Que los Estados asumiesen verdaderamente el respeto de los derechos humanos consignados en las diversas Constituciones, ha sido históricamente, un proceso largo y no exento de conflictividad. Una cosa era su enunciado constitucional y otra bien distinta su aplicación concreta o generalizada.
No es extraño, por tanto, que conforme se adquiría conciencia de las deficiencias, surgiesen grupos de ciudadanos dispuestos, en primer lugar, a hacer cumplir las leyes en sus propios términos; en segundo lugar, a reivindicar derechos no reconocidos en su momento por los poderes públicos y por último, a la defensa concreta de estos derechos para sus afiliados.
En base a ello, se creaba en Madrid en noviembre de 1913, La Liga Española para la defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y cuyos estatutos van significativamente precedidos por la Declaración francesa de Derechos del Hombre de 1789.
La presidencia de la Liga recayó en una prestigiosa figura intelectual de la España de aquellos momentos, el Doctor Luís Simarro Lacabra, Catedrático de Psicología Experimental de la Universidad Central y, desde 1912 Gran Comendador del Gran Oriente Español.
Al parecer,su designación ya estaba proyectada por un grupo de Barcelona y en ello debió de influir su activa participación en defensa de la libertad de conciencia o la tarea impulsada por Simarro en la defensa del también masón, Francisco Ferrer i Guardia y fundador de la "Escuela Moderna".
Para evitar que las energías surgidas y desarrolladas durante esa campaña -según decía la circular- acabasen esterelizadas por falta de aplicación, se pensó en la forma de cristalizarlas en instrumentos de acción que de manera continuada trabajaran para hacer respetar, no solo la libertad de conciencia, sino también aquellos derechos individuales considerados inviolables en todo el mundo civilizado.
La participación de los masones en el comité nacional de la Liga, resultó ser bastante medida al objeto de que no pareciese una organización masónica. No obstante, según los datos aportados por el profesor José Antonio Ayala, de un Comité compuesto por 32 miembros, un tercio de ellos eran masones y la captación de afiliados a la Liga sabemos que se efectuó desde las logias, a partir de las relaciones que el Supremo Consejo mantenía con ellas.
La Liga llevó a cabo una gran labor en defensa de los derechos humanos, bien por propia iniciativa, bien a instancias de particulares o instituciones que precisaban su apoyo.
Una actuación destacada y muy acorde con las ideas de la Orden fue la campaña emprendida en 1920 en defensa de Miguel de Unamuno. El escritor había sido condenado a dieciséis años de prisión por supuestos delitos de imprenta al haber escrito varios artículos que ponían en entredicho a la monarquía. Luis Simarro, como presidente de la Liga no dudó en enviar una carta de denuncia a los principales periódicos del país protestando por la medida que se había tomado contra el escritor. Se remitió a las logias del Gran Oriente una circular del Supremo Consejo para que la carta fuese reproducida en "la prensa afín a nosotros en esa ciudad". Como vemos la identificación entre el Gran Consejo masónico y la Liga, no podía ser más completa y la campaña resultó ser una auténtica sacudida para la opinión pública, siendo numerosas las instituciones culturales y políticas que se unieron a ella, como el Ateneo de Madrid, el claustro de la Universidad de Medicina de Salamanca, el Círculo Mercantil e Industrial de Vigo o La Asamblea Municipal de la Unión Republicana de Madrid.
El doctor Simarro se mantuvo en la presidencia de la Liga hasta su muerte en 1921. Para sucederle fue elegido Miguel de Unamuno. En 1923, como sabemos, el golpe de Estado de Primo de Rivera acabó con la Liga y envió al destierro al escritor.