“Es un día histórico para el equilibrio entre géneros y para la igualdad”, afirmaba hace dos meses Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea. “Las mujeres han esperado algo así más de cien años”, había dicho Reding unas semanas antes. ¿Y cuál era el logro “histórico” al que se refería la comisaria? En realidad, con esas palabras venía a celebrar la aprobación de una directiva europea para conseguir que haya una mayor presencia de mujeres en los órganos de dirección de las empresas; esto es, un sistema de cuotas para que, en el año 2020, se garantice que al menos el 40 por ciento de los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las grandes corporaciones estén ocupados por mujeres[1].
Este hecho fue ampliamente recogido por los principales medios de comunicación de todo el continente, aunque no parece que dicha norma, incluso en el caso de que llegara a aplicarse (cosa poco probable a la vista de cómo han reaccionado otros miembros de la Comisión y de gobiernos europeos), vaya a significar precisamente la culminación de un siglo de luchas feministas y reivindicaciones de igualdad. Es un ejemplo ilustrativo, eso sí, de cómo enfocan los mass media (y, por extensión, buena parte de las sociedades de los países centrales) la cuestión de género en relación con el capital transnacional.
Transnacionales y desigualdades de género
Al igual que ocurre con el tratamiento de las mujeres en los anuncios publicitarios, las noticias de este tipo sirven para mostrar el modo que tienen de entender las desigualdades de género las instituciones. Y es que, de la misma manera que en los spots del ejército español se realza la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas como un símbolo de igualdad, parece que si las empresas multinacionales quieren incluir la perspectiva de género en sus negocios y operaciones lo único que tienen que hacer es fomentar una mayor participación de mujeres en sus comités de dirección.
“Las empresarias exigen a Zapatero participar en la reunión”, decía la prensa de este país en noviembre de 2010 para destacar que en el que iba a ser el primer gran encuentro del anterior presidente del gobierno con líderes de las grandes compañías españolas no hubiera presencia femenina. Finalmente, Moncloa amplió la lista de invitados para que al menos hubiera dos mujeres. Pero resulta difícil creer que, de haber habido más empresarias tanto en esa como en las reuniones similares que se han realizado desde entonces, la dinámica de reformas económicas, recortes, ajustes sociales y pérdida de derechos individuales y colectivos, que han impactado fuertemente sobre las mujeres, hubiera sido distinta a la que estamos sufriendo.
En otras ocasiones se publican datos relativos a la “brecha salarial”, un concepto utilizado en las últimas décadas para hacer referencia a las diferencias de retribución existentes entre hombres y mujeres en el mercado laboral (si bien es cierto que este término se ha ampliado a las desigualdades en el seno de las empresas)[2]. Hay veces en las que se hace mención a las condiciones laborales de las mujeres en los países periféricos (donde producen mercancías destinadas a la exportación para su consumo en las regiones centrales), tal y como ha ocurrido, por ejemplo, a raíz del incendio en noviembre de 2012 en una fábrica de Bangladesh en el que murieron más de un centenar de mujeres.
En todas esas informaciones, sin embargo, nunca tienen cabida enfoques que partan de que vivimos en un sistema socioeconómico que, junto a otros factores, se ha articulado sobre la base de la dominación y explotación de las mujeres para seguir con su lógica de acumulación y expansión. Por eso, no se dice que en la planta textil recientemente incendiada se fabricaban prendas para transnacionales como Wal-Mart y C&A, ni que hasta hace muy poco también lo hacía para Sfera e Hipercor, ambas de El Corte Inglés[3].
Tampoco se da a conocer que la llegada de las multinacionales a los países periféricos (especialmente en el caso de las industrias de producción intensiva para la exportación) está sujeta al empleo de mujeres en condiciones sociolaborales tremendamente precarias. Utilizan la desigualdad entre mujeres y hombres, precisamente, para provocar una fuerte reducción de costes laborales y la dirección de una mano de obra más vulnerable, perpetuando así las diferencias salariales, la división sexual del trabajo y la invisibilización de las tareas de cuidado y reproducción social[4].
El hecho de que exista una predominancia de la mano de obra femenina en las fábricas situadas en las zonas francas de exportación, también llamadas maquilas, así como la explotación que sufren las mujeres que trabajan en ellas, ha venido siendo analizado en la última década por diferentes organizaciones sociales y centros de investigación. Los grandes beneficios del “modelo maquila” se basan en la ausencia de aranceles aduaneros, en la eliminación de impuestos para las empresas y en otros incentivos como el acceso a mano de obra barata. Y este esquema de producción y distribución para el mercado global no se restringe exclusivamente a la industria del textil, sino que también se ha extendido a otros sectores económicos como el de la floricultura, el procesamiento de alimentos y los call-centers.
Impactos de las multinacionales españolas sobre las mujeres
Las principales empresas transnacionales españolas, como no podía ser de otra manera, no escapan a esta lógica e igualmente obtienen grandes beneficios a costa de la explotación y la violación de los derechos fundamentales de las mujeres. Pueden citarse los casos de Inditex, Calvo y Telefónica, que han expandido sus negocios a muchos países a través del “modelo maquila”, así como el de Gas Natural Fenosa, cuyas operaciones han ocasionado graves impactos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres por la privatización de los servicios públicos.
El incremento año tras año de las ganancias Inditex, sin ir más lejos, ha sido debido a la ausencia de unas mínimas condiciones laborales en las fábricas de sus proveedores y subcontratas, cuando no directamente del trabajo esclavo de mujeres. En la India, por ejemplo, las empresas textiles que suministran sus productos a las marcas del grupo Inditex emplean a niñas y adolescentes sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 horas semanales a cambio de un salario de 0,88 euros al día[5]. La firma AHA, uno de los proveedores en Brasil de la compañía presidida por Amancio Ortega, fue denunciada por el Ministerio de Trabajo de aquel país al descubrir dos talleres en los que inmigrantes indocumentadas bolivianas y peruanas operaban en unas condiciones análogas a la esclavitud: jornadas de 16 horas, sin autorización para salir a la calle y habitando en infraviviendas[6]. Este patrón se repite en sus fábricas ubicadas en Marruecos, donde se han evidenciado abusos y violaciones de los derechos laborales más básicos[7].
En el ámbito del procesamiento de alimentos, Calvo reproduce un modelo muy similar. Desde que, hace una década, esta transnacional española instaló su planta procesadora de atún en El Salvador, sus actividades han ido acompañadas de continuas denuncias de sus trabajadoras por la violación de sus derechos laborales. Y es que la plantilla de la empresa está conformada, fundamentalmente, por mujeres que sufren una severa explotación: presencia de guardias armados en la fábrica, jornadas de duración excesiva, sin el pago de horas extras, intoxicaciones masivas y otros impactos a la salud, discriminación salarial, despidos por actividad sindical, chantaje y creación de un sindicato patronal bajo la tutela de la gerencia… Todo ello se ha vuelto moneda de uso corriente para las trabajadoras de Calvo en la región centroamericana[8]. Junto a esto, se ha producido una fuerte represión de las protestas. Uno de los últimos episodios tuvo lugar en 2011, cuando las mujeres se movilizaron para evitar la eliminación de un bono que utilizaban para cubrir los gastos escolares de sus hijos: directivos de la empresa amenazaron, agredieron y sancionaron a quienes se habían movilizado para defender sus derechos[9].
Con sus centros de atención telefónica (call-centers), Telefónica representa otro ejemplo de explotación laboral. En sitios como la provincia de Córdoba, Argentina, donde estas empresas están totalmente exentas del pago de impuestos sobre los ingresos, los call-centers se benefician no sólo de las exenciones fiscales, sino también del reducido coste salarial del personal contratado, fundamentalmente femenino. “Desde el punto de vista de la medicina laboral, los call-centers reúnen todos los males de la globalización”, sostienen diversas fuentes médicas[10]: “El control permanente afecta a la salud, genera síntomas psicosomáticos como irritación, nerviosismo, erupciones en la piel, insomnio, problemas de relaciones interpersonales, gastritis, colitis, colon irritable, ataques de pánico, aumento de la presión arterial…”
La mercantilización de los servicios públicos, por otra parte, ha impactado fundamentalmente en las personas sobre las que recae el trabajo de cuidados y reproducción social: esto es, las mujeres. De esta forma, la privatización de la electricidad en Colombia y Nicaragua, con una gestión que ha pasado a manos de compañías como Gas Natural Fenosa, ha llevado a que en los barrios empobrecidos de muchas ciudades de estos dos países se multipliquen los cortes de suministro y el racionamiento de electricidad, los problemas de atención sanitaria, la falta de agua porque no hay energía para bombearla, la alteración del horario lectivo en colegios, institutos y universidades, etc[11]. Todo ello obliga a las mujeres a tener más carga laboral en el hogar, más horas de trabajo voluntario en las comunidades y en actividades generadoras de ingresos, en detrimento de sus condiciones de salud, calidad de vida y tiempo libre. Esto se llama capitalismo
A raíz del revuelo que se ha creado recientemente en el Reino Unido, cuando se ha conocido que grandes corporaciones como Google, Amazon y Starbucks evitan pagar impuestos en territorio británico derivando sus beneficios a sus subsidiarias en Luxemburgo, Holanda e Irlanda, el director general de Google ha declarado estar “muy orgulloso de toda la estructura montada”. “Eso se llama capitalismo”, afirmó Eric Schmidt.
Podríamos decir algo muy parecido sobre la explotación laboral, las desigualdades de género y las violaciones de los derechos de las mujeres que cometen habitualmente las empresas transnacionales: así funciona el sistema capitalista. Lo que ocurre es que las mayorías sociales, al contrario de cómo se siente el ejecutivo de Google, compartimos un estado de indignación con respecto a este modelo socioeconómico tan desigual e injusto. Y, por eso, queremos transformarlo.
Por Erika González y Pedro Ramiro son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
Fuente: nº 55 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Primer trimestre de 2013.
NOTAS: En el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje de mujeres en las cúpulas empresariales es del 13,7 por ciento. España (11,5 por ciento) está por debajo de la media europea, a pesar de ser uno de los pocos Estados miembros de la UE que ha legislado sobre esta materia. Montero Soler, Alberto (2012): “Brecha salarial”, en J. Hernández Zubizarreta, E. González y P. Ramiro (eds.): Diccionario crítico de empresas transnacionales, Icaria, Barcelona. Kreisler, Eva (2012): “‘Made in Bangladesh’: el coste humano y la responsabilidad de las marcas internacionales”, Campaña Ropa Limpia. Pérez, Silvia M. (2012): “Desigualdad de género”, en J. Hernández Zubizarreta, E. González y P. Ramiro (eds.): Diccionario crítico de empresas transnacionales, Icaria, Barcelona. Lobo, José L.: “Trabajo esclavo en la India: Inditex, Corte Inglés y Cortefiel incluidas en la ‘lista negra’”, El Confidencial, 23 de marzo de 2012. “Zara y procuraduría laboral brasileña firman acuerdo para subsanar denuncias”, EFE, 19 de noviembre de 2012; Juan Luis Berterretche, “Brasil: Zara no reconoce su infamia”, Rebelión, 2 de diciembre de 2011. Sales i Campos, Albert (coord.) (2011): La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección, Campaña Ropa Limpia-Setem. Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) (2010): Las transnacionales y la responsabilidad social. Estudio de caso: grupo Calvo en El Salvador. CEAL y Rel-UITA: “Calvo en El Salvador: de nuevo el atún antisindical”, 28 de enero de 2011. Clínica de Interés Público de Córdoba (2010). Responsabilidad de las empresas privadas y los derechos humanos: El caso de los “call centers” en Córdoba (Argentina). González, Erika; y Carrión, Jesús (2009): “La Responsabilidad Social Corporativa de Unión Fenosa a estudio: Los casos de Colombia y Nicaragua”, Lan Harremanak, nº 19, Universidad del País Vasco (UPV/EHU).