Mariano Rajoy se verá obligado por Bruselas a reducirle competencias y gastos corrientes a las autonomías, acción facilitada por el creciente rechazo popular a esas instituciones, como señala la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Todo se debe a que la crisis económica es incontrolable, y la cirugía de hierro aplicada hasta ahora parece insuficiente para revertirla.
España debe pedir el rescate, pero Rajoy ya lo inició al llegar al poder: aumento del IRPF, reducción de salarios públicos, flexibilización laboral, menos inversiones en enseñanza, aumento de tasas sanitarias, aumento del IVA, copago farmacéutico, promesa de imponer rápidamente la jubilación a los 67 años.
Es posible que pronto le reduzcan entre un diez y un veinte por ciento los ingresos a los pensionistas, como hicieron en Grecia, Portugal e Irlanda, a los que España destina un 9,5% de su PIB, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los ciudadanos señalan a los políticos y su sobreabundancia el principal problema nacional, tras el desempleo, y por delante del terrorismo, reseña otra encuesta del CIS, previa a la que parece desear desmantelar en gran medida el Estado autonómico y parte del llamado del bienestar.
Desde 1985, nunca se había dado el caso, como ahora, de que el 22 por ciento de los españoles desee la recentralización del Estado, cinco puntos más que hace un año, mientras que un 17 por ciento más desea que se recorten las atribuciones autonómicas.
Los que apoyan el modelo actual han caído doce puntos en los últimos dos años, y 23 desde el año del máximo respaldo, 2006: la inflexión se produce tras el nuevo Estatuto de Cataluña.
Por exigir demasiado algunas, y gastar demasiado unas y otras, todas las CC.AA. deberán apretarse el cinturón: de seguridad.
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SALAS