HAY ELEMENTOS suficientes como para que el juez y el fiscal del caso Nóos presenten denuncias por coacciones y amenazas o al menos para que el instructor pida amparo al CGPJ. Ayer, un diario próximo al matrimonio Urdangarin publicó con escándalo imágenes de un encuentro de Castro con la abogada de Manos Limpias alegando que «comprometen la objetividad» del juez. Si ése es el rasero para medir la objetividad, habría que decir lo mismo de las múltiples reuniones informales con el fiscal o de sus almuerzos con los abogados de Torres y el propio Urdangarin. Podrá ser un estilo discutible, pero si un juez quiere reunirse con una parte con fines repudiables no lo hace en una terraza a la vista de todos. La cuestión no está en el contenido, sino en su captación y difusión, si consideramos que, como publicamos hoy, la Policía ha advertido a Castro de que ha sido seguido y el fiscal Horrach ha denunciado haber recibido anónimos amenazantes. Son asuntos turbios sobre los que planean las sombras de las cloacas del Estado y coinciden con el intento de llevar el caso a Valencia. Sería gravísimo que se estuviera usando dinero público para amedrentar al juez que instruye el caso de un familiar del Rey.
No es tan mala la coacción y amenaza al Magistrado que enjuicia a Urdangarían y presumiblemente a su esposa, como el hecho de que las cloacas del Estado financien una corruptela semejante cuyo único fin sería exculpar a un conseguidor poco elegante en la forma y en el fondo. No cabe la menor duda de que la verdad debe salir a la luz, tanto para recuperar la fe en la clase política como en la propia monarquía. Ser rey, en un país occidental como el nuestro, no deja de constituir un trabajo, un oficio, una profesión; la figura del monarca es una representación diplomática y apartidista de nuestro país y, cierto es, D. JUan Carlos la ha ejercido con dignidad y eficacia. Permitir ahora que se empañe esta labora tratando de evitar la condena de un culpable, no es propio de tan alta institución, y en este sentido, parece que el traslado de los autos a Sevilla, es un verdadero despropósito. El embrollo da alas a los republicanos y genera sentimiento de indiferencia en ciudadanos que hace poco tiempo defendían la monarquía.