LA HABANA, Cuba. – A principios de julio entró en vigor una nueva medida que prohíbe al sector privado desarrollar negocios en la primera línea de fachada de las propiedades. Progresivamente los cuentapropistas están siendo informados de que deben desmantelar en un plazo de hasta treinta días las estructuras construidas para la actividad comercial en áreas que lindan con espacios públicos.
Cuando en la década del noventa se aprobaron algunas licencias para ejercer variantes de trabajo independiente, el Estado permitió que las personas levantaran las pequeñas empresas donde estimaran conveniente dentro de su propiedad. El país se despedía del aguinaldo soviético y atravesaba el momento crítico del período especial. En 2012, para contrarrestar los efectos del proceso masivo de reducción de plantillas, por segunda ocasión se posibilitó la contratación de licencias ampliando la cantidad de figuras elegibles para la práctica del cuentapropismo. Entonces tampoco se usaron requerimientos sobre el lugar donde montar el negocio. Más de 400 mil cubanos aparecen registrados como afiliados a esta forma de empleo.
Ahora, de nueva orden, los particulares en La Habana tienen que demoler, sin recibir compensación por los recursos perdidos, obras que se realizaron en un contexto gestionado por el gobierno.
Detalles de la medida
Se trata de la Resolución 59, aprobada por los Consejos de Administración Municipal –CAM-. La disposición se vincula a reformas urbanísticas concebidas para corregir violaciones a la planificación física citadina, y en los primeros compases se aplica prioritariamente a los dueños de cafeterías y paladares ubicadas en portales o superficies que limitan con aceras y calles, según informó desde la seguridad del anonimato una inspectora del Instituto Provincial de Ordenamiento Territorial, entidad que rectora la puesta en marcha y cumplimiento de dicha ley.
De acuerdo al testimonio de la funcionaria, desde hace algún tiempo se estudiaba implementar una reglamentación de este tipo, pero no se llegaba a un consenso con relación a la extensión de las exigencias. Sin embargo, a raíz de una serie de reclamos efectuados por grupos poblacionales con problemas de discapacidad, el proyecto finalmente tomó cuerpo legal.
“Impedidos físicos sobre todo de los municipios Centro Habana, La Habana Vieja y el Cerro, comenzaron a quejarse de que en las inmediaciones de los negocios de cuentapropistas se les dificultaba transitar”, expuso. “El problema radica en que en la mayoría de los establecimientos, fundamentalmente los de gastronomía, se atiende a los clientes en las aceras, que en La Habana son bastante estrechas. Había que tomar cartas en el asunto, ya no se podía seguir dejando para después”.
Amplía que vencido el plazo que se ofrece, si no se cumple con la indicación de retroceder el funcionamiento del establecimiento hasta la segunda línea de fachada, el portador de la licencia operativa y el propietario de la vivienda –en caso de que no sean el mismo- serán multados con cifras superiores a 1500 pesos. Posteriormente, después de cumplido un nuevo plazo, las fuerzas del gobierno procederán a demoler las construcciones fuera de la legalidad, junto con el decomiso de los materiales comprendidos en esta.
En algunos casos por circunstancias especiales se valora no aplicar la ley, que más adelante se hará extensiva con igual fuerza al resto de las figuras aprobadas para el trabajo por cuenta propia.
“Mucha gente va entregar la licencia, y eso puede ser un problema. Por ejemplo, en municipios poco industrializados como Arroyo Naranjo, los pagos de impuestos constituyen una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno del territorio”, comentó.
Recepción de la medida
La comunidad de cuentapropistas no recibe con agrado la medida. Algunos entrevistados coinciden en que existen solo dos variables en la ecuación: desembolsar un gasto importante y acondicionar un nuevo local o devolver la patente.
El denominador común es la inconformidad por tener que acatar una imposición que subvalora la falta de recursos y espacio habitacional de las familias cubanas.
En el reparto Mantilla, Héctor Guerrero y su esposa Santa Cuesta convierten la sala del hogar en un mostrador para la venta de alimentos.
“Quizás hubiese estado bien si te obligaran a atender la clientela en el portal. Estoy perdiendo tres habitaciones de la casa para poder echar a andar la cafetería, también perdí los más de 10 mil pesos que había invertido en el mostrador azulejado y todo el andamiaje que tenía montado en el portal. Pero ahora estoy teniendo que invertir incluso más, y no tienen la consideración de bajar aunque sea un poco los impuestos”, reclaman ambos. “Quieren arreglar los problemas creando más problemas, son unos abusadores. Esto más bien parece una limpieza de competencia”.
Otros con menos suerte anuncian que abandonan la gestión de trabajo no estatal.
En tal situación se encuentra Rigoberto Martínez, quien no cuenta con recursos ni espacios para reacomodar su pequeña cafetería de escasas ofertas.
Martínez argumenta que “esto no alcanza para nada así que con qué dinero voy yo a crear condiciones. Como quiera tampoco tengo adonde instalar un mostrador, aquí vivimos nueve personas, el mayor de mis hijos duerme en el sofá de la sala. Voy a liquidar las deudas con el fisco y buscarme un trabajo con el Estado o con otro cuentapropista”.
Aunque la ley de momento se concentra en los propietarios de negocios dedicados a la gastronomía, igual perjudica a los que ejercen otras actividades. Los arrendatarios de espacios se quedan prácticamente sin opciones de continuar en el sector.
“El muchacho que vende helados en mi portal me dijo que cuando termine el mes no va a seguir alquilando porque no lo dejan vender. ¿Si no puedo alquilar el portal, de qué voy a vivir?”, se pregunta Emanuel Viscallar, un jubilado de 73 años.