El Estado argentino tiene toda la intención de pasar por alto el pedido de Naciones Unidas de liberar en forma inmediata a Milagro Sala, a juzgar por las declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y del fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda. La dirigente de la organización barrial Tupac Amaru y diputada electa del Parlasur seguirá presa en el marco de un proceso judicial fraudulento, y porque la alianza Cambiemos -al mando de los gobiernos nacional y jujeño- reduce a materia opinable la Opinión N° 31/2016 que el presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU le envió el 27 de octubre a nuestro embajador ante ese organismo, Héctor Marcelo Cima.
En otras palabras, los mencionados funcionarios relativizaron el alcance de la intervención supranacional a partir de una argucia lingüística. “Ni siquiera es una recomendación” dijo Miranda a tono con la definición básica de Opinión, y sin reconocer el propósito del verbo conjugado hacia el final del documento oficial: “El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la República Argentina liberar de inmediato a la señora Milagro Sala y conceder una reparación adecuada, incluida una compensación”.
Según este Folleto Informativo N° 26, es infrecuente la revisión de las opiniones que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria comunica a los Estados acusados. El punto D del apartado III establece como “absolutamente excepcional” y condiciona de tres maneras la reconsideración de opiniones a pedido de algún gobierno interesado.
Antes, el mismo folleto sostiene que, mientras no exista esa instancia de revisión, el Grupo de Trabajo tomará “todas las iniciativas pertinentes para que los gobiernos lo mantengan informado del curso dado a las recomendaciones, a fin de poder, a su vez, mantener informada a la Comisión de los progresos realizados o de las dificultades encontradas para aplicar las recomendaciones como, en su caso, de las deficiencias observadas”. A la vez que desmiente al fiscal Miranda, esta afirmación sugiere que al Estado argentino le costará ignorar el pronunciamiento de la ONU.
Aún cuando eso suceda, la Opinión N° 31/2016 sienta un precedente político y jurídico de peso. En declaraciones al diario El Cronista, la abogada defensora de Milagro, Elisabeth Gómez Alcorta, pronosticó que la recomendación de Naciones Unidas impactará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) presentaron otra demanda contra el Estado argentino.
La semana pasada, nuestros medios celebraron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que absolvió a Fernando Carrera. Condenado primero a treinta años y luego a quince años de prisión a partir de pruebas adulteradas, este ciudadano raso pasó siete años detenido antes de que la Justicia reconociera su inocencia.
Aunque son distintas las razones por las que Salas y Carrera fueron encarcelados, ambos fueron -son- víctimas de violencia institucional. La violencia que enfrenta la primera es acaso mayor porque proviene de una alianza política, judicial, mediática todavía más fuerte (y por lo tanto más abusiva) que la componenda policíaco-judicial que enfrentó el segundo.