Michael Hudson, Sin Permiso
A medida que se ahonda la crisis bancaria europea, la crisis fiscal de Grecia y de España se difunde por Europa y la economía estadounidense se encalla, el grueso de las discusiones sobre el modo de estabilizar las finanzas nacionales parte del supuesto, según el cual sólo habría dos opciones disponibles: o la "devaluación interna", que consiste en encoger la economía por la vía del recorte del gasto público; o devaluación directa de la moneda (en los países que, como los europeo-orientales, aún no se han sumado al euro).
¿Devaluar la moneda?
Los países bálticos, entre otros, se han negado a la devaluación de la moneda, aduciendo que eso podría retrasar su ingreso en la Unión Europea. Lo cierto es que, dado que el grueso de sus deudas están denominadas en euros –los acreedores son sobre todo bancos extranjeros, o sus filiales locales—, la devaluación dispararía el servicio de la deuda, lo que provocaría un incremento de las moras, así como más quiebras técnicas en el sector de los bienes raíces. La devaluación causaría también el aumento del precio de la energía y de otras importaciones esenciales, agravando el encogimiento de la economía.
Huelga decir que los Estados soberanos pueden redenominar todas sus deudas en la moneda nacional aboliendo la "cláusula exterior", como hizo el presidente Roosevelt cuando, en 1933, abolió la "cláusula del oro" en los contratos bancarios estadounidenses. Eso significaría pasar el problema de los malos préstamos a los bancos extranjeros, señaladamente a los suecos y austriacos, que suscribieron los préstamos que ahora van por mal camino. Pero al grueso de los dirigentes gubernamentales la devaluación de la moneda les resulta tan impensable de entrada, que no parece quedar sino una alternativa: un programa de austeridad fundado en los recortes fiscales.
La exigencia de austeridad fiscal
La UE, el FMI y los grandes bancos exigen a los gobiernos la búsqueda de excedentes fiscales por la vía de recortar los programas de pensiones y seguridad social, asistencia sanitaria, educación y otros gastos sociales. Los bancos centrales tendrían que reforzar la austeridad reduciendo el crédito. Se supone que los salarios y los precios caerán proporcionalmente, lo que permitiría a las economías en proceso de encogimiento "labrarse un camino para salir de la deuda" gracias a un excedente comercial que les permitiría ingresar los euros necesarios para lidiar con las gigantescas deudas hipotecarias generadas por la burbuja inmobiliaria posterior a 2002, viniendo la nueva deuda del banco central en apoyo de la tasa de cambio.
Los Estados bálticos han adoptado el programa de austeridad monetaria y fiscal más extremo. Los recortes en el gasto público y las políticas monetarias deflacionarias han producido en los dos últimos años un encogimiento de las economías lituana y letona superior al 20%. Los niveles salariales en el sector público letón han caído un 30%, y el banco central ha manifestado su esperanza de que el encogimiento salarial prosiga y rebaje también los salarios en el sector privado.
Los costos de la austeridad fiscal
El problema es que la austeridad provoca huelgas y paros, que se traducen en reducciones del mercado y de la inversión interiores. Crece el desempleo y caen los salarios. Lo que trae consigo el desplome de la recaudación fiscal, porque el sistema fiscal letón descansa casi exclusivamente en los trabajadores asalariados. La mitad de la nómina salarial se destina al pago de un exorbitante conjunto de impuestos de tasa única, que representan más del 51%, mientras que el IVA absorbe otro 7% del ingreso personal disponible. Sin embargo, el banco central declara a bombo y platillo que la caída salarial es un éxito, y clama por ulteriores descensos.
Los precios inmobiliarios se han desplomado también, hasta un 70%. La mora hipotecaria se ha disparado por encima del 25%, y aumentan los impagos. El centro de Riga y el barrio costero residencial de Jurmala rebosan de carteles: "en venta", "en alquiler". La caída de los precios ata a los hipotecados propietarios a su propiedad. Por otra parte, la práctica inexistencia de impuestos a la propiedad (una tasa nominal que en la práctica ronda el 0,1%) ha permitido a los especuladores mantener las propiedades sin necesidad de alquilarlas.
Cerca de un 90% de las deudas hipotecarias letonas están contraídas en euros, y la mayoría de ellas son con bancos suecos o con filiales locales de los mismos. Hace unos años, los reguladores bancarios urgieron a los bancos a pasar del préstamo fundado en un colateral (en el que la propiedad respaldaba a la hipoteca) al préstamo "fundado en el ingreso". Se animó a los bancos a insistir en los créditos concedidos tuvieran la cofirma del mayor número posible de familiares: padres e hijos, incluso tíos y tías. Eso permite a los bancos vincular a la deuda los salarios de las partes cofirmantes.
El paso siguiente es el desahucio de la propiedad. Los reguladores bancarios sólo se preocupan de la solvencia bancaria –de un sistema bancario en manos extranjeras—, no de la del conjunto de la economía. Su modelo es Estonia, que combinaba en 2009 unas finanzas estables con un encogimiento de la economía rayano en el 15%, lo que le valió el pasado mes la promesa de la entrada en Eurolandia.
Resultado: en vez de que el sistema bancario trabaje para la economía, Letonia y otras economías postsoviéticas gestionan su vida económica para mantener la solvencia de los bancos. Como si realmente se esperara que la endeudada población gastara el resto de su vida en pagar para salir de la quiebra técnica [la deuda contraída supera el valor actual de los activos hipotecados; T.] en que la han hundido los malos préstamos.
Eso está causando tal caos, que algunos propietarios de empresas emigran para escapar de sus deudas. El diario Diena publicó recientemente un artículo sobre una mujer de medios modestos residente en una ciudad letona de mediano tamaño, Jelgava. Luego de contratar una hipoteca por valor de 40.000 lats (unos 55 mil euros), perdió su trabajo. El banco se negó a renegociar la hipoteca y subastó su propiedad por apenas 7.500 lats, dejándola todavía con una deuda d 30.000 lats, a pagar devengándolos de sus ingresos futuros.
El préstamo hipotecario destinado a hinchar la burbuja inmobiliaria permitió la financiación del déficit comercial. Esto ha llegado a su fin. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria hace dos años, el préstamo euro-hipotecario suministraba los recursos exteriores para cubrir el déficit comercial letón. Ahora, el banco central toma prestado de la UE y del FMI, a condición de que el préstamo se use exclusivamente para sostener la moneda, a modo de colchón. Lo que parece autodestructivo, porque la deflación monetaria causará desórdenes financieros, agravando la crisis de la mala deuda y estimulando las fugas financieras. Ni devaluación interior ni austeridad fiscal: la izquierda tiene una Tercera Opción, la reforma radical del sistema fiscal
¿Pueden salir reelegidos los gobernantes que promueven este tipo de políticas? En Letonia y otras economías del Este europeo, los partidos políticos están comenzando a armar una Tercera Opción, una alternativa a la devaluación, al encogimiento de la economía y al desplome del nivel de vida.
Esa Tercera Opción pasa por la reforma del sistema fiscal. Arranca de la constatación de un hecho: la exacerbada fiscalidad sobre el empleo –superior al 51%-- significa que los salarios que se llevan a casa son menos de la mitad de lo que los empresarios les pagan. Letonia dispone del trabajo peor remunerado de la Europa septentrional, y sin embargo, proporcionalmente, es el de mayor coste para los empresarios. Y para hacer peores las cosas, los impuestos a los bienes raíces son sólo una fracción del 1%. Eso fue un factor de la mayor importancia a la hora de hinchar la burbuja inmobiliaria. El valor no fiscalmente gravado del suelo va a parar a los bancos, quienes, a su vez, prestan a destajo sus ingresos hipotecarios con el fin de seguir disparando al alza los precios de las propiedades inmobiliarias, lo que cual, a su turno, fuerza a los gobiernos a aumentar los impuestos sobre los salarios y las ventas, lo que genera un aumento del costo del trabajo y del precio de los bienes y servicios. Similares impuestos planos o te tipo únicos sobre el trabajo y sobre la pequeña propiedad se han convertido en plaga en todo el boque ex-soviético desde 1991.
Lo bueno es que este deforme sistema fiscal deja margen substancial para desplazar las cargas fiscales sobre el empleo hacia las rentas de "barra libre", incluidas las rentas sobre el valor del suelo, las rentas monopólicas y la riqueza financiera. Ahora mismo, esas rentas están exentas –"libres"— de impuestos: van a parar a los bancos.
La economía letona puede hacerse más competitiva simplemente liberándola de la carga gemela que significan unos salarios pesadamente gravados fiscalmente y unos precios inmobiliarios hinchados por un eurocrédito fácil. Dispone de un ancho margen para reducir el costo del trabajador para las empresas, hasta en un 50%, sin reducir los salarios que se llevan los trabajadores a casa. Un desplazamiento de la carga fiscal así, del trabajo al valor rentista de los bienes raíces, reduciría el coste del empleo sin necesidad de reducir los niveles de vida, y todo ello sin poner en peligro las finanzas públicas.
Rebajar los impuestos sobre los salarios reduciría el coste del empleo sin reducir ni el salario que los trabajadores se llevan a casa ni los niveles de vida. Incrementar los impuestos a la propiedad, por otra parte, dejaría menos valor subsistente para que ser capitalizado en los préstamos bancarios, lo que permitiría guarecerse del endeudamiento futuro.
Aprender de Hong Kong
Una política de este tipo fue la que anduvo detrás del auge económico de Hong Kong: el ejemplo que los dirigentes letones esperan emular como enclave de servicios bancarios y centro tecnológico internacional (como lo era la propia Letonia en los tiempos soviéticos, antes de 1991). Hong Kong promovió su despegue económico a partir, fundamentalmente, de los impuestos al valor rentista del suelo, lo que le permitió minimizar los impuestos al empleo (que actualmente significan sólo un 15%).
Desplazar la carga fiscal del trabajo al valor rentista del suelo mantendría, además, a la baja el precio de la vivienda y de los espacios comerciales, porque el valor rentista gravado no podría seguir siendo reciclado en forma de nueva hipotecas.
Ese desplazamiento fiscal presionaría también a la baja los precios de las propiedades inmobiliarias, porque el valor rentista gravado no quedaría disponible para que los bancos pudieran capitalizarlo en forma de préstamos hipotecarios. La vivienda en economías de deuda apalancada, como los EEU, Gran Bretaña [y España] absorben normalmente el 40% del presupuesto familiar [en España, cerca del 45%; T.]. Reducir esa proporción al 20% --como en la economía alemana, mucho menos endeudada, y en la que el préstamo ha procedido de manera harto más responsable—, permitiría gastar los ingresos salariales en bienes y servicios, y no en el servicio de la deuda hipotecaria. Lo que, así, daría mayor margen para la moderación salarial, sin necesidad de recudir los niveles de vida. Eso significa que los letones y otros países de la Europa del Este no están obligados a sacrificar la economía en el altar de la eurodeuda; no necesitan someterse ni a la devaluación de su moneda ni a programas de austeridad.
Desplazar a la propiedad del suelo la carga fiscal ahora soportada por los trabajadores reduciría el costo de la vida de los letones, rebajando el precio de la vivienda y de los espacios comerciales. La renta económica –ingresos sin los correspondientes costos de producción— sería transferida al Estado como base fiscal, en vez de quedar "libre" para que los bancos puedan capitalizarla en forma de forma de préstamos hipotecarios. Los precios de las propiedades están determinados por el volumen del préstamo bancario, de manera que gravar fiscalmente el valor rentista del suelo (no los legítimos retornos de las mejoras de construcción y capital) reduciría la tasa de capitalización, manteniendo bajos los precios de la propiedad inmobiliaria.
Conclusión
En resumidas cuentas: el problema de la deflación monetaria ("devaluación interna") es que deja intactas las disfuncionales estructuras fiscales existentes. El asunto principal en los años venideros, y no sólo en la Europa del Este, será éste: si las economías pueden liberarse a sí propias de la carga gemela representada por unos salarios pesadamente gravados fiscalmente y unos precios inmobiliarios hinchados, y si pueden hacerlo evitando una sobredosis de austeridad, de todo punto innecesaria. Se precisa un cambio en la estructura fiscal, un cambio conforme a las líneas que la mayoría de los países occidentales esperaban ver hace ahora un siglo.
Objetivo: hacer más competitiva la economía minimizando el coste de la vida y de los negocios. La Tercera Opción sirve al propósito de alinear los precios de la propiedad inmobiliaria y los precios monopólicos con los costos necesarios de producción. Gravar fiscalmente la formación de precios en el "vacío", muy por encima del valor del costo, fiscalizar, esto es, la renta económica, fue parte integral del republicanismo "original" [1] de Adam Smith y de John Stuart Mill, y en realidad, de todos los economistas políticos, desde los fisiócratas hasta los reformadores de la Era Progresista. [2]
La contienda política en las elecciones parlamentarias nacionales previstas para el próximo mes de octubre se librará, y por mucho, en torno del programa económico de desarrollo Renovación Letona, patrocinado por el Centro de la Armonía, la coalición de los partidos de izquierda. En la última reunión anual –29-30 de mayo de 2010—, los dirigentes del partido empezaron a trabajar, a fin de concretar la alternativa sobredicha en leyes e iniciativas legislativas y de trazar el mapa del valor del suelo letón.
NOTAS T.: [1] Siguiendo un uso idiosincrático de la palabra "liberalismo" en los EEUU de la segunda mitad del siglo XX, Hudson habla aquí de "liberalismo original". En Europa y en América Latina, en cambio, la palabra "liberalismo" sigue refiriendo a un fenómeno político antidemocrático del siglo XIX (la palabra se inventó en la España de 1812), y apunta al desempeño de partidos –los partidos "liberales"—, activos sólo bajo monarquías meramente constitucionales –no parlamentarias, salvo, luego, la británica--, y desconocidos en regímenes republicanos como los de los EEUU, Francia y la Argentina. Así pues, hemos traducido a la europea por "republicanismo original". [2] En EEUU se conoce por Era Progresista a la vigorosa reacción democrática de comienzos del siglo XX, que siguió a la Era de la Codicia posterior a la Guera Civil norteamericana, en la que campaban por sus respetos los famosos "barones ladrones" (Rockefeller, Vanderbilt, Stanford, etc.) y políticos como el presidente Rudolf Hayes, que llegó a declarar que su gobierno era de empresarios y para empresarios.
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Michael Hudson trabajó como economista en Wall Street y actualmente es Distinguished Professor en la University of Misoury, Kansas City, y presidente del Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Su dedicación a los problemas de las economías postsoviéticas, y especialmente la letona, le ha llevado a ser comisionado recientemente, por parte de la coalición de izquierda letona Centro de la Armonía, como economista jefe de la Reform Task Force Latvia, un think tank encargado de elaborar una política económica alternativa para ese país báltico. Es autor de varios libros, entre los que destacan:Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (nueva ed., Pluto Press, 2003) y Trade, Development and Foreign Debt: How Trade and Development Concentrate Economic Power in the Hands of Dominant Nations (ISLET, 2009).
Tomado de Sin PermisoUna mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización