Por Iris Alandia y Lilian Lima, desde Cochabamba
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, sobre la situación del trabajo infantil en Bolivia, señaló que en este país hay 850.000 niños y adolescentes trabajadores, cifra que representa el 28 % de la población de entre cinco y 17 años. De esa cifra, el 87 % se desempeña en oficios considerados peligrosos y un 77 % no es remunerado porque desarrolla actividades laborales familiares. Asimismo, UNICEF, que aboga por la abolición del trabajo infantil, estima de acuerdo con un reporte, 120.000 “trabajadores” de 7 a 17 años están empleados en el sector minero, sin la seguridad correspondiente y manejando materiales peligrosos. Estos datos muestran al país, como uno de los que cuentan con las mayores cifras de niñez trabajadora en Latinoamérica.
Es una inobjetable realidad, que en las zonas urbanas, cantidades importantes de niños, niñas y adolescentes, se ven obligados a realizar cualquier tipo de trabajo para mantener a su familia o aportar a la precaria economía familiar.
A pesar de ello, y los avances legislativos al respecto, la situación del Trabajo Infantil en Bolivia, demuestra en general la falta de políticas públicas orientadas no solamente a la protección de los derechos y las condiciones integrales de las niños, niñas y adolescentes trabajadores, sino también a políticas orientadas a mitigar las causas que ocasionan el trabajo infantil.
En días pasados, se hizo sentir la voz de un grupo de al menos medio centenar de niños y adolescentes trabajadores de Bolivia, que exigía que se reconozca, en el proyecto del Código Niño, Niña, Adolescente, sus derechos como trabajadores, reclamaron que este nuevo código que analiza el Legislativo no limite el trabajo infantil, al alegar que es de esa forma que ellos subsisten y ayudan a sus familias que viven en situación de pobreza. En concreto, exigieron que se anule un artículo del código que establece como edad mínima para trabajar los 14 años.
Ahora bien, la dinámica del trabajo infantil en el área rural, en general, y donde Global Humanitaria Bolivia tiene su área de acción, está sujeta además a los roles tradicionales, culturales; el rol productivo dentro de la familia y social en la comunidad. A diferencia del área urbana, es necesario considerar que en un contexto social, los núcleos de socialización, no se restringen solamente a la familia inmediata sino que se amplían a la familia extendida y a la comunidad.
Se considera que la participación de las niños, niñas y adolescentes en trabajos de siembra y cosecha, además de trabajo comunitario, es parte de la socialización comunitaria, que es un rol que se asume desde la temprana edad.
Culturalmente, estás acciones no se reconocen como explotación infantil, sin embargo, sí se plantea el reconocimiento de esta participación en el ámbito productivo.
Pero en un contexto más general, dadas las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que dependen de sus fuentes de ingreso, producto de múltiples oficios, las acciones, como la restricción de la edad mínima para trabajar, nos ha demostrado que éste tipo de prohibiciones lejos de resolver la situación de millones de niños trabajadores por el contrario tienden a profundizar sus niveles de exclusión y marginalización.
Por lo tanto, más allá de contemplar disposiciones, que colocan a la niñez boliviana en una situación de objetos de protección, es el deber del Estado y la sociedad civil adulta, garantizar su condición de sujetos de derechos; con igualdad de oportunidades para la presentación de propuestas que mejoren sus condiciones laborales actuales, les ofrezcan alternativas a mediano y largo plazo; y además se preocupen de los problemas estructurales, como causas de la explotación infantil. Es imperioso que los legisladores escuchen las voces de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, para que las futuras normas sean acordes con la realidad boliviana.