Han sido 15 personas las detenidas, entre ellas el ex tesorero del sindicato en Andalucía, y varias las empresas registradas, empresas que, según parece, se dedicaban a realizar facturas falsas a favor del sindicato UGT para justificar subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a la formación de personas desempleadas. Las investigaciones se trasladan a los últimos 12 años, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado; la nota de prensa dice que las investigaciones “han podido definir diversos métodos utilizados para desviar dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato”.
Y mientras tanto el Gobierno de la Junta de Andalucía dice que esperará a la evolución de los acontecimientos y la instrucción judicial para decidir si se persona, o no, como acusación particular en este caso. Yo lo tengo claro, se personarán en el proceso, pero no para defender los intereses de la administración y de los fondos públicos concedidos, sino para estar junto a sus compañeros sindicalistas, que para eso comparten tantas sedes, ¿alguien lo duda?
Y es que la Junta de Andalucía, pese a este escándalo y al de los ERE que instruye la Juez Alaya, no ha cancelado las subvenciones a la UGT, y le sigue concediendo mucho dinero para programas de formación, cuando cualquier administración habría paralizado las subvenciones y ayudas y habría reclamado la devolución de todo lo pagado (no solo de 3 partidas). Como decíamos hace unos meses la actividad de la UGT en Andalucía parece también el negocio de ‘la PSOE’, por eso no harán nada, por eso mirarán para otro lado.