Los padres de unos ocho millones de escolares españoles no universitarios que empiezan el curso estos días, y que no demuestren un bajísimo nivel de ingresos, deberán comprarles los libros y el material escolar con un gasto de, al menos, 400 euros por niño.
Un enorme dispendio para quienes resultan estafados por un sistema de explotación desconocido en otros países avanzados, donde los niños reciben el material en las escuelas sin coste alguno.
España es un país en el que el negocio editorial defrauda al ciudadano con un desparpajo que indigna a cualquier profesor de escuela o instituto de otras democracias. Aquí, algunos centros y profesores cobran comisiones por recomendar determinados textos.
Los padres españoles compran los libros cada año. Y se les ordena cambiarlos cada curso para que no puedan prestárselos unos niños a otros, o para que no sirvan los de un hermano para otro, cuando lo que debe aprenderse no cambia.
Veamos ese país que los medios autoproclamados progresistas critican como el del egoísmo capitalista, EE.UU.: sus escuelas públicas entregan los libros, que deben devolverse debidamente cuidados para que sean utilizarlos por los alumnos del año siguiente. Un libro suele durar cinco cursos pasando por distintos niños.
Casi nadie denuncia la estafa editorial. Los padres callan creen que comprar libros cada año es una ley natural.
Pero no: la imposición viene de los últimos años del franquismo, de los negocios de la editorial escolar más poderosa del país, Santillana, cuyo influyente propietario bajo aquel régimen fue el fallecido Jesús Polanco.
El silencio sobre el caso tiene explicación: Polanco fue también tras la muerte de Franco propietario de un gobierno paralelo, el diario socialista El País, a cuyo grupo editorial le generan los padres buena parte de los 2.000 millones de euros anuales que gastan en libros y papelería.
Rajoy, Rubalcaba: ¡atrévanse a decir algo!
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La crónica anterior difícilmente saldrá en los periódicos. SALAS tiene una buena tira al respecto.
Mientras, los señores Z. y RBCB quieren revivir el impuesto de sucesiones.