Todo esto viene a raíz de los “escándalos” que han brotado como champiñones a cuenta de unos másteres, tesis y plagios con los que se atizan entre sí las formaciones políticas y los medios de comunicación afines, a partir del caso Cifuentes. No era cuestión, por lo que parece, que un único partido albergara en su seno algún “listillo” que consiguiese un diploma con el que completar su formación gracias a sus relaciones privilegiadas e influencias. Y menos aún si dicho “adorno” académico podía ser excusa para la desafección del interfecto y motivo de una inoportuna investigación judicial que, tirando del hilo, desvela la falta de rigor y el chalaneo clientelar con que funcionan ciertos centros de estudios de postgrado. Tal deshonra era inaceptable, por lo que se ha puesto de moda rastrear el currículo de todo “quisque” con una dedicación digna del mejor periodismo de investigación, si tal cosa, que requiere tiempo, documentación, diligencia e independencia, pudiera darse entre los medios nacionales. Y como, quien busca, encuentra (o le chivatean terceros), pues se han hallado dos másteres sospechosos de trato de favor y una tesis doctoral con algunos párrafos plagiados, abundantes en el libro elaborado a partir de ella para su difusión divulgativa. Con un celo que ya quisiera el caso Watergate, hasta se han encontrado rastros de autoplagio en la tesis aludida, lo que parece una afrenta imperdonable en un autor que no se cita a sí mismo. Y en esa estamos, a día de hoy, acusándonos, desde una trinchera y otra, de ser poco fiables y no tener credibilidad para ejercer cualquier cargo político por culpa de unos trabajos universitarios que evidencian la endeble capacidad intelectual del afectado y la mediocridad de unas universidades que expenden títulos a troche y moche, más atentas a la cantidad que a la calidad.
Tesis de Pedro Sánchez
Pero una cosa es un plagio más o menos limitado a unos cuantos párrafos, en comparación con el volumen total de la obra, que unos másteres conseguidos de manera fraudulenta. Lo primero es una falta de rigor académico y decencia personal, pero lo segundo es un supuesto delictivo, tanto por parte del alumno como de la entidad que “regala” el título. Uno es cuestionable moralmente, pero el otro podría ser un ilícito penal, tipificado como cohecho impropio y prevaricación. Hasta la fecha, se han detectado tres casos de personalidades de la política española acusados de obtener másteres sin mérito académico y un caso de plagio en la tesis doctoral del actual presidente del Gobierno. Y todos son utilizados como armas arrojadizas en la controversia partidiaria y el desgaste de las personas afectadas, que ostentan grandes responsabilidades públicas y políticas. Además del presidente del Gobierno (PSOE), están insertos en la sospecha el presidente del principal partido de la oposición, Pablo Casado (PP), una ministra recién dimisionaria del Gobierno, Carmen Montón (PSOE), y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP). La guerra, por tanto, se ha desatado con la búsqueda del peor expediente académico.Hay que recordar que todo comenzó cuando se descubrió que Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP que blandía la bandera del rechazo a la corrupción, desligándose de la que afectaba a su partido, obtuvo un máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sin asistir a clases, sin realizar exámenes, sin presentar el trabajo fin de máster (TFM) y habiendo formalizado la matrícula fuera de plazo. También se descubrió en su expediente una alteración de notas, que sustituían sendos “no presentados” por “notables”, y firmas falsas de profesores. El escándalo fue tan mayúsculo, coincidiendo además con la aparición de un vídeo que la mostraba robando en una perfumería, que la presidenta de Madrid tuvo que dimitir del cargo, abandonar sus responsabilidades en el partido y dejar la política. El caso está siendo aun investigado en los tribunales.
Pablo Casado y Cristina Cifuentes
Poco después, se conoció que Pablo Casado, la joven promesa elegida presidente del PP tras la dimisión de Mariano Rajoy, despertaba también las sospechas acerca de un máster en Derecho Autonómico y Local, el mismo que había seguido su excompañera Cifuentes, que cursó igualmente en la URJC y en el que, junto a otros alumnos con vínculos políticos o personales con miembros de la Universidad, obtuvo el título presuntamente como trato de favor y sin merecimiento académico por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de esa Universidad, el catedrático Enrique Álvarez Conde, cerebro del tráfico de másteres. Una magistrada del Juzgado de Instrucción de Madrid inició causa por presuntos delitos de prevaricación y cohecho impropio, teniendo que remitirla, junto a su argumentación, al Tribunal Supremo, que es el quien tiene competencias para investigar a un aforado, como es el diputado conservador. De las 22 asignaturas del referido master, a Casado le convalidaron 18. Y tampoco tuvo que afrontar ningún examen. Descubiertas tales irregularidades, el líder del PP se ha negado hacer público su TFM y prefiere esperar a la decisión del tribunal, que podría archivar la causa por prescripción del hecho denunciado, como solicita el fiscal de la Sala. Sin embargo, dicha prescripción no lo libraría de las sospechas.Posteriormente, en esta guerra cruzada de escrutinios académicos, se descubre que la ministra de Sanidad, la socialista Carmen Montón, también pudo obtener un máster sobre Estudios Interdisciplinares de Género en la misma URJC sin asistir a clases y sin tratar a los profesores, habiendo satisfecho la matrícula fuera de plazo y con discordancias entre la fecha del título oficial y la de su expediente. Se descubre, asimismo, que la exministra copió en su TFM textos de otros autores, cuyas tesis y artículos académicos figuraban publicados en Internet. Se repiten, una vez más, las irregularidades y el modus operandi con los que se benefician unos pocos escogidos. Y, por repetir, se repite hasta el centro universitario sospechoso de “regalar” másteres a alumnos privilegiados. Ante las demandas de responsabilidad ética, a las que el presidente del Gobierno también se suma cuando los acusados pertenecen a otras formaciones, la ministra se ve obligada a dimitir. Curiosamente, la misma magistrada del caso Casado ha acabado abriendo diligencias al caso Montón a partir de una denuncia anónima, pero como causa aparte y no pieza separada de la investigación a Cifuentes, Casado y otros imputados, por ser másteres distintos.
Y quienes en la vida no hemos tenido medios para cursar ningún máster pero hemos realizado exámenes y aprobado asignaturas con más o menos esfuerzo y ayuda, nos vemos en la actualidad participando en una refriega partidista según las opiniones que se amoldan a nuestras preferencias, asumiendo argumentos de otros y, en definitiva, plagiando como propias ideas y acusaciones que pertenecen a quienes nos las suministran tan torticeramente. Mientras tanto, los alumnos y el profesorado de nuestras universidades asisten perplejos y abochornados a la descalificación gratuita del sistema universitario y al desprestigio de unas enseñanzas en las que mayoría consigue una titulación sólo a base de esfuerzo y mérito, no con triquiñuelas como las que ahora se ventilan, sin aclarar suficientemente entre un supuesto hecho delictivo y una falta de rigor ético. En los tajos y en las tabernas no se habla de otra cosa.