"No es nada nuevo, forma parte de la estrategia aplicada desde el triunfo de la Revolución", sostuvo Arboleya, autor, entre otras obras del libro "El otro terrorismo: medio siglo de política de los Estados Unidos hacia Cuba".
Para el profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), "lo nuevo aquí es el uso de las tecnologías más avanzadas, en particular para las comunicaciones, con el propósito de desestabilizar al país y violar las leyes de Cuba".
Ello se corresponde con la llamada Guerra de Cuarta Generación que la administración norteamericana implementa en varias latitudes del planeta, ya sea Cuba, Medio Oriente, Ucrania y Venezuela, apuntó.
Según el experto, el programa Zunzuneo, revelado por la agencia Associated Press (AP), y concebido para crear una red de mensajería en Cuba mediante la plataforma de Twitter, está en consonancia con las denuncias del presidente Raúl Castro respecto a los planes de Washington para intervenir en este y otros países.
Arboleya considera que eso corrobora el papel protagónico del Departamento de Estado, la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) y el uso de empresas contratistas en el entramado para intentar derrocar a la Revolución cubana.
Al respecto opinó que las revelaciones de la AP sobre la red ZunZuneo resultan incriminatorias respecto a la misión que la Usaid encomendó al contratista estadounidense Alan Gross, detenido en Cuba en 2009 y condenado a 15 años de cárcel por introducir medios tecnológicos de comunicación al margen de la ley.
Creo que el gobierno cubano no es ajeno a estos planes, lo que explica las alertas recientes del presidente Raúl Castro, insistió Arboleya, premio Casa de las Américas 2013 con el ensayo "Cuba y los cubanoamericanos. El fenómeno migratorio cubano".
Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba afirmó ayer en una declaración que el reporte de la AP demuestra que la Casa Blanca no ha renunciado a sus planes subversivos.
Agregó que tales proyectos tienen como propósito crear situaciones de desestabilización para provocar cambios del ordenamiento político, un objetivo al que Washington continúa dedicando presupuestos millonarios anualmente.
Mientras, Estados Unidos negó que se tratase de una operación secreta contra Cuba, pero la cancillería de La Habana insiste en que ese gobierno debe respetar el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas y cesar sus acciones ilegales y encubiertas, rechazadas por su pueblo y buena parte de la opinión pública internacional.