En las pasadas elecciones municipales y autonómicas hemos asistido a unos resultados electorales que ponen de manifiesto la existencia de una trayectoria de cambio que ya pronosticaban las europeas. Es cierto que no conviene extrapolar los resultados de unos comicios a los de otros, pero a la vista empírica de los resultados, sólo cabe afirmar una máxima: el bipartidismo está muriendo. La entrada de nuevas formaciones políticas, una claramente outsider (Podemos) y otra centrista pero nueva escala nacional (Cs) han sabido captar el divorcio existente entre la sociedad española y la clase política, aunque no ha conseguido paliarlo. Sartori especificó que los sistemas de partidos políticos debían analizarse en torno a dos factores: el número de actores políticos relevantes y sus posicionamientos ideológicos en torno a diferentes clivages (o “temas existentes en la agenda política” y objeto de debate y controversia). Según la clasificación de Sartori, España era antes un bipartidismo imperfecto moderado. Es decir: un modelo de dos partidos mayoritarios teóricamente cercanos al centro del espectro político más partidos nacionalistas que hacían de bisagra para formalizar pactos de legislatura. A día de hoy, en cambio, ha iniciado un tránsito hacia un multipartidismo polarizado, un escenario compuesto por múltiples partidos que exponen claras divergencias entre sí y que se tienden a agruparse en dos bloques desde el punto de vista ideológico. Sin duda este escenario suscita que la sociedad española quiere cambios e implica una configuración novedosa de la política que trae algunas cosas positivas:
– En primer lugar, los partidos tradicionales, el PP y el PSOE se verán obligados a ceder y rectificar parte de las medidas tomadas en los últimos años y sobre todo, a atajar la corrupción, que ninguno de los nuevos partidos está dispuesta a tolerar, al menos de momento.
– En segundo lugar, los partidos nacionalistas dejan de ser imprescindibles. Los nuevos gobiernos nacionales no tendrán que contar con ellos necesariamente, lo que daría una oportunidad histórica para revocar competencias al Estado central, si así lo quisieran los actores políticos emergentes, que por ahora no demuestran querer gran cambios institucionales.
No obstante, también este nuevo escenario político muestra con claridad uno de los problemas que tienen los sistemas parlamentarios en épocas de crisis institucionales y socio -económicas: La imposibilidad de formar gobiernos estables con capacidad de lograr esos mismos cambios que piden los ciudadanos. Los parlamentarios multipartidistas, de listas cerradas y bloqueadas y a una única vuelta como es el caso español, están dando lugar a inestabilidad política y un consecuente debilitamiento de las fuerzas emergentes. Éstas, al tener que “mancharse” apoyando a tal o cual partido sin consultarlo directamente con la ciudadanía, demuestran inclinarse por un determinado tipo de políticas y estar dispuestos a dejar gestionar los recursos de todos a los partidos grandes, que por otra parte , siguen obteniendo los mejores resultados a pesar de ir a la baja. Una estrategia llevaba a cabo por Ciudadanos y Podemos ha consistido en hacer firmar documentos con medidas muy interesantes, contra la corrupción y los desahucios o las privatizaciones, como compromiso para abstenerse en las investiduras de alcaldes y presidentes de comunidades autónomas. ¿ Cuál es el problema de estos compromisos? Que una vez los firmen, nadie les obliga a cumplirlos. Los nuevos partidos podrán únicamente echar por tierra determinadas leyes que traten de aprobar si no son consecuentes a sus principios, cosa que además no será muy eficaz en un escenario polarizado, donde los grandes partidos podrían tratar de sacar adelante algunas medidas apoyadas en una de las nuevas fuerzas y otras, bajo el amparo de otras. Parece difícil que toda la oposición se ponga de acuerdo y eso facilitará que los nuevos partidos bajen en cuanto a intención de voto, ya que este escenario favorecerá probablemente la frustración, ya que para muchos votantes, la gobernabilidad no está por delante de los principios de los que te han votado o del programa electoral que has expuesto.
Además de la problemática derivada de la eficacia en la gestión gubernamental, cabe añadir que los pactos pos electorales tienen muy poco de democráticos , ya que favorecen los acuerdos en reservados, los apretones de manos debajo de la mesa y demás estilos de gobernar de la vieja política. ¿ Qué es entonces lo que se debería hacer? Mucha gente , entre ellos muchos diputados del Partido Popular quieren que gobierne ipso facto , la lista más votada. Bien ¿qué legitimidad tendría la señora Aguirre para gobernar si sólo tuvo un escaño más que la señora Carmena? Y para seguir con el ejemplo ¿Qué legimitidad tiene Carmena si ni siquiera ha ganado las elecciones y no es por tanto, la candidata mayoritaria? En el primer caso, la legitimidad es poco seria, porque la señora Aguirre podría tener más gente a favor que en contra, a pesar de haber ganado, ya que su margen de victoria fue muy estrecho. En el segundo caso, la respuesta es que la legitimidad la dan los pactos de los legisladores votados en listas cerradas y bloqueadas.
Los ciudadanos votan unas listas, pero no deciden quien gobierna porque no saben cómo actuarán. Como los partidos no pueden predecir el escenario que habrá tras las elecciones, lo que habría que asegurar es que el candidato más votado sea verdaderamente el que quieren los ciudadanos y dejarle gobernar sin necesidad de acuerdos electorales. Es decir: la legitimidad la tienen que dar los ciudadanos, con un sistema de votación a doble vuelta. Es decir, los votantes de los partidos que no lleguen a la segunda vuelta son los que deben decidir a quien quieren dar su voto de entre los dos candidatos que consiguieron los mejores resultados. Este modelo garantizaría que gobernase el partido que es auténticamente mayoritario.
Desde luego, la situación coyuntural que vive la España de hoy, a raíz de las elecciones pasadas y que se mantendrá según todos los pronósticos, es ideal para plantear cambios institucionales que no sean pequeños e insuficientes parches. En mi opinión, conviene sacar a colación la división total de poderes, con la posibilidad de elegir directamente al Presidente del Gobierno por un lado y al cuerpo de legisladores por otro y por supuesto de acabar con la elección política de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Todo esto no se puede hacer dentro del marco constitucional vigente. Es necesario aprovechar la coyuntura, explicarles estas cosas a los ciudadanos que no las conozcan y dejar que decidan. La democracia puede mejorarse pero exige mucho trabajo y mucha voluntad política, cosa que los nuevos partidos no parecen tener, ya sea por tener prisa en gobernar , verlo imposible o desconocer estas fórmulas políticas. No obstante, no debemos dejarlo pasar. Es una oportunidad de oro.