Es cierto que el PSOE lleva demasiado tiempo mareando la perdiz con una reforma constitucional que no termina de definir y es incierto que esa sea la solución aceptada por todos, aunque al menos es una propuesta en un desierto de ideas. Sin embargo, es mucho más cierto, como ha recordado hoy el propio Pedro Sánchez, que quien gobierna no es él sino Rajoy y por tanto es al presidente a quien le compete tomar la iniciativa política. Le va en el sueldo y en la responsabilidad de gobernar y, si no es capaz, tiene otra solución: dimitir o convocar elecciones. La respuesta de Rajoy también iba dirigida a Artur Mas, al que volvió a retar a cambiar la Constitución, aunque tengo para mí que a estas alturas al presidente catalán ese tipo de retos por un oído le entran y por el otro le salen. Sus claves políticas parecen ser otras bien distintas, atada como está su suerte a ERC y a la espera tal vez de que una presión irresistible sobre Madrid termine produciendo los frutos apetecidos antes de que se embarcara en la carrera soberanista.
En todo caso, la comparecencia de hoy del presidente español ante los medios no tiene tanto que ver con la conveniencia de pronunciarse sobre la situación en Cataluña como con las presiones de su partido por no haber detenido el “simulacro ilegal” del domingo. Eran ya atronadoras las voces en algunos sectores del PP que se preguntaban por qué Rajoy no hizo nada para impedir que los catalanes votaran. En eso, ya ven y sin que sirva de precedente, estoy con él: haber mandado a la policía a retirar las urnas probablemente habría generado muchos más problemas que los que habría resuelto.
Ahora bien, de ahí a que el Gobierno haya azuzado a la siempre obediente Fiscalía General del Estado para que empapele a Mas, a su vicepresidenta y a algunos consejeros catalanes más por haber convocado y organizado lo del domingo saltándose la decisión del Tribunal Constitucional, va un trecho como de Madrid a Barcelona. Primero, porque una vez más se pone de manifiesto – y así lo han denunciado los fiscales – que la Fiscalía General del Estado es para asuntos de este calado o para otros como la imputación de la infanta Cristina poco menos que una correa de transmisión de los deseos del Gobierno.
Segundo, porque responder una vez más con la legalidad y sólo con la legalidad como ha vuelto a hacer hoy Rajoy es reincidir por enésima vez en el error que impide salir con bien de este culebrón político inacabable. En resumen, el “no nos moverán” que sigue entonando este dúo tan poco dinámico formado por Mas y Rajoy nos tiene metidos a todos en un callejón al que de momento no hay esperanzas de verle salida alguna.