Venezuela enfrenta la más difícil encrucijada histórica desde que es República. Los próximos días serán decisivos para avanzar en la transición hacia la democracia en paz, y con un inmenso esfuerzo comencemos a reconstruir el país, superando la profundización del colapso institucional y económico que actualmente conlleva una crisis humanitaria de terribles consecuencias para todos los venezolanos, e incluso para los países vecinos.
Nuestra calidad de vida se deteriora cada día. La escasez de alimentos y medicinas básicas alcanza niveles críticos y la inflación devora el ingreso familiar. El sueldo mínimo, menos de $0,4 por día, alcanza apenas para comprar un kilo de papas o pagar el pasaje del transporte público suburbano a Caracas, el sistema de salud pública colapsó, la violencia está desatada. La tensión social se expresa en saqueo de vehículos que transportan alimentos y de los mercados en todo el país. La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reporta, de enero a junio, 56 saqueos y 76 intentos. Pero solo en julio se han conocido más de 20.
Nicolás Maduro ha acelerado esta espiral destructiva con recientes medidas como la “expropiación” –realmente confiscación– de instalaciones de las fundamentales empresas Polar y Cargill, para almacenamiento y distribución de alimentos, necesarias para abastecer Caracas y sus alrededores; y la eliminación de las pólizas de seguro privadas en toda la administración pública, lo que causará, según la Asociación de Clínicas Privadas, el cierre del 70% de sus afiliados.
Maduro y su régimen son presa del monstruo fabricado por Chávez: un entramado de bandas en conflicto por sus parcelas de poder y negocios criminales, que hoy, ante la quiebra del país, se arrebatan lo que queda. Por eso, no pueden adoptarse las reformas económicas y políticas indispensables para apenas contrarrestar la debacle que padecemos. Los radicales procubanos rechazan que sea rectificada la política de control y dominio de la actividad privada, y las mafias que se benefician de los dólares regalados a Bs. 6,30 y revendidos a Bs. 700 en el mercado negro, defienden su tráfico.
Las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre podrían representar una oportunidad decisiva para que podamos concretar la transición hacia la democracia en paz. Por eso, y ante el monumental desplome de su apoyo popular (más del 80% de los venezolanos quiere un cambio de régimen en paz), el gobierno se prepara para todos los escenarios: robar la elección, con la bendición de la Unasur y sin la incómoda presencia de las misiones electorales calificadas de la OEA y la UE; y, de no parecerle esto posible, generar un cuadro de violencia que lleve a la suspensión de las elecciones.
Ambos escenarios solo podrían ejecutarse desatando una generalizada represión popular. Para ello el país ha sido militarizado: fuerzas regulares y milicias controlan subestaciones eléctricas, centros de salud y hasta las interminables filas de consumidores en comercios y mercados.
Mientras tanto, en el plano electoral avanza un fraude continuado: a miles de jóvenes se les impidió inscribirse en el Registro Electoral, a los funcionarios se les acosa y hace creer que su voto no será secreto, se crearon más de 400 centros de votación en zonas de altísimo riesgo controladas por bandas armadas oficialistas, se usan de manera obscena para proselitismo los escasos recursos públicos, se modifican arbitrariamente los circuitos electorales, se confiscan judicialmente directivas de partidos políticos y se inhabilita políticamente a líderes opositores.
He sido víctima de esta práctica, que a juicio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, es propia de las dictaduras. No les bastó con golpearme y fracturarme la cara en plena sesión de la Asamblea Nacional, expulsarme del Parlamento a la fuerza y sin respetar el constitucional antejuicio de mérito, prohibir mi salida del país, amenazar a mi familia y ofender mi honor a través de todos los medios de comunicación del Estado. Ahora también impiden que mis electores me reelijan, valiéndose para ello de una mentira grotesca sobre la supuesta omisión en mi declaración patrimonial de bonos de alimentación que nunca recibí, para inhabilitarme políticamente basados en una arbitraria medida administrativa de la contraloría.
Estos actos demuestran la desesperación del régimen, que habiendo provocado el colapso institucional, económico, social y moral de Venezuela, se sabe perdido, porque el pueblo no ha claudicado y hoy estamos más decididos que nunca a edificar una nación próspera, digna, justa y libre.
Los venezolanos necesitamos y esperamos la recíproca solidaridad activa de los pueblos y gobiernos democráticos de América Latina. Ningún gobierno democrático puede avalar un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, que somete la sociedad a la mendicidad y que tiene demostrados vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.
De cara a las elecciones de diciembre, es indispensable que la presión internacional haga que Maduro acate la observación internacional electoral calificada de la OEA, que supervise el estricto seguimiento del proceso electoral, y no solo del acto de votación.
Los venezolanos no admitiremos, sumisamente, una nueva violación a la soberanía popular. Por nuestro bien y el de América Latina, todos debemos hacer respetar la voluntad y el derecho de los venezolanos a vivir en libertad.
Por: María Corina Machado.
Via:: HoyenNoticias