La victoria electoral del PP es histórica, masiva, aplastante... e incluso horripilante. Pero esa teoría de que España le ha otorgado a Rajoy un respaldo masivo para que aplique políticas de austeridad contra los ciudadanos es una interesada exageración. La mayoría absoluta de los populares se debe a) al hundimiento del PSOE, un descalabro anunciado; b) a un sistema electoral manifiestamente injusto. Los 10.830.693 votos recibidos por el PP son muchos, pero el conjunto de votos recibidos por otras opciones superan esa cifra. Y es dudoso que los 10.361.756 que se abstuvieron, votaron nulo o en blanco, hayan dado mandato alguno a Rajoy.
El Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, ha ganado las elecciones con una amplia mayoría. Eso es un hecho incontestable y el deber de cortesía me impone felicitar a don Mariano por su éxito, al tiempo que el instinto de supervivencia me aconseja tentarme la ropa. Con lo que no puedo comulgar es con esas ruedas de molino mediáticas que se empeñan en propagar —hacer propaganda— esa falsa moneda ideológica que sostiene que los españoles enviaron un mensaje claro de apoyo al nuevo presidente del Gobierno: un respaldo masivo al cambio. Incluso el rotativo de corte moderno y europeísta que pretende ser El País no duda en encabezar la noticia con un titular: "España entrega al PP todo el poder", que choca con el más elemental principio de realidad.
Porque no ha sido 'España', sino el sistema electoral español, que es cosa muy distinta, lo que ha otorgado al PP esa aplastante mayoría en el Parlamento. Mayoría que obtiene a partir de los 10.830.693 votos recibidos en las urnas el pasado 20-N. Un resultado no tan brillante, ya que el PP de Mariano Rajoy sólo ha aumentado en 550.000 los 10.278.010 votos que obtuvo en marzo de 2008.
La mayoría absoluta del PP se debe al desplome del PSOE, que ha perdido más de cuatro millones, casi el 39% de los sufragios que recibió hace cuatro años. De las cifras se desprende que el PP alcanza una mayoría absoluta muy holgada, pero incrementa sus votos solo en 0,56 millones, menos que UPyD (0,8 millones) e IU (0,7 millones). Esta paradoja se debe a las especiales características del sistema electoral español.
Aunque se suele culpar a la ley D'Hondt de la distorsión enre el número de votos y de diputados de cada partido, la culpa no es de Víctor D'Hont, que inventó un método para cuadrar los decimales en el recuento que no es peor que cualquier otro. El problema radica en el reparto de escaños por circunscripciones y la asignación a priori de dos diputados por provincia, con independencia del censo de la misma. La fórmula D'Hondt lo que hace es favorecer un poco a los partidos que obtienen más representación para facilitar la gobernabilidad (sistema proporcional corregido).
Si no se aplicase la ley D'Hondt y sí un sistema proporcional puro en cada circunscripción, la variación de los resultados sería pequeña y la sobrerrepresentación nacionalista sería la misma o muy similar. Sin embargo, las cosas sí cambiarían mucho en el caso de que el reparto de escaños se hiciese a nivel nacional. Aplicando la Ley D'Hondt y manteniendo el actual listón del 3 por ciento, como mínimo para obtener representación, los resultados con España como única circunscripción serían algo parecido a esta distribución:
Así que, frente al triunfalismo de primera hora, el Partido Popular debe ser consciente de que debe su victoria a ese sistema electoral que el PSOE pudo y no quiso modificar. O, dicho en lenguaje coloquial: menos lobos, Caperucita.
Hablando de estos cánidos, hay que resaltar que esta vez al PSOE no le salió bien la estrategia de gritar "que viene el lobo" durante la campaña electoral. Porque al lobo se le veía venir desde hace mucho tiempo, pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero no se molestó en instalar algunas vallas protectoras frente a los sucesivos ataques de las manadas financieras, infinitamente más dañinas que las lobunas. Y Alfredo Pérez Rubalcaba no podía negar que perteneció a ese Gobierno.
La voracidad de los mercados, las directrices de los funcionarios de Bruselas y las imposiciones de frau Merkel, lo sabemos, son imposibles de evitar mientras se pretenda actuar dentro de la lógica de este sistema. Para mantener a raya a los lobos de las finanzas habría que tener madera de Islandia. O sea, la determinación civil con la que la población de ese país se ha negado a pagar los desmanes de sus banqueros. Mientras su vocación siga siendo la de gestora del sistema, la socialdemocracia lo tiene hoy difícil para sustanciar una política social que la diferencie de la derecha más dura sin cuestionar los dogmas del modelo económico neoliberal.
Cuando Zapatero, tal vez porque los dioses queriéndole perder lo volvieron loco, decidió emprender las drásticas reformas que le impuso el Directorio europeo "me cueste lo que me cueste", según sus propias palabras, firmó un doble suicidio político: el suyo y el de su partido. Porque pudo haber tomado idénticas —y como se ha demostrado inútiles— medidas de austeridad para aplacar a los mercados, y reducir el déficit pero salvando de la quema a los más débiles. Por ejemplo, a los pensionistas.
En su primer discurso de investidura, Rodríguez Zapatero prometió que su acción estaría guiada por el ideario legado por su abuelo, el capitán republicano Rodríguez Lozano, fusilado por el bando franquista en 1936. "Ese ideario es breve: un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes". En este sentido, prometió aumentar en un 26% las pensiones mínimas, relegadas a niveles inferiores al umbral de pobreza por el Gobierno de Aznar que tanto presumía de éxitos económicos. Rodríguez Zapatero cumplió su compromiso a lo largo de los cuatro años de su primer mandato. Y seguramente habría seguido en esa línea hasta que el estallido de la crisis financiera internacional y la burbuja del ladrillo nacional torció sus planes.
Sin duda, Zapatero estaba obligado a seguir la directrices de Bruselas y tomar drásticas medidas de recorte del gasto público para contener el déficit. Pero podía haber evitado congelar las pensiones, con la dosis de.impopularidad que conlleva. Es cierto que salvó de la congelación las pensiones mínimas aplicándoles un incremento del 2%, una subida testimonial, que se esfuma ante el descontento generalizado del gran colectivo de pensionistas.
El ahorro conseguido con esta medida fue ínfimo en comparación con el enorme perjuicio causado a la credibilidad de un partido socialdemócrata que estaba enviando a la población un descorazonador mensaje: ante los mercados, hasta los más viejos del lugar deben inclinar la cabeza. Regalándole de paso una inestimable baza al PP, cuyos portavoces aprovecharon la ocasión para proferir demagógicas arengas. Vamos, que los populares parecían líderes de un partido obrero cuya emblemática bandera azul hubiera sido teñida con el mismo añil de los monos de trabajo.
Hay ciertas líneas rojas del Estado del Bienestar, una de ellas la paga de los jubilados, que un Gobierno no debe traspasar de manera impune. Y si la traspasa, merece ser castigado por los electores para que el resto de políticos aprendan la lección. Al parecer, Rajoy se está aplicando el cuento, y su única promesa ha sido la de no tocar el capítulo de pensiones. Pues nadie mejor que él sabe que, más allá de la fanfarria propagandística, España no le ha dado ningún cheque en blanco. Y que las medidas antisociales que eventualmente adopte serán contestadas en las calles. Sobre todo cuando los ingenuos miembros de esa clase media votante del PP se caigan del guindo descubriendo que los destinatarios del programa oculto de Rajoy... eran ellos!