A veintiocho días consecutivos de inéditas protestas que se han extendido por toda Nicaragua en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo —sumando más de medio centenar de muertos por la represión oficial y al menos cien millones de dólares en pérdidas económicas durante las primeras semanas—, todas las salidas apuntan a una misma conclusión: Ortega y Murillo deben dejar el poder. En cuánto tiempo lo hagan y a qué costo, depende de ellos, aunque diversos analistas coinciden en que la pareja presidencial no da señales de tener voluntad política.
A la espera del diálogo nacional, que se instalará este miércoles, con la mediación de la Conferencia Episcopal, se barajan al menos tres escenarios para la salida de esta crisis.
Cortesia de: TN8
Este lunes, a escasas horas del plazo establecido por los obispos para que el Gobierno respondiera a los requerimientos mínimos para el diálogo, el Gobierno cedió con aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).
Sin embargo, mientras los obispos anunciaban el inicio del diálogo, en Sébaco (Matagalpa) y otras ciudades del Norte los pobladores denunciaban la represión oficial, incluyendo el ataque a una parroquia. Los obispos insistieron en el llamado a que cese la represión.
Los escenarios y sus condiciones
El primero de los escenarios es la promesa de justicia y la negociación de reformas electorales e institucionales, que garanticen elecciones libres y transparentes en 2021. En este escenario habría una condición de que ninguno de la pareja presidencial va a reelegirse, aunque sí concluirían su mandato, para el cual restan más de tres años y medio. Sin embargo, en la calle la población ha gritado alto y claro: “¡Que se vayan!”.
El segundo escenario implica acciones de verdad y justicia con reformas electorales, institucionales y constitucionales que conduzcan a la convocatoria de elecciones anticipadas, reduciendo el período presidencial de Ortega y Murillo.
El precedente más reciente en la historia del país, son las elecciones del 25 de febrero de 1990, en las que Ortega —con todo y su campaña del gallo ennavajado— fue derrotado por Violeta Barrios de Chamorro. Originalmente, las elecciones estaban previstas para noviembre de ese mismo año, pero Ortega redujo su período presidencial a través de una reforma constitucional en 1989.
El tercer escenario es el más costoso de todos. Si el diálogo fracasa, se corre el riesgo de que ante nuevas y mayores protestas se desate más represión. Los analistas estiman que estas condiciones empujarían una salida abrupta de la pareja presidencial, pero también dependerá del papel que puedan desempeñar otros actores, como el Ejército de Nicaragua, que este sábado reiteró su apego a la Constitución Política en un comunicado oficial, en el que se comprometen a ¨no reprimir las protestas pacíficas¨.
¿Puede haber borrón y cuenta nueva?
¿Podría el Gobierno mantenerse en el poder con el apoyo del Ejército y la Policía, ofreciendo concesiones económicas al sector privado? El analista político y experto en Derecho Constitucional, Julio Icaza Gallard, considera que mantener el Gobierno tal cual hasta 2021 —únicamente con la garantía de no reelección—“no es alternativa”.
“Sería equivalente a más protesta y más represión”, valora.
El abogado y economista Edmundo Jarquín sostiene que “ya no hay más capacidad de estabilidad autoritaria y represiva”, por los altos costos humanos y económicos.
Durante los últimos cuatro días, al menos media docena más de nicaragüenses se han agregado al saldo mortal de la represión oficial.
El excandidato presidencial argumenta que “las bases de la sustentación estructural que ha tenido el régimen están en crisis y no puede volver a recuperarlas”. Se refiere a la alianza con el sector privado, la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, el control de la población a través de las fuerzas de choque, el control directo o indirecto de los medios de comunicación a través de la censura o autocensura, la credibilidad de la Policía y el que hasta ahora Ortega estaba fuera del radar de la comunidad internacional.
Jarquín insiste en que “con Ortega ya es imposible pensar en que pueda haber la combinación de estabilidad y crecimiento económico” y cita que “basta ver lo que ha ocurrido con el turismo y el clima de inversión”, severamente afectados en los días recientes.
Añade que la política de diálogo y consenso con los sectores gremiales y empresariales “fue herida de muerte por la matanza de jóvenes y estudiantes”.
Y además alerta que “el uso de las fuerzas de choque del orteguismo, con la complicidad de la Policía, solamente echaráncombustible a la hoguera de represión y protesta, y acentuará la incertidumbre”.
¿Elecciones? ¿Y quién convoca?
El constitucionalista Icaza Gallard coincide en que la mejor salida son “elecciones anticipadas con cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE)y la Ley Electoral para garantizar elecciones limpias y observadas”. Una condición inédita bajo el régimen actual.
El analista opina que “la disyuntiva en el marco de esta opción está en quién convoca a esas elecciones: si es Ortega o un gobierno provisional”.
Icaza explica que eso dependería de la composición del nuevo CSE y las garantías de un proceso limpio.
Aunque con sus atribuciones al mínimo, el Gobierno de Ortega mantiene a la fecha en su cargo de presidente del CSE, al magistrado sancionado en diciembre por los Estados Unidos, Roberto Rivas, señalado por corrupción y violación de los derechos humanos, y quien tras más de veinte años en el Poder Electoral ha orquestado al menos cuatro fraudes electorales durante la última década.
“Está claro que si antes del 19 de abril a Ortega le era difícil ganar una elección sin fraude, después de esa fecha es casi imposible e implica su salida del poder”, advierte Icaza.
El analista no descarta que Ortega “tratará de conceder los mínimos cambios, buscando la prolongación de las negociaciones ad nauseam, esperando el cansancio y agotamiento de la protesta ciudadana y llevando a cabo una represión más selectiva”.
Jarquín, por su parte, descarta que Ortega elija una renuncia voluntaria y sostiene que tampoco cabe esperar a que la Asamblea nombre en relevo a alguien de su seno, “porque está bajo el control absoluto (del régimen) y sin credibilidad”.
“El adelanto de las elecciones es totalmente posible, como fue el precedente, con la misma Constitución, del adelanto de las elecciones en 1990”, recuerda.
Ortega tiene salida constitucional
El comandante Daniel Ortega tiene varias opciones para su salida constitucional del Gobierno, aunque no muestre voluntad política.
El constitucionalista Gabriel Álvarez explica que cabe la renuncia y el adelanto de elecciones con una reforma parcial a la Constitución Política, que tomaría un mínimo de dos legislaturas.
Si hubiese voluntad, añade que la misma se podría aprobar ahora en sesión ordinaria y ratificar a principios de 2019 incluso en una sesión extraordinaria. Conseguir los votos no sería un obstáculo, porque el Gobierno cuanta con la mayoría calificada.
Pero valora que en lugar de estudiar estas salidas, en un acuerdo político que depende de Ortega, el Gobierno más bien “está siendo muy irresponsable”, recrudeciendo la represión que sigue aumentando la lista de muertos y heridos.
De cara a unas elecciones adelantadas, el jurista estima que la reforma parcial también bastaría para definir si las mismas se realizarán bajo el actual Gobierno o un gobierno provisional, pero sostiene que su convocatoria debe ser creíble y transparente.
Por ahora, Álvarez descarta la necesidad de una Asamblea Constituyente, pues sostiene que el problema urgente no es la redacción de una nueva Constitución, sino responder a la demanda ciudadana que ha dicho “basta ya” al régimen Ortega – Murillo.
Durante un panel en el programa de televisión Esta Semana, Álvarez explicó que la reforma a la Constitución debería incluir la reducción de los períodos de gobierno, incluyendo presidente y vicepresidenta, diputados, alcaldes y demás autoridades locales. La Asamblea Nacional actual también se encargaría de la renuncia y relevo de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral y las autoridades de la Fiscalía General de la República y entre otros.
A juicio de Álvarez, la propuesta de mantener el Gobierno actual hasta 2021, “la impulsan los mismos sectores empresariales que han venido impulsando y sosteniendo el modelo roto de diálogo y consenso”.
“Sencillamente el pueblo, el país, la economía, la viabilidad de la gobernabilidad, la absoluta falta de legitimidad hace que sea ingobernable y lo que va a haber es una fragmentación social, un vacío de poder profundizado y no va a ver ninguna posibilidad de recuperar institucionalmente, como aún se puede hacer en este momento”, advierte.
Garantías mínimas para la CIDH
La también jurista experta en Derecho Constitucional y representante para el diálogo nacional por la sociedad civil, Azahálea Solís, sostiene que la crisis de Nicaragua “no aguanta hasta 2021”, porque las acciones del Gobierno “están apuntando a una deriva muy costosa”, mostrando también una alta incapacidad política y moral.
“Hablaron de Dios y lo que recetaron fue plomo”, comentó en relación a la represión registrada en Masaya, Chinandega y Matagalpa el fin de semana reciente, a pesar de que el Gobierno dijo el viernes que “acogía” los cuatro requerimientos de los obispos.
A propósito de la CIDH, Solís sostiene que hay pasos indispensables para que la Comisión haga su trabajo, como sustituir a todas las autoridades del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia.
¨Esos son dos pasos indispensables para que la CIDH pueda tener una mínima viabilidad de ejecución”, dijo Solís, para quien “no se puede refundar la República sobre la impunidad” y aclaró que “el pueblo de Nicaragua no quiere venganza”, sino justicia.
¿Y el Ejército?
Si las salidas negociadas fallan, “Ortega puede prolongarse en el poder solamente con un enorme costo humano y económico”, advierte Jarquín, y a su juicio, “es de esperar que el Ejército, fiel a su mandato constitucional, no se deje arrastrar a la represión”.Sin embargo, el consultor civil en temas de seguridad, defensa y gobernabilidad democrática, Roberto Cajina, no es tan optimista al respecto.
“Se debe considerar el carácter conservador de las instituciones militares preocupadas más por su sobrevivencia”, advierte Cajina, y agrega que “es preciso considerar que los militares han estado, por sus propios intereses institucionales, alejados de los problemas políticos, bajo el argumento que los problemas políticos deben resolverlos los políticos”.
—¿De qué depende un cambio de actitud en el Ejército?
—Es difícil de prever, respondeCajina, y recuerda que “los intereses corporativos del Ejército se cruzan con los del clan Ortega Murillo”.
“Las relaciones entre ellos no son políticas ni ideológicas, sino financieras. Eso es lo que los une, pero si la crisis del clan Ortega Murillo llegara a poner en peligro los (intereses) de los militares habría que replantearse la situación”, señala.
El portavoz militar, coronel Manuel Guevara, aseguró el sábado que el Ejército de Nicaraguano se involucrará en actos de represión a los ciudadanos que protestan contra el Gobierno.
Cerca de la medianoche del mismo día, el Ejército emitió un comunicado oficial en el cual lamentó la “violencia” de los últimos días y respaldó el diálogo como “la única ruta que evitará acciones irreversibles a nuestro pueblo, a nuestra economía, al desarrollo nacional y a nuestra seguridad”, aunque no usó las mismas palabras emitidas antes por el coronel Guevara.
Saúl Verde, de la Coalición de estudiantes universitarios, sostuvo durante el panel de Esta Semana, que la represión no ha cesado, y añadió que los jóvenes no confían en el Ejército, tras recordar la discrecionalidad abierta con la Ley de Seguridad Soberana, aprobada en diciembre de 2015.
Verde cree que el incremento de la delincuencia, los saqueos dirigidos y el caos provocado desde las fuerzas de choque el Gobierno, que reporta la población, tienen como objeto argumentar una eventual intervención de la institución castrense.
Solís expresa que “esperaría que (los militares) no se metan. Que no se metan a dispararle al pueblo, que no se metan a vestirse con camisetas de la Juventud Sandinista, que no se metan a vestirse de antimotines, porque en esa deriva podrían perder”.
Téllez: “cero voluntad política”“En cualquier país, una crisis como esta hubiera conducido a una renuncia del Gobierno”, sentencia la comandante guerrillera Dora María Téllez. La excepción en Latinoamérica es Venezuela, sumida en una crisis política que ha causado escasez y hambre, bajo el control de Nicolás Maduro, ungido del chavismo y aliado de Daniel Ortega.
Téllez considera que en el Gobierno “no hay ningún interés en una salida pacífica y cívica”.
“Estaría muy fácil que él (Ortega) decida. Lo podría hacer, pero no lo ha hecho. Eso quiere decir que no tiene voluntad para salir del país e implica el uso de paramilitares armados con total impunidad, la masacre, saqueos, caos… Ortega quiere demostrar a los empresarios que solo él lo puede controlar, y claro que es así, porque él es quien lo provoca”, denuncia.
Sin embargo, la exguerrillera y también historiadora sostiene que a pesar de ver “cero voluntad política” de Ortega y Murillo, también es destacable que la sociedad tiene ante el diálogo nacional representantes “de una legitimidad sin precedentes”, que además tienen claridad y consenso sobre la agenda nacional: justicia, democratización y la salida del Gobierno. “Eso es inédito”, celebra.
Via: elconfidencial.com.ni