Hoy en día, México es uno de los países más abiertos al exterior del mundo. Cuenta con una red de tratados de libre comercio que abarca a cuarenta y cuatro países, además de una serie de acuerdos comerciales con países de todo el mundo que han hecho que el país azteca sea considerado una economía emergente, y de ahí a que el prestigioso Financial Times la bautizara hace años como “El tigre azteca”. Sin embargo, si tenemos en cuenta los antecedentes de la política comercial mexicana, esta situación de apertura es atípica y relativamente reciente. Durante el siglo XX, tras la revolución mexicana (1910 – 1920), el país hizo gala de un nacionalismo económico que abogaba por exprimir al máximo el mercado nacional, con la idea de favorecer las empresas mexicanas y protegerlas de la competencia extranjera. No obstante, este modelo estaba abocado al fracaso. Conforme el capitalismo y la globalización de los mercados avanzaban de forma implacable, México quedaba aislado en una propuesta económica desfasada e ineficiente. Tan solo la abundancia petrolera hizo prorrogar la agonía de una economía mexicana que colapsó definitivamente con la crisis de la deuda de 1982. La escasez de financiamiento, la debilidad del mercado petrolero mundial y la falta de competitividad del sector exportador obligaron al gobierno mexicano a abandonar la sustitución de importaciones y la expansión del mercado interno en favor de la promoción del crecimiento mediante las exportaciones. Con la nueva estrategia, el comercio, la liberalización financiera y la desregulación y privatización de la Inversión Extranjera Directa fueron las claves del cambio de rumbo del país.
La estrategia reformista seguida por los dirigentes mexicanos comprendió tres etapas. En la primera de ellas, México centró sus esfuerzos en salir de la crisis y llevó a cabo importantes reformas macroeconómicas que supusieron una apertura unilateral de su economía, culminada con la incorporación del país azteca al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas, por sus siglas en inglés) en 1986, hecho que marca el comienzo de la segunda etapa y de paso, la reafirmación de que la inserción mexicana en el comercio mundial era irrevocable. A partir de 1994 comenzaría la tercera etapa en la cual la apertura comercial pasó a ser multilateral. El punto de inflexión vino con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés), que además de suponer el mayor hito comercial en la historia mexicana, instauró un nuevo enfoque en las negociaciones comerciales del país. De este modo, a partir del acuerdo norteamericano, México celebró tratados similares con otras naciones de América Latina y más adelante con otras regiones, como la Unión Europea y Asia, al tiempo que se intensificaba la presencia mexicana en los foros comerciales multilaterales y regionales.
El TLCAN incrementó de manera exponencial el intercambio entre México y sus vecinos de América del Norte, lo cual era especialmente ventajoso para un México que disfrutaba de un holgado superávit comercial que se incrementaba con los años. Del mismo modo, el TLCAN supuso un punto de inflexión para las inversiones extranjeras en México debido, en primer lugar, al incremento de aquellas de origen estadounidense y, en segundo lugar, a aquellas destinadas a producir un bien que luego se exportase al mercado estadounidense. Esto ha sido especialmente relevante en el sector manufacturero, que sin lugar a dudas es el que más se ha expandido en México desde la apertura comercial. Los inversores, tanto estadounidenses como del resto del mundo, se benefician de las ventajas comparativas que ofrece México en diferentes fases de las cadenas productivas de un bien para reducir costes.
Sin embargo, este fenómeno ha supuesto un arma de doble filo para México. Por un lado, además de que las inversiones y el comercio se han multiplicado, la oferta exportadora de México se ha transformado dejando atrás la tradicional dependencia del sector petrolero, al tiempo que las manufacturas han dotado al sector externo mexicano de un dinamismo sin precedentes.
Por otro, los resultados del TLCAN no han hecho sino aumentar aún más la dependencia de México al mercado estadounidense, y fruto de ello cualquier bache de la economía de EEUU tiene su eco en su vecino del sur. Además, con la importancia adquirida por el sector manufacturero, surge la necesidad, de nuevo, de diversificar las exportaciones y mejorar la competitividad en otros sectores de exportación. Junto a ello, la economía de México, en general, no ha experimentado cambios radicales, y si bien con la apertura comercial México ha disfrutado de un crecimiento relativamente estable, hay mucho camino por recorrer en materia de competitividad del mercado interno. Los beneficios, hasta ahora, se han concentrado en una pequeña parte de las empresas del país (500 empresas controlan el 83% de las exportaciones), en una minoría de sectores, y tampoco se han distribuido geográficamente de forma equitativa, viéndose los Estados del norte especialmente favorecidos, en detrimento de los sureños. Democratizar el comercio para ampliar los beneficios de éste a un mayor número de actores y sectores productivos es uno de los retos que se le presentan a México, en particular en lo que se refiere a lograr que las PYMES participen más en el comercio exterior, ya sea exportando directa o indirectamente, al integrarse a las cadenas nacionales de producción.
Sabedor México de la excesiva dependencia a su vecino del norte, la estrategia impulsada a partir de 1994 también buscó la diversificación de los vínculos comerciales y una mayor presencia de México en otras áreas del mundo a través de organizaciones y foros internacionales. Fruto de ello es la red de tratados de libre comercio que México ha ido tejiendo con el paso de los años, destacando el TLCUEM con la Unión Europea (2000), el TLC con Japón (2005) y la gran variedad de acuerdos con Latinoamérica. Así, hasta 12 tratados de libre comercio que abarca a 44 países de distintos continentes.
No es casualidad que sea la Latinoamericana la región con la que México ha adquirido más acuerdos de libre comercio. El país azteca ha centrado sus esfuerzos en adquirir un papel protagonista en el escenario latinoamericano, y fruto de ello se convirtió en un defensor de la integración de la región, entendida, principalmente, en términos comerciales. Hasta veintiocho Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), unido a los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) y Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), complementan los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, Uruguay y Perú. En la siguiente tabla observamos cómo el comercio con todos y cada uno de los países con los que México firmó un TLC se multiplicó sustancialmente desde su entrada en vigor hasta 2013. Además, la posición mexicana en la región es, en general, ventajosa, puesto que tan solo con Costa Rica mantenía un déficit comercial el año pasado. En el caso de Bolivia, cabe precisar que el Tratado de Libre comercio fue sustituido por un Acuerdo de Complementación Económica en 2010:
Este acercamiento contó con el incentivo de un contexto internacional en el que los bloques regionales y el libre comercio estaban en auge. De esta manera, México trató de incrementar su presencia en distintas organizaciones latinoamericanas como ALADI, Mercosur o el Arco y la Alianza del Pacífico.
No es tan positivo el saldo en el intercambio generado a raíz del Tratado de Libre Comercio firmado con la Unión Europea. A pesar de que el volumen del comercio se ha multiplicado, el déficit en la balanza comercial para México se ha acentuado, especialmente con la ampliación de la UE en 2004:
Desde que se iniciara la apertura comercial, el país azteca se ha transformado por completo en lo que a comercio se refiere, generando una excesiva dependencia de la economía en el sector exterior. Así lo refleja el incremento en el grado de apertura comercial, medido como aporte del comercio exterior al PIB, experimentado en las últimas décadas:
Durante 2013, el comercio exterior de bienes de México superó los 760 mil millones de dólares. Esta cifra fue mayor que los PIB de Suiza (650 mil millones de dólares), Suecia (557 mil millones de dólares), o Arabia Saudí (745 mil millones de dólares). Sólo 18 países tienen un PIB mayor que el monto del comercio exterior de México.
No obstante, se podría poner en entredicho la rentabilidad de la amplia red de acuerdos de libre comercio que el país azteca atesora. Y es que, por muchos tratados de libre comercio que México tenga, al final, un hecho impera por encima del resto: su supeditación al mercado estadounidense. Cierto es que el comercio con algunos países con los que México cuenta con acuerdos de libre comercio es ínfimo en relación con el total del comercio mexicano, de modo que, por poner algún ejemplo, los TLC adquiridos con Israel, Nicaragua o Uruguay, tienen un carácter más simbólico que pragmático.
Por tanto, la estrategia de diversificación geográfica del comercio ha fracasado en buena medida considerando que, si bien en las importaciones se ha aminorado la presencia de Estados Unidos en los últimos años –y aun así siguen representando más de la mitad-, más de tres cuartos de las exportaciones mexicanas siguen dirigiéndose a su vecino del norte. Si a esto añadimos que buena parte de las importaciones y de la Inversión Extranjera Directa (IED) que llega a México tienen como destino final convertirse en exportaciones al mercado estadounidense, observamos cómo la vasta red de acuerdos comerciales que posee México no ha conseguido el resultado esperado de hacer de México una potencia económica emancipada de EE.UU., con presencia no solo a escala regional, sino mundial. Y lo que es más, ha podido llegar a ser contraproducente, acrecentando la subordinación a su vecino del norte.
Además, en el modelo económico que trajo consigo la apertura comercial, vigente estos últimos treinta años, la prioridad no parecía ser acabar con los enquistados problemas socioeconómicos que azotan a la ciudadanía mexicana, y dicho modelo tampoco ha sido exitoso en la tarea de dotar a México de un dinamismo interno acorde con su potencial. Si bien el país ha disfrutado de una relativa estabilidad económica, el crecimiento del PIB ha sido moderado (al ritmo del 2’4% anual):
Si el comercio exterior y la Inversión Extranjera Directa son el motor de la economía mexicana, el desarrollo interno de la misma ha supuesto tradicionalmente un lastre para que México no despegue como una potencia emergente consolidada. De hecho, México sigue acusando las mismas carencias que han hecho que el país adolezca de falta de competitividad, productividad y eficiencia: un alto grado de criminalidad, un desorbitado nivel de corrupción política y administrativa, un fuerte papel de la economía sumergida, un índice de pobreza inaceptable, una acusada desigualdad social – la fortuna del hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, equivale al 6% del PIB del país azteca-, a menudo precariedad en los servicios sociales básicos como la educación o la sanidad, la importante presencia de redes de crimen organizado o la precariedad laboral que hace que tantos mexicanos decidan cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades, son algunas de ellas. Junto a ello, los monopolios estatales seguían controlando ineficientemente sectores estratégicos como el de los hidrocarburos o el de las telecomunicaciones.
Con frecuencia se solía achacar a la falta de consenso entre los principales partidos el que no se llevaran a cabo reformas estructurales que mitigaran los lacerantes defectos socioeconómicos de México. Sin embargo, algo está cambiando en el país azteca. Con la vuelta al poder a finales de 2012 del Partido Revolucionario Institucional, que otrora estuviese setenta años ininterrumpidos en el gobierno -hasta el año 2000-, merced a elecciones fraudulentas, parece haber una voluntad de cambio como no la había desde 1982. A golpe de reforma, el presidente, Enrique Peña Nieto, pretende deshacerse de todo lo que impide crecer a la economía mexicana dentro del denominado ‘Pacto por México’. La reforma de mayor calado, y sin duda la que más polémica ha generado, ha sido la energética. El gobierno decidió a finales de 2013 abrir el petróleo mexicano a las empresas extranjeras, setenta y cinco años después de que el presidente Lázaro Cárdenas lo nacionalizara y creara Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa estatal que todavía conserva el monopolio. A partir del año que viene el país abrirá su suelo a la competencia extranjera, que podrá obtener el derecho de exploración, explotación, producción y transformación en aquellas zonas petrolíferas en las que el Estado les permita hacerlo. No menos importante se presume la reforma en el sector de la electricidad, en el que el gobierno está decidido a acabar con otro monopolio, el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ahora competirá, como PEMEX, con empresas foráneas.
Del mismo modo, Peña Nieto ha acometido otra serie de reformas con el objetivo, según él, de elevar la productividad. Junto con la energética, sobresalen las reformas en las comunicaciones y radiodifusión, la económica –con la que pretende favorecer a las PYMES-, la hacendaria, la financiera y la laboral. Para “garantizar el ejercicio pleno de los derechos”, destacan la reforma educativa y la penal y con el objetivo de “afianzar el régimen democrático” el Presidente anunció la reforma en materia de transparencia y la reforma política-electoral. Hasta once reformas en año y medio que sirven a Peña Nieto para sacar pecho y hacer unas predicciones más que optimistas de cara al futuro a corto y medio plazo, con miras a las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, sus pronósticos no parecen convencer y el coste de estas reformas ya se está haciendo notar en el índice de popularidad del Presidente, que ha caído diez puntos desde 2012, situándose ahora en un 51%. No obstante, esto lo hace el líder mejor valorado del espectro político mexicano, según datos del informe del Pew Research Center, a pesar de que, según este estudio, un 60% de los mexicanos desaprueba la gestión económica de Peña Nieto -un 14% más que el año pasado. A esto hemos de sumar que solo el 30% de los mexicanos están satisfechos con el rumbo económico de su país, un 4% menos respecto a 2012, año de la llegada del actual Presidente.
Desde luego, se antoja complicado que este paquete de reformas borre de un plumazo todas las dolencias sociales que perduran en México. Está por ver si el ‘Pacto por México’ sirve de hoja de ruta para lograr la ascensión definitiva que permita a México ser algo más que un eterno aspirante a potencia económica. Se trata de la tradicional e inacabada búsqueda de la fórmula adecuada para que el tigre azteca, al fin, pueda rugir con fuerza.