Organizaciones ecologistas denuncian los efectos sociales y económicos adversos derivados de su uso en España.
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Según las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace y el sindicato COAG, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) reconoció el pasado 21 de octubre