Este silencio climático político ha de romperse cuanto antes si queremos afrontar con cierta eficacia algunas de las consecuencias sociales y ecológicas más dantescas del cambio climático. El presente y futuro anunciado por los mejores datos científicos respecto a la crónica escasez y esquilmación de los bienes ambientales más básicos, no puede seguir dejándose en manos del mercado y el afán de lucro mercantil que lo mueve. Bien anacrónico, insolidario y despilfarrador resulta ser el consenso político practicado, tanto por las izquierdas y derechas políticas, ancladas como están en el dogma de dar prioridad al crecimiento de la economía física en un planeta finito. Lo que es todo un sueño imposible de realizarse en último término, ya que solo puede darse durante un breve lapso de tiempo y a costa de degradar irreparablemente muchas de las capacidades y metabolismos bioregenerativos básicos de la biosfera, que además sustentan la supervivencia humana. Ya no sirven los indicadores reduccionistas de este economicismo ecológicamente y socialmente suicida, que oculta sistemáticamente de sus cómputos los enormes daños ambientales generados por las políticas de crecimiento.
El cambio climático constituye una emergencia socio-ecológica local y global que exige unas respuestas políticas de una gran envergadura, acordes con la grave situación en la que estamos colectivamente atrapados. Las excusas para externalizar la responsabilidad del problema son muy diversas, aunque no es es cierto que la tragedia climática deba ser afrontada solo por otros, como puede ser el Gobierno, la Unión Europea, la ONU, las multinacionales, los técnicos y expertos, los ciudadanos individuales ... Contrariamente a la idea de que hay que priorizar primero las "necesidades sociales" y aplazar la lucha contra el cambio climático, lo cierto es que los posibles avances en bienestar y justicia social en el presente, tanto aquí como en otros lugares globalmente alejados, están intimamente relacionados con unos profundos cambios en las políticas climáticas. Solo serán posibles las mejoras conjuntas en bienestar y vida buena si se hacen rápidos giros en las formas en que producimos, consumimos y nos comunicamos, algo que implica cambios profundos en las políticas de nuestras ciudades, autonomías y nacionalidades. Los llamados "servicios públicos de calidad" que a menudo defendemos con ardor solo serán posibles si se acompañan de "calidad climática" en muchos ámbitos de intervención política, como son el energético, transportes, vivienda, industria, educación, sanitadad, consumo, agricultura, alimentación ... Precisamente los cambios guiados por la "suficiencia ecológica" frente a la abundancia sin límites y el despilfarro, son los que a la vez permitirían mayores cuotas de justicia en el reparto Norte-Sur y también menores desigualdades aquí.
La razón última es que en un planeta con recursos fisicos finitos y cada vez más degradados por la acción entrópica de origen humano, el imperativo del crecimiento de la tarta de la economía física como previo paso para conseguir un reparto más equitativo y mayor bienestar conjunto, es sencillamente una quimera peligrosa. En un planeta finito en materiales solo será posible reducir la pobreza y miseria mediante el alivio concomitante de la riqueza en sociedades sobredesarrolladas y sobreconsumidoras como la nuestra. Por ejemplo, acabar con la pobreza energética que sufren muchas personas y familias requeriría aliviar a la vez la irracional y alegre riqueza del sobreconsumo energético que nos rodea.
Además de ser una responsabilidad ética fundamental el concebir el clima como un bien común imprescindible del que dependen las sociedades humanas y el resto de la biodiversidad, las políticas climáticas pueden ser también el eje vertebrador del cambio social. Constituyen una oportunidad histórica de transformar el caduco modelo productivo heredado del crecimiento por el crecimiento para favorecer el bienestar conjunto y unos estilos de vida más justos, participativos y descentralizados, al tiempo que compatibles con la preservación y reparación ecológica de nuestra casa planetaria común y maltrecha. Lejos de ser un lujo para futuros tiempos de bonanza económica, las políticas climáticas, muchas de las cuales no cuestan nada o exigen poca inversión económica, habrían de marcar el camino contra la actual crisis económica y sus injustas consecuencias sociales.
Nada de esto sucederá si seguimos con las tímidas y débiles iniciativas en favor de la eficiencia o ahorro ambiental, las que se han implantado hasta ahora. Las pequeñas y aisladas iniciativas de eficiencia o ahorro energético solo constituyen unas gotas en el mar, como son las medidas de cambiar las bombillas del alumbrado, reducir la velocidad de circulación del tráfico o el instalar unas pocas placas solares en edificios públicos. A pesar de constituir avances positivos, están todavía a años luz de las medidas estructurales y transversales de choque que el cambio climático reclama.
Nos enfrentamos a un dilema de opciones, en el que hay que elegir entre el creciente desorden catastrófico causado por el cambio climático o el "lo cambio todo". A la vista está el fracaso rotundo de las políticas sectoriales del "medio ambiente", con resultados medibles y evaluables. Ya es tarde y no valen las embrionarias políticas climáticas encerradas en el "gueto ambiental", bien acotado, marginal y alejado de las prioridades políticas económicas y sociales del crecimiento en el contexto histórico en el que estamos. Lo que está en juego es el cambio de nuestros hábitos prácticos individuales y colectivos de despilfarro y sobreconsumo. Desgraciadamente, tampoco hay tiempo por delante para solo confiar en un aprendizaje cultural y el cambio de mentalidades, ya que el cambio cultural y educativo es muy lento y apenas puede ser programable ni controlable. Además, la desestabilización climática y sus múltiples aterradoras repercusiones en los ecosistemas, son ya muy visibles y más intensas y aceleradas de lo que se creía, según confirman las últimas previsiones de las comunidades científicas mejor informadas. Esta condición temporal reduce las posibilidades que tenemos para hacer los giros necesarios, el tiempo se acorta más y más. En consecuencia, se hacen más imprescindibles las decisiones políticas valientes y los cambios estructurales aquí y ahora, acordes con la altura del enorme reto climático. Se trata de prevernir lo peor y adaptarnos en lo posible a lo que nos viene encima sin remedio.
Los nuevos equipos políticos formados en los ayuntamientos y las autonomías tienen una clara responsabilidad por delante: salir cuanto antes de las declaraciones de principios retóricos en torno a la preocupación por el cambio climático. Han de establecer unos objetivos ambiciosos y vinculantes de reducción de CO2, pública y objetivamente evaluables. Las metas realizables como mínimo han de estar entre un 25% y 35% de reducciones para el año 2020 y en comparación con el año 2005. Han de estar respaldados por planes concretos en todos y cada uno de los ámbitos de gestión, afectando a instituciones públicas y privadas. Las políticas de suficiencia contra las del despilfarro se hacen necesarias y en lo esencial significan hacer mucho más con mucho menos. Por ejemplo, un objetivo deseable para el 2020, como es el de reducir el tráfico rodado al menos un 30% en los cascos urbanos, puede conseguirse mediante la peatonalización y grandes restricciones al espacio cedido a los coches privados, mediante peajes urbanos y tasas de circulación y aparcamiento de carácter estrictamente finalista (cuando los recursos así conseguidos se dedican a la mejora y ampliación del transporte público y de los específicos daños ambientales generados).
Son posibles y deseables los pactos con instituciones de todo tipo, como pueden ser las universidades, el comercio, las empresas, los sindicatos, para la adopción de compromisos concretos en la necesaria reducción del uso del coche, del consumo de energía, de agua y de muchos productos contaminantes generados a lo largo de todo el ciclo de actividades. Es urgente y realizable la reducción drástica y ejemplarizante de la dependencia pública y privada de la electricidad producida con combustibles fósiles. Además, los ayuntamientos y gobiernos autonómicos deben apuntarse al creciente movimiento internacional en favor de la desinversión financiera en los fondos y bancos que invierten en las empresas de los combustibles fósiles. Pueden ser muchas y muy innovadoras las políticas de justicia climática, como por ejemplo son la instauración de tasas turísticas finalistas dedicadas a proyectos climáticos, la creación de ventajas fiscales para la rehabilitación ecológica de edificios, los diseños bioclimáticos en instalaciones de todo tipo, los techos verdes y huertos urbanos, unos estrictos criterios de planificación urbana que pongan freno a la noria de la expansión urbanizadora, la conservación y el aumento de la permeabilidad del suelo y de los espacios verdes en los cascos urbanos. Existen muchas medidas más que pueden ser objetivables con indicadores y cuantificables, que mediante compromisos concretos entren en los campos de la bioconstrucción, la producción y el consumo ecológicos, el compartir y el "acceso abierto" al conocimiento y a las tecnologías climáticas, o como son otras diversas iniciativas sociales de la economía participativa del bien común.
Si se apuesta por un claro compromiso con la dura realidad del cambio climático, para facilitar el camino hacia la justicia climática los nuevos mandatarios municipales y autonómicos se verán obligados a tomar decisiones políticas difíciles y conflictivas. Se hace necesario el debate público y social para movilizar un amplio respaldo ciudadano. Para empezar habría que romper el silencio y la censura mediática instaurada sobre este problema civilizatorio que nos afecta a tod@s, humanos y no humanos, nacidos y nuevas generaciones que heredarán las peores consecuencias de nuestras acciones en el presente.
El cambio político será climático o simplemente no será.
Fuente: David Hammerstein. Ecoportal.net
C. Marco