El caso emana de las presuntas irregularidades en los contratos para el traspaso del astro brasileño del Santos al Barcelona, por lo que el jugador de 25 años ha sido investigado tanto en España como en Brasil.
La operación fue denunciada por el grupo brasileño DIS, antiguo poseedor de parte de los derechos del jugador, que se consideró perjudicado.
En un primer momento, el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para la familia de Neymar y 17,1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que fue de al menos 83,3 millones de euros.
DIS, que percibió 6,8 millones de euros de los 17,1 ingresados al Santos, estima que Neymar y el Barça se aliaron para ocultar el monto real del traspaso.
El Barça y el Santos también serán llevados a juicio por el juez De la Mata, explicó el comunicado.
Para garantizar el desembolso en caso de condena, el juez decidió que los acusados tendrán que abonar de forma conjunta la suma de 3,5 millones de euros, que sería la diferencia dejada de ganar DIS.
- Violación del libre mercado -
El comunicado de la Audiencia Nacional explica que el juez no tomó en cuenta el estimado de DIS de lo que habría dejado de percibir, muy superior, pero que incluye otros contratos.
Los acusados tienen ahora diez días para presentar sus defensas escritas.
Por este caso, la fiscalía española ha solicitado para Neymar dos años de cárcel y una multa de diez millones de euros.
El atacante brasileño ha alegado que él se dedicaba al fútbol y su padre era su agente exclusivo, en quien confiaba ciegamente.
La misma defensa alegó su compañero en el equipo azulgrana, Leo Messi, quien fue juzgado y condenado a 21 meses de cárcel por delito fiscal.
Para la Audiencia Nacional, los acuerdos firmados en 2011 entre el Barça y Santos para transferir a Neymar no respetaron "el libre mercado del fichaje de futbolistas".
El club catalán firmó con los contratos con Neymar y la empresa de sus padres, N&N, para garantizar su pase en 2014.
Pero para el tribunal, estos contratos impidieron a otros equipos presentar una oferta, violando así las reglas del libre mercado.
Asimismo, a su juicio la intervención de Bartomeu es "nítida" porque era entonces vicepresidente del club "con responsabilidad directiva en el ámbito deportivo, al igual que el presidente" Sandro Rosell, a quien reemplazó en 2014, según el auto en el que rechazó un recurso de Bartomeu contra su procesamiento.
Ambos dirigentes podrían haber cometido un delito porque tomaron la decisión de firmar esos contratos "sin informar a la junta directiva (del Barcelona), ni al Santos, ni a DIS", agregó la justicia.