La Rey Juan Carlos está pidiendo a gritos una auditoría externa que arroje luz sobre las corruptelas académicas que parecen rodear al menos aquellos másteres cursados por políticos, independientemente del color de su partido. Si el dinero público se está empleando en inflar los currículos académicos de los políticos es algo que los ciudadanos tenemos derecho a saber y, en su caso, a conocer a cambio de qué se han otorgado tales prebendas y exigir que se depuren las responsabilidades correspondientes. Volviendo al caso de la ministra, las explicaciones que sobre las informaciones difundidas por eldiario.es ha dado Montón hacen pensar que, efectivamente, ella también ha sido agraciada con un máster en Igualdad como lo fueron Cristina Cifuentes y Pablo Casado con uno de Derecho Autonómico. Negarlo todo - como en su día hiciera Cifuentes - o decir que se limitó a hacer lo que le indicaron sus profesores - como afirma Casado - es a toda luces una explicación isatisfactoria por insuficiente y porque alberga contradicciones no aclaradas con la información periodística y de la propia universidad Rey Juan Carlos.
Foto: El Huffington Post
Puede que no fuera ella la que pidiera el trato de favor a sus profesores pero cuesta creer que no se diera cuenta de que lo estaba recibiendo. De otro modo no se explicaría que se le permitiera la matrícula fuera de plazo, que no tuviera que acudir a clase en un máster exclusivamente presencial o que obtuviera brillantes notas en asignaturas a cuyas clases nunca acudió; por no hablar de la manipulación de sus notas, reconocida por la propia universidad. Podría argumentar alguien que a caballo regalado no se le mira el diente, pero no rige ese principio en este caso ni debería regir en ningún otro. Carmen Montón era nada menos que diputada del PSOE y responsable de Igualdad en el partido cuando cursó ese máster. Era su obligación moral no prestarse por acción u omisión a convertirse en receptora de ningún tipo de favor académico ni privilegio con respecto a los restantes alumnos del máster.Si así fue, como todo hace indicar, se hace imprescindible su dimisión o su destitución como ministra. La decisión está en sus manos o, en su defecto, en las de Pedro Sánchez, quien ha puesto tan alto el listón de la regeneración política que no está ahora en condiciones de contemporizar y dejar pasar como en sus buenos tiempos hacía Rajoy con este tipo de casos. Eso, además de desautorizar su discurso, implicaría de paso indultar a Cristina Cifuentes - investigada por el Supremo - y a Pablo Casado, sobre el que también podría caer en las próximas semanas la condición de investigado y que, por eso y no por otra cosa, adopta ahora esa postura de hipócrita respeto a la presunción de inocencia de Montón. Así que el margen de Sánchez es más bien escaso para no dejar caer al segundo miembro de su gabinete en solo tres meses en La Moncloa, un récord que de producirse será difícil de batir.