A los niños pobres de este país la crisis económica, de la que algunos aseguran eufóricos que ya hemos salido, les ha golpeado cinco veces más fuerte que a los niños ricos. Dicho de otra manera, mientras que en los años más duros de la crisis la renta de los niños ricos se reducía en un 6,5%, la de los niños del 20% más pobre de la población lo hacía en más del 32%. En ese mismo periodo, la brecha de la pobreza se ha agrandado y por ella se han colado 424.000 niños más que han pasado a engrosar las estadísticas de la pobreza infantil en nuestro país, que con nada más y nada menos que 1,6 millones de niños pobres es uno de los más desiguales de toda la Unión Europea.
Nada más lejos de la verdad que suponer que esa dura realidad es el efecto indeseado pero inevitable de una profunda crisis económica que ha alcanzado a todos los sectores sociales. En primer lugar porque – como demuestran estos datos de Save the Children y otras muchas estadísticas que podríamos traer aquí – los efectos de la crisis han golpeado con mucha más fuerza a quienes ya se encontraban en los últimos peldaños de la riqueza y, además, han empujado al fondo de las estadísticas a una buena parte de lo que hasta hace no mucho tiempo conocíamos como “clase media”, hoy muy tocada.
En segundo lugar, también es radicalmente falsa la inevitabilidad de las nefastas consecuencias de la crisis sobre la imprescindible cohesión que tendría que presidir una sociedad en la que impere un mínimo de justicia redistributiva de la riqueza. Un sistema fiscal como el español, escasamente progresivo y lleno de remiendos, apaños, rincones y gateras por el que se evaden y esquivan cantidades ingentes de recursos que deberían contribuir al mayor bienestar común posible, no es la mejor manera de luchar ni contra la pobreza ni contra la exclusión.
Añádamos a esa injusta política fiscal los inmisericordes recortes y copagos sanitarios y las restricciones del gasto en servicios sociales para cumplir con un déficit público leonino, y tendremos las causas centrales por las que España disfruta del dudoso honor de situarse a la cabeza de la desigualdad social de la Unión Europea. De hecho – dice Save the Children – el gasto en España para nivelar la desigualdad social se codea con el de Bulgaria o el de Eslovaquia y está a años luz del de Alemania, Dinamarca o Finlandia.¿Cómo pueden entonces salir esos niños de la pobreza si no hay suficientes políticas públicas de protección de la infancia y si la mayor parte del empleo que la economía genera para sus padres es de tan escasa calidad y con salarios tan bajos que, en el caso de que alcancen un trabajo, ni siquiera les permitirá salir de pobres?
Un país que no hace todo lo necesario para reducir desigualdades sociales tan clamorosas como las que padecen los niños españoles es un país que dilapida de forma irresponsable una parte esencial de su propio futuro. Los poderes públicos tienen la obligación irrenunciable de aminorar al máximo la creciente brecha de la pobreza para revertir esta situación injusta, más injusta si cabe cuando quien la padece es la parte más débil e indefensa de la sociedad.