Niños y adolescentes a la cárcel: ingresó a Diputados el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 13 años. "Régimen Penal Juvenil" es el título que lleva el proyecto que indica cuál es la pena de imputabilidad, y establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido. Finalmente, Patricia Bullrich se salió con la suya, y logró que uno de sus caballitos de batalla, con la mano dura como telón de fondo, sea debatido en el Congreso: en las últimas horas ingresó a Diputados el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años.
Bullrich argumenta, para avanzar en su cruzada, que "en los últimos años se verificó un aumento de la delincuencia juvenil". Pese a las afirmaciones del oficialismo, las estadísticas los desmienten: la abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Claudia Cesaroni, catalogó directamente de mentira lo expresado por los funcionarios de Milei, y destacó: "En la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y 6 seis tenían 16 o 17".
En el siguiente link, invitamos a sumarse a la adhesión al siguiente pronunciamiento en defensa de las niñeces.
FRENTE A LA PROPUESTA DE RÉGIMEN PENAL PARA NIÑXS DE 13 AÑOS DE EDAD DECIMOS “EL LUGAR DE LAS INFANCIAS ES LA ESCUELA Y NO LA CÁRCEL"
Desde la Colectiva Feminista Federal por la Democracia y los Derechos Humanos rechazamos el proyecto de ley presentado por el gobierno de Milei y todos aquellos que centran el enfoque de seguridad en la baja de edad de punibilidad a los 13 o 14 años de edad.
Las estadísticas una y otra vez reiteradas por UNICEF y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran que la incidencia de adolescentes en delitos gravísimos es mínima, casi inexistente. Bajar la edad de punibilidad significa un claro retroceso, violentando los principios de no regresividad y de progresividad de los estándares internacionales de derechos humanos, y haciendo ingresar a niños, niñas y adolescentes en la órbita de la punición, lo cual debería ser la última respuesta del Estado frente a la comisión de un ilícito.
El Sistema de Protección Integral de derechos de niños, niñas y adolescentes basado en la Convención de los derechos del niño de 1989, con rango constitucional desde 1994, y la ley 26.061 del año 2005 exige al Estado el desarrollo de políticas públicas que aseguren el máximo goce de los derechos que les competen por su particular situación de ser personas en desarrollo y obliga a adoptar medidas de protección integral y excepcionales cuando su situación de vulnerabilidad así lo requiera.
Creemos que la baja de edad de punibilidad en medida alguna puede traer aparejada el pleno acceso a sus derechos, de manera que, con esta medida el Estado estaría incumpliendo las obligaciones que le son inherentes.
Mientras que los medios de comunicación presentan la figura de adolescente que delinque como el gran generador de la inseguridad ciudadana, las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia demuestran que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires los hechos gravísimos, como los homicidios, son cometidos sólo en un 5% por menores de edad, y sólo en el 1% por menores no punibles.
El aumento de recursos públicos debería orientarse al aseguramiento de condiciones de vida digna para niños, niñas y adolescentes, tal como lo ha señalado sistemáticamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el contrario, el Gobierno nacional niega a los comedores y merenderos de los barrios populares los alimentos necesarios para el sustento cotidiano, desmantela programas sociales de inclusión de la ex Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y se propone aumentar el régimen penal e invertir en más cárceles y fuerzas de seguridad.
La baja de edad de punibilidad no tiene incidencia en la problemática del delito, y solo servirá para profundizar el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez y adolescencia. Juzgar y encerrar a niños/as y adolescentes no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito.
Por eso decimos no a la baja de edad, a la vez que exigimos al Estado el diseño e implementación de políticas públicas en torno a la problemática, en consonancia con las exigencias del sistema normativo internacional.
Exigimos más escuelas y políticas de inclusión para las infancias y adolescencias, menos cárceles y represión.