Un informante extraoficial de la división drogas de la policía provincial, Juan Viarnes, deschavó por televisión al jefe de esa división y a otros cinco oficiales por manejar droga, que utilizan como parte de pago a los narcos que les pasan información. A su vez, el informante reveló que los oficiales protegen a estos elementos, y que se quedan con una parte de lo que incautan. En definitiva: que la policía actúa como narcotraficante.
Viarnes es un personaje ligado a la inteligencia militar, según él mismo proclama, y ya actuó como buchón en hechos resonantes, como el secuestro y asesinato del joven correntino Cristian Schaerer. Detenido por el uso de dólares falsos (donde según él estaban implicados oficiales de la policía), Viarnes ya había declarado al fiscal federal Senestrari sobre los operativos donde la división de Lucha contra el Narcotráfico fraguaba pruebas y se quedaba con estupefacientes. Pero su aparición en la televisión precipitó las cosas. En un allanamiento al Departamento Central de Policía y a las dependencias de la División Lucha contra el Narcotráfico, el fiscal encontró droga no declarada y armas sin número de identificación. El fiscal sostiene que son elementos para fabricar causas.
A partir de esta situación, la crisis se precipitó y llegó al seno del gabinete. Sosa y otros cuatro oficiales fueron detenidos. Uno de los acusados en el programa apareció muerto a los pocos días de emitido, y no llegó a estar preso.
Según la Justicia provincial se habría suicidado, pero el fiscal federal desconfía de esa versión y pidió asumir la causa. Ahora, también aparece implicado un anterior jefe de drogas de la época de Schiaretti. El delasotismo y el jefe de policía acusaron al kirchnerismo de armarles la denuncia y la emprendieron contra el fiscal, que es miembro declarado de Justicia Legítima.
Cualquiera sea su origen, la denuncia no tomó por sorpresa a nadie. Hace apenas unas semanas, una banda de policías fue implicada en robos a propiedades; todos ellos eran parte de telecomunicaciones y del servicio 101, donde la población denuncia los ilícitos. La liberación de zonas era el modus operandi. En los últimos dos años, hubo más de 30 policías denunciados por delitos en los juzgados federales.
La contundencia de los hechos estableció una línea directa con De la Sota, quien debió pedirle la renuncia al jefe de policía y al ministro de Seguridad. En el lugar de éste último puso a una funcionaria de ese mismo ministerio, una “técnica” que actuó en el área de seguridad en Colombia.
Luego, el jefe de gabinete anunció el envío de un proyecto para que el jefe de drogas sea avalado por la Legislatura, con el mismo mecanismo que se eligen los jueces. Así, abrió la posibilidad de que la función quede en manos de un civil. La medida, sin embargo, tiene el mismo límite que la actual selección de los jueces: la elección del ‘jefe antidrogas’ quedará en manos del mismo elenco político y estatal que hoy protege al aparato policial y sus negocios.
Un aparato podrido
No se pueden predecir aún los alcances de la crisis desatada, en la medida que es la confesión de la pudrición que corroe a todo el aparato estatal y a su principal cuerpo de represión, por un negocio que progresa a costa de la salud y la vida de la población, sobre todo de la juventud. La acción judicial nunca va más allá de los implicados directos. Si buceara en el conjunto del Estado, haría saltar una red de complicidades y asociaciones ilícitas que incluyen a funcionarios políticos, a grupos bancarios y, también, a funcionarios judiciales.
Radicales y juecistas han tratado de explotar la situación, aun cuando ella reproduce la misma crisis que estalló meses atrás en Santa Fe (incluso De la Sota llamó a Bonfatti para pedirle consejos). De todas maneras no han hecho ningún planteo de fondo, sólo señalaron la preocupación por el “daño que representa para la credibilidad y la confianza en las instituciones de seguridad de la democracia”.
Nuestro planteo
Nuestro partido reclamó el desmantelamiento de este aparato descompuesto. En el mismo sentido acaba de salir una declaración del Frente de Izquierda, anunciando a su vez la presentación de un proyecto de ley para derogar las disposiciones que dan más poder e impunidad a la policía, como son el Código de Faltas y las llamadas leyes “antinarco” y “antitrata”.
El involucramiento policial con el delito “mayor” (narcotráfico, trata de personas, robo de automotores, secuestros, etc.) plantea la disolución del actual aparato de represión y la investigación de los lazos que lo unen al poder político, al judicial e incluso a los bancos (¿dónde va la plata del narcotráfico?). Este entrelazamiento es la causa fundamental de la inseguridad, incluso de los arrebatos, y de la cooptación de jóvenes, vía la droga, como mano de obra barata y luego descartable, a través del gatillo fácil; son los mismos jóvenes a los cuales se condena a la pobreza vía la precarización laboral, la desocupación, las limitaciones para acceder a la educación y la falta de viviendas.
El cuidado de la vida y los bienes de la población tiene que estar en manos de un cuerpo cuidadosamente elegido, con miembros electos por los organismos de derechos humanos y las organizaciones obreras. A su vez, la acción de los mismos tiene que ser sometida al control popular efectivo, con jefes elegidos por el voto popular y revocables, y los libros de las dependencias de seguridad abiertos al control de las asambleas vecinales.
Nuestra planteo de la nacionalización de la banca bajo control obrero es también una respuesta para la liquidación del narcotráfico y del delito, porque en los bancos se lava el dinero de la delincuencia.
Eduardo Salas