La Audiencia Nacional acaba de provocarle a España un gravísimo problema político y económico al dictar ahora una orden de busca y captura contra cinco políticos chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng, por supuesto genocidio contra el pueblo tibetano.
Orden que recuerda a la dictada por Baltasar Garzón para conseguir la detención en Londres del que había sido dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, acto al que sorprendentemente se opuso Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente del gobierno democrático de entonces.
Una legislación similar la emplea una juez argentina para tratar de extraditar y juzgar en su país a los represores franquistas en España, aunque fueron amnistiados en 1977 como todos los criminales políticos anteriores.
Para neutralizar la denuncia reavivada ahora contra las autoridades chinas, José Luis Rodríguez Zapatero limitó en 2009 el alcance de la jurisdicción universal con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Reforma tan tímida que ha podido ser sorteada en la Audiencia Nacional y provocado una irritación en Pekín costosísima para España.
Es cierto que los casi tres millones de habitantes de esa región fría y montañosa, casi todos lamaístas, han sufrido la represión ideológico-militar china, pero no mayor que la padecida por anticomunistas o creyentes de otras religiones bajo el comunismo.
Pero hay otra represión y genocidio indirecto provocado por el lamaísmo, que por mucha propaganda que le hagamos al Dalai Lama, su líder y Nobel de la Paz, es brutal, reaccionaria y explotadora de un pueblo aislado e ignorante.
Quien conoce el Tibet, como este cronista, que ha vivido allí, se pregunta qué es peor, el esclavista sistema religioso-político-económico lamaísta, que podría durar muchos siglos, o el comunismo que, aunque sólo sea porque enseña a leer, caerá indefectiblemente, como la URSS, o como el fidelismo, al que la Audiencia no quiere investigar.
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SALAS