El exdirector de la central, dos directivos y un inspector del CSN son imputados y se enfrentan a penas de 6 a 16 años de cárcel por el escape radioactivo
MARIA MORELL TARRAGONA 24/02/2011 01:00 Actualizado: 24/02/2011 12:18
La grave fuga de 2007 en Ascó I acabará en juicio
Más de 800 personas se sometieron a revisiones radiológicas por el escape de la central.ALBERT GEA
La jueza de Gandesa (Tarragona) citó ayer a declarar como imputados a los tres directivos de la central nuclear de Ascó I (Tarragona) y al inspector residente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por el escape de partículas radioactivas sucedido el 26 de noviembre de 2007, en la última noche de recarga de combustible de la planta. La central no lo notificó hasta el 4 de abril de 2008 y, en ese período de tiempo, no anuló ninguna visita programada. Más de 800 personas, entre ellas los alumnos de cuatro colegios, tuvieron que someterse a revisiones radiológicas. Todas dieron negativo.
El Fiscal de Medio Ambiente de Tarragona había denunciado de oficio el escape el pasado 4 de febrero y, en su escrito de 54 páginas, hacía constar que se cometieron "inaceptables negligencias" que desembocaron en la fuga "durante cuatro meses y sin ningún tipo de control" de centenares de partículas radioactivas.
La central ocultó la importancia del escape durante cuatro meses
Tras dos años y medio de investigaciones, el fiscal concluyó que un operario novel vertió un bidón de agua contaminada a la piscina de combustible gastado desde tan lejos, por miedo a salpicarse o caer, que parte del agua se filtró por los sistemas de ventilación y de allí al exterior. Los sistemas de emergencia, que hubieran retenido las partículas, estaban desactivados y se habían alterado los umbrales de los sensores.
La central, propiedad de Endesa y gestionada por la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), destituyó al director poco después de conocerse el escape, aunque lo mantuvo en otro puesto de trabajo en la mismas instalaciones nucleares. El jefe de explotación y el inspector residente del CSN siguieron desempeñando sus mismos cargos.
Cúmulo de delitos
La jueza considera abierta la vía de la responsabilidad civil de la empresa
La jueza Laura Martínez imputa los delitos de "exposición a radiaciones ionizantes por imprudencia", otro delito "ecológico genérico" contra la "seguridad del trabajo" y otro de "falsedad documental" a Rafael G. P, director de Ascó en aquel entonces; a Francesc G. T, jefe del servicio de protección radiológica de la central en noviembre de 2007; y a Jordi S. R, jefe de la explotación. Además, imputa a Antonio G. R., inspector residente del CSN, un delito de "exposición a radiaciones ionizantes por imprudencia" y otro delito "ecológico genérico". Las penas oscilan entre los 6 y los 16 años de cárcel. Los imputados declararán el 21 y el 25 de marzo.
La jueza requirió ayer una exhaustiva documentación para investigar las circunstancias y el alcance de la fuga, y pidió que tres peritos independientes emitan un informe sobre el riesgo para las personas y el medio ambiente que supuso el escape. También ordenó a la Inspección de Trabajo otro informe sobre la falta de medidas de seguridad para los trabajadores entre el 26 de noviembre de 2007 y el 22 de abril de 2008. Incluso hizo constar la chaterrería de Reus, a más de 60 kilómetros de Ascó 1, cuyos sistemas de seguridad detectaron una partícula radioctiva.
La jueza ha establecido un plazo de cinco días para recibir todos los informes sobre el control de monitores, las mediciones radiológicas y los procedimientos de vigilancia, datos sobre la empresa que montó y desmontó los tubos del sistema de ventilación, y cuántas partículas se hallaron.
Los delitos son de daños ecológicos y laborales, falsedad e imprudencia
En sus diligencias, la jueza también requirió al propio presidente del CSN que presente los informes mensuales de explotación de Ascó 1, y reclamó al subdirector de Energía Nuclear los datos sobre el impacto radiológico en los trabajadores.
También citó a declarar, en calidad de testigos, al actual director de la central y a varios jefes de distintas unidades en el período del escape, a los operadores de la sala de control y a los operarios del turno de noche, así como a los inspectores del CNS que actuaron con la "finalidad de delimitar el contenido de sus intervenciones".
Gesto a los perjudicados
El auto contempla la posibilidad de una acción legal de los perjudicados
Por otra parte, la jueza Martínez dispuso que se ofrezca a los perjudicados la posibilidad de emprender acciones legales, con el comentario añadido de guardar "la máxima reserva sobre la identidad de los mismos y especialmente sobre los menores". Asimismo, también ordenó abrir una pieza separada de responsabilidad civil para que la ANAV o el CSN presten una fianza "solidaria". Ambos organismos declinaron ayer valorar la decisión judicial.
Sí lo hizo la organización ecologista Greenpeace, que recibirá la notificación de las diligencias igual que el parlamentario catalán Joan Herra (ICV) por haber denunciado la fuga a la Fiscalía. "Denunciamos una vez más que las centrales nucleares no son seguras y que el lobby energético quiere pasar de puntillas por todos los incidentes. Pedimos la máxima contundencia a la justicia", dijo ayer un portavoz de la organización ecologista.
Se da el caso de que Greenpeace destapó antes que el propio CSN la emisión de partículas radioactivas al exterior. El CSN clasificó primero el incidente como nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Notificables (INES), organizado en siete niveles, y posteriormente lo reclasificó a nivel 2 por la opacidad demostrada por los titulares de Ascó I.
Es la segunda vez que se judicializa la energía nuclear en España. Cuatro directivos de Vandellòs I, también en Tarragona, fueron absueltos en el 2000 por un incendio en la central, que fue clausurada.