Siguiendo una directriz de la UE el Parlamento dominado por Rajoy ha elaborado una Ley de Unidad del Mercado para que todo bien o servicio aprobado u homologado en una Comunidad Autónoma o por el Gobierno sea legal en toda España.
La oposición se ha opuesto porque, dice, es una ley centralizadora y deja a las CC.AA. sin autoridad en su territorio; sólo UPyD se ha abstenido.
Hasta ahora un fabricante de carrocerías de autobús, de ascensores o de herramientas de trabajo de una Comunidad podía tener problemas para vender o usar su producto en las 16 CC.AA. restantes.
Algunas no aceptaban las homologaciones de otros territorios, e imponían las normas dictadas por su propio Parlamento.
Miles y miles de horas en cada institución regional establecen el sexo de los ángeles de un destornillador, por ejemplo, para legislar cómo debe ser, aunque sólo en su territorio, pues los otros sexan sus propias normas para igual objeto.
Cada parlamento legisla sobre el radio que deben tener las curvas de las carreteras, el porcentaje de azúcar de los dulces o las características técnicas de los calcetines o de los cinturones de seguridad de un autobús.
Todo ello debería ser igual en toda España, como lo es en Europa, pero los parlamentos regionales y demás centros políticos algo tendrán que hacer porque, si no, ¿para qué sirven los 33 diputados de La Rioja, que tiene 323.000 habitantes, por ejemplo?, o ¿cómo se explica que 145.000 españoles vivan de la política?
Con la futura ley lo legislado por el Parlamento español o por el de cualquier Comunidad deberá valer en toda España, y entonces, ¿sobre qué sexo de los ángeles de los destornilladores legislarán los diputados de cualquier autonomía si ya todo estará legalmente atornillado?
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SALAS