España es un curioso país. Esta noticia no sé bien si incluirla dentro del capítulo dedicado a la picaresca o publicar en el American Journal of Medicine los tratamientos de ciertos procesos en este nuestro país:
“La Junta de Andalucía no da con el paradero del empresario de Archidona (Málaga) Juan Jesús Cruz Sánchez, que se quedó con incentivos para la contratación y el mantenimiento de empleo de discapacitados. Entre sus víctimas, a las que no pagaba los salarios, se encuentran un joven tetrapléjico que contrató como repartidor de un semanario, un operario con la espina dorsal seccionada al que puso a descargar mercancías o una persona sorda encargada de atender las llamadas de teléfono.
Desde 2006 a 2010, la antigua Consejería de Empleo concedió unos 3 millones de euros en ayudas a dos sociedades vinculadas a Cruz Sánchez, Centro de Trabajo Andalucía Centro S.L. y Editorial Andaluza de Prensa y Revistas S.L. Antes de que concluyera el período de prueba, despedía a los discapacitados y luego los repescaba mediante la cesión de una a otra firma. Este subterfugio le servía para solicitar otro incentivo por presentar nuevos falsos contratos“.