma y pidieron al TC que levante la suspensión del 9-N lo antes posible. La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. A la misma hora que Francesc Homs intervenía ante los medios, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba que el Ejecutivo iría al TC por el decreto de creación de la junta electoral catalana firmado por Artur Mas. Dijo la vicepresidenta que eso supone un claro “incumplimiento” de la suspensión de la consulta ordenada por el propio TC. Sáenz de Santamaría explicó que la Abogacía del Estado pedirá al Tribunal Constitucional que incluya en la suspensión que dictó sobre la ley de consultas el decreto firmado el jueves por el presidente de la Generalitat por el que se designaron los miembros de la comisión de control de consultas de Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno emplazó a Mas a manifestar si va a acatar la decisión del TC o si va a continuar en la línea del incumplimiento, como hizo con la firma “novedosa, sin precedentes” de ese decreto. “Los ciudadanos tienen derecho a saber que las resoluciones de los tribunales se cumplen y se respetan”, subrayó la vicepresidenta, quien indicó que, desde su autonomía, la Fiscalía también estará muy pendiente ante la posible comisión de algún delito. “Nadie puede diseñar la democracia a su medida, porque está diseñada a la medida de los derechos de los españoles”, declaró la vicepresidenta, quien se preguntaba qué autoridad tiene un gobernante para pedir el cumplimiento de las leyes si él mismo no las cumple.
“Es incomprensible–escribe Lluis Foix en La Vanguardia bajo el título “Ya ruedan los dados”, publicado el primero de octubre pasado– que el president de la Generalitat haya actuado con la astucia del que pretende engañar al adversario. Rajoy no ha tendido ninguna mano. Pero Mas ha actuado en espera de que el Estado diera por buena una iniciativa que esconde una trampa que consiste en proponer una consulta para pedir la opinión de los catalanes, cuando en realidad es un referéndum de independencia como interpretan todos los medios de comunicación internacionales… Está en marcha algo así como una guerra preventiva que en el caso de Rajoy se expresa en la sacralidad de la Constitución y en la visión de Mas se concreta en la voluntad de un pueblo que va a salir a la calle para refrendar a su Gobierno. Cuidado con la política que se hace en la calle porque es un sustituto que se puede convertir en populismo y neutralizar a quienes alentaron las aglomeraciones perfectamente organizadas. Y cuidado también con las guerras preventivas, que Bismarck calificaba como un suicidio por miedo a la muerte. Los dados han empezado a rodar y los escenarios inmediatos son impredecibles. No existe unidad política en Catalunya y sí que se da entre populares y socialistas en Madrid. No hay que olvidar que cuatro de los nueve miembros del Consell de Garanties Estatutàries votaron en contra de la ley de Consultas. Mas y Junqueras la han dado por válida sin tener en cuenta que emprender un trayecto hacia la independencia sin un consenso interno más sólido tiene sus riesgos. Como también es inseguro políticamente que se pueda organizar un referéndum en poco más de 40 días. Hay que proveer de la intendencia propia de un acontecimiento de estas características y, a la vez, garantizar un debate abierto y amplio sobre las consecuencias de una ruptura con España. Pasará lo que tenga que pasar, y el 9-N no acabará el mundo. Quizás es demasiado tarde pero antes de entrar en una refriega política de esta magnitud y antes de romper las vajillas artesanales de las casas respectivas, convendría agotar todas las posibilidades para hablar y buscar puntos de encuentro que eviten la catástrofe. Mas está acorralado, pero Rajoy no puede destruirlo políticamente sin antes intentar la penúltima ocasión para tender un puente y salir a su encuentro. El problema, siguiendo a Tuchman, es que los dos saben que no transitan por la senda adecuada y, sin embargo, siguen adelante pensando que saldrán victoriosos de sus envites. Se equivocan los dos”.
“¿Caminamos hacia el choque de trenes? –se pregunta Enric Sopena, director de Elplural.com– Probablemente, sí. El Tribunal Constitucional ha dado el mazazo esperado, que consiste en facilitarle la razón al Gobierno en sus recursos contra las consultas del 9 de noviembre próximo. Se oyen, mientras tanto, tambores todavía lejanos. Artur Mas trata de consolidarse a cualquier precio. Se ha vestido de David y se dispone, dice, a derrotar a Goliat, que es España. Oriol Junqueras sigue, impertérrito, apoyando la carta de la desobediencia civil. Va pasando el tiempo y la iniciativa soberanista se refuerza paulatinamente. El otro frente, el de los adversarios del separatismo, no avanza en absoluto con la solidez debida. El diálogo entre Rajoy y Mas se hundió antes de poner entre ambos un sainete de pésimo gusto, que así se proyecta y con fervor a la ciudadanía. Los partidarios de romper los vínculos de Cataluña con España han conseguido, tal vez, una creciente, e imparable victoria. El relato de la independencia (manipulado eso sí a raudales) es mucho más potente que la débil crónica de los españoles/catalanes y viceversa , desperdigados cada cual, más o menos. Es imposible, o casi, una coalición PSC, PP, Ciutadans y una muy vacilante ICV. Sólo puede, por consiguiente, modificar la situación catalana, hoy por hoy, que nos conduce a gran velocidad, y como país, al acantilado. Pero que sepa Rajoy que el futuro de España está en sus manos. Se cargó el Estatut y ahora se cargará la vía de la concordia. Es una desgracia monumental que España/Cataluña dependan de dos trileros, Artur Mas y Rajoy Brey”.
Este es el fotomontaje de quien fuera ministro de Justicia y, hasta ayer mismo, uno de los más fieles seguidores de Rajoy. Le siguen otros, como la mejor decisión y el consejo de Rajoy, Pujol y el dinero de Andorra o los monjes benedictinos de Monserrat también votaron. Protagonizando un gesto simbólico sin muchos precedentes, el grupo de monjes también se manifestó delante del monasterio con carteles de “Volem votar”. A finals del 2012, Hilari Raguer, monje benedictino de la comunidad montserratina,publicó el libro “Ser independentista no és cap pecat. L'Església i el nacionalisme català” (Claret).
Seguimos con los humoristas como Pat, Peridis, El Roto, Forges, Kap, A. López, Elchicotriste, M. Vergara, F. Da Col, M. Fontdevila, Asieryjavier, Fermartín, Ramón, J. R. Mora…
Y terminamos con el humor Pep Roig: Bordeando, Sólo con su prepotencia, ¿Todavía?, Entre separatistas y separadores, No saber, no contestar y Con la realidad por delante.