Foto: NOTIMEX
El 18 de abril mataron a Javier Torres Cruz, campesino y dirigente comunitario, miembro de la Organización Ecologista de la Sierra de Coyuca y Petatlán e incansable defensor de esas tierras. Un grupo de hombres armados lo abatió a tiros en el Puerto de Las Mosca, cerca de la comunidad de La Morena, en el municipio de Petatlán, estado de Guerrero, México. Vivía allí con su familia.
Cuando se enteraron de lo sucedido, sus hermanos, Felipe y Alejandro Torres, acudieron al lugar del asesinato y los mismos hombres dispararon contra ellos, hiriendo de gravedad al primero, que se está recuperando de las heridas sufridas.
El asesinato de Javier Torres Cruz ha sido algo más que la crónica de una muerte largamente anunciada. Ya en diciembre de 2008 estuvo secuestrado durante diez días y, cuando fue liberado, sufría varios hematomas, especialmente en las manos, y padecía fuertes dolores abdominales. Según contó su familia, durante ese tiempo permaneció en cautiverio con los ojos vendados y sin saber nunca dónde estaba recluido.
Las autoridades no llevaron a cabo ningún tipo de investigación y los responsables del secuestro y la tortura jamás comparecieron ante la Justicia. Ello lleva a sus familiares a deducir que estuvo retenido por soldados.
Eso y que en septiembre de 2007, él y su tío testificaron contra un cacique local presuntamente implicado en el homicidio de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, cometido en Ciudad de México en 2001. Javier Torres llevaba años denunciando los abusos cometidos por el ejército en el municipio de Petatlán y se ve que alguien ha decido poner fin a tanta denuncia. Ahora quien corre verdadero peligro es el resto de su familia.
En México, hechos así forman ya parte de la cotidianeidad desde hace bastante tiempo. Nunca matar activistas y defensores de los derechos humanos salió tan barato.