Sorpresa. El país del sitio pirata de las películas que vemos en casa es Niue, un atolón con ínfulas de islita, adscrito a Nueva Zelanda. En 1996 un norteamericano (que no vive en Niue, por cierto) se hizo con los derechos del .nu y en 2003 se fundó la Internet Society of Niue, que ofreció a las autoridades locales convertir la cuasi isla en la primera nación wi-fi del mundo. Redondearon la oferta con una computadora gratis para cada niño. Nada espectacular; hablamos de una población de apenas 1300 habitantes.
La ironía es que el .nu genera enormes ganancias, mientras que los habitantes de Niue no solo no disfrutan de esas ganancias, sino que si desean conectarse desde su casa y no desde el único cibercafé de la isla, están obligados a pagar por la instalación y por el servicio.
Así me entero de otra curiosidad; la segunda extensión más utilizada en internet luego del .com corresponde a otro lugarcito en un rincón del Pacífico del que tampoco tenía noticias, un grupo de islotes de apenas once km cuadrados. Tokelau se llama este lugar cuyo dominio .tk eclosionó en 2009 al ofrecerse de forma gratuita y hoy es el hogar virtual de cientos de miles de sitios de dudosa probidad, aunque a diferencia de Niue, las ganancias administradas por el gobierno de la isla han beneficiado la infraestructura y los servicios..
La forma en que se gestionan los dominios geográficos de nivel superior (ccTLD) es muy diferente. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) ha dejado a discreción de cada país el quién y el cómo. Muchos países lo tienen privatizado, ya sea en manos de instituciones o empresas creadas al efecto, mientras que en otros es una entidad adscrita a un organismo estatal.
De curiosidad en curiosidad, los ccTLD (Country code top-level domains, dominios geográficos de nivel superios, que para mejor comprensión, es el nombre que reciben las extensiones que identifican a cada país o región geográfica, .cu para Cuba, .ru para Rusia, .mx para Mexico, etc.). Ambas formas de operar los ccTLD enunciadas en el párrafo anterior tienen ventajas y desventajas. Desregular las extensiones inclina la balanza hacia las empresas de mayor rentabilidad en detrimento de organismos, ONGs e instituciones con fines sociales y culturales. Disminuye la influencia de los gobiernos, lo cual puede gravitar negativamente en la soberanía de países con economías frágiles o en países jóvenes o pequeños. La administración regulada por el estado tiende a proteger los intereses sociales y culturales, una gestión exitosa puede ingresar ganancias que impacten positivamente en la vida nacional. Sucede también que las normativas gubernamentales para comprar un ccTLD resulten restrictivas o discriminatorias, amparadas en un reglamento deliberadamente vago para ser aplicado a discreción.
En el entorno latinoamericano, Argentina, el único país en ofrecer su sitio de forma gratuita y con millones de sitios de extensión .ar, en 2014 resolvió eliminar esa gratuidad para hacerlos de pago. En Chile y Nicaragua se administra a través de universidades públicas. En Guatemala es también una universidad, pero privada.
Regulados por el Estado, aparecen Uruguay a través de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), Venezuela con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y Cuba, mediante la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL).
Colombia es reflejo de un debate similar y vigente en otros países. Una empresa privada gerencia su ccTLD y opina que el hecho de que el 89% de los dueños de un sitio .co sean extranjeros radicados fuera del país, lejos de vulnerar la identidad nacional, internacionaliza a Colombia y lleva su marca al mundo entero. Lo que subyace en estos debates es que el mercado se imponga sobre los valores culturales y poco puedan hacer los gobiernos nacionales en defensa de su patrimonio intangible.
Pero en definitiva, ¿Quién gobierna internet? Cualquier observador recién llegado afirmaría que lo gobierna Estados Unidos. En su territorio radican las instituciones y la mayoría de los servidores destinados a organizar lo que de otra forma sería un caos. El ya conocido ICANN, que asigna los Nombres de Dominio (DNS) a las direcciones IP, tiene un contrato con el gobierno y radica en California. Empresas muy influyentes de Internet como Microsoft, Google o Amazon son también norteamericanas. Pero esa noción está por cambiar: para el mes de septiembre se prevé el proceso de transición de la custodia de IANA, la autoridad para la asignación de los nombres de dominio, que dejará de estar bajo la secretaría de comercio estadounidense para dar autoridad e independencia a ICANN.
A esta actual influencia asimétrica se contrapone el interés de otras partes que participan también de y en internet. Organizaciones internacionales como la del Comercio (OIC), la de la propiedad intelectual o la Unión Internacional de las Comunicaciones se han ido incorporando de conjunto con ICANN. El espacio virtual modifica la noción de soberanía, con peligro añadido para la igualdad y la diversidad; por lo que el término Gobernanza ha cobrado importancia en el diseño de las políticas, donde confluyen gobiernos, sociedad civil, empresas, académicos e innovadores técnicos.
De la misma forma que los innovadores técnicos han garantizado el protocolo de acceso a internet desde cualquier tipo de dispositivo de forma abierta; toca a la gobernanza establecer políticas aun cuando no lleguen a ser vinculantes, para garantizar la libertad de expresión e información, el acceso pleno y los límites del control.