El polémico ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, volvió a realizar declaraciones sobre la economía del país pero esta vez para dar malas noticias sobre la financiación del Estado, manifestando la preocupación que existe en el Gobierno actual con la situación fiscal de la Nación y las consecuencias que tendrá esto sobre algunos programas sociales existentes.
Esto lo anunció ante la Comisión Tercera del Senado, donde advirtió que el Presupuesto General de la Nación para el 2019, el cual fue presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos antes de su retiro, implica una cantidad de recursos que actualmente no se tienen.
De acuerdo Carrasquilla, el manejo monetario para este momento es óptimo y brinda tranquilidad, pero la situación fiscal es la que atrae todas las preocupaciones. En ese sentido, a pesar de no ser tan grave como lo ha sido en años anteriores, no existirán fondos suficientes para cubrir el financiamiento por completo de ciertos programas sociales como los subsidios de “Más Familias en Acción”, Programa de Alimentación Escolar o Icetex.
Según da a entender el Ministro, sí seguirán existiendo estos subsidios, pero los recursos que hay no dan para cubrirlos por completo como se venía haciendo. Exactamente por ahora es imposible asegurar quién saldrá afectado directamente. Eso sí, indicó que convocará a un acuerdo nacional para conseguir los recursos y así poder financiar todos estos temas totalmente.
Todo esto por varios motivos que incluyen la deuda pública, la cual ha sostenido un aumento desde el 2012 hasta la actualidad de 10 puntos del Producto Interno Bruto, esto sin contar con los $70 billones que aumentaron las vigencias futuras durante el mismo lapso, lo que conlleva que el país tendrá que acudir a las reinversiones o refinanciaciones de las deudas pues los ingresos económicos están siendo menores que los gastos.
Sumado a lo anterior, el pago del régimen subsidiado de salud que en este momento mantiene un déficit de 6 puntos del PIB, y los pagos de las sentencias judiciales en las que se ha fallado contra el Estado colombiano, también son cargos monetarios que deben asumirse. Adicionalmente la tasa de interés del 30 % que existe sobre las obligaciones judiciales, que se originó en las negociaciones de los pagos con quienes salieron beneficiados.
EFE