Martha Andrés Román.- Una moción que solicita al Gobierno de Estados Unidos presentar evidencias sobre el ambiente hostil creado contra cinco antiterroristas cubanos encarcelados en 1998 en ese país, constituye el paso legal en curso de la lucha por su liberación.
El pasado 6 de junio, la defensa de Gerardo Hernández, quien fue detenido junto a Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero y Fernando González, solicitó a Washington documentos relacionados con el pago a periodistas para realizar una campaña negativa antes y durante el juicio.
Los Cinco -como son conocidos los antiterroristas a nivel mundial- fueron apresados por dar seguimiento a grupos violentos que desde Miami organizan acciones como las que en los últimos 53 años han dejado más de tres mil 400 víctimas en Cuba.
En la solicitud, entregada a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se apela al procedimiento de "discovery" para posibilitar el acceso a materiales no revelados durante el proceso, en el cual le fueron impuestas penas de hasta doble cadena perpetua más 15 años en el caso de Gerardo.
El abogado estadounidense Martin Garbus, quien presentó la moción junto a su colega Tom Goldstein, explicó en entrevista con medios de prensa que se trata de un argumento completamente nuevo y único, con el cual se pretende la anulación de las condenas.
Tras denunciar que el Gobierno de su país pagó a periodistas para crear un clima adverso contra Los Cinco en la Florida, el jurista manifestó que legalmente Washington no estaba autorizado a hacer eso, pues convirtió a los reporteros en agentes pagados.
La solicitud de "discovery" de Garbus y Goldstein, a través de su colega local Richard Klugh, incluye a 84 individuos vinculados a la cobertura de prensa relacionada con el caso, siete estaciones de televisión y 13 de radio.
El procedimiento judicial busca establecer el alcance total del tema mediante la identificación de todos los periodistas y medios de prensa que recibieron pagos de Estados Unidos y después publicaron declaraciones falsas, hostiles, incendiarias y perjudiciales acerca del acusado.
Asimismo, busca los artículos, entrevistas y segmentos de radio y televisión en los que aparecieron esas declaraciones, además del grado preciso de influencia y control del Gobierno sobre esos reporteros y medios.
Otro de los puntos que persigue esclarecer es el grado de conocimiento que tenían sobre el tema tanto el Departamento de Estado norteamericano, de donde se aduce que provino el pago a los periodistas, como otras ramas de la administración, entre ellas el Departamento de Justicia.
Indaga además sobre el impacto perjudicial que la campaña de propaganda tuvo sobre el juicio de los antiterroristas, cuatro de los cuales continúan encarcelados, mientras uno, René González, permanece en libertad supervisada en Miami desde octubre pasado, lo que activistas consideran un castigo adicional.
La moción es parte de la apelación colateral iniciada en junio de 2010, basada en el derecho del peticionante y sus compañeros de conocer el alcance de la campaña de publicidad financiada por el Gobierno para asegurar que fueran declarados culpables, la cual resultó más evidente en Miami.
Todos los intentos son válidos para confirmar el papel del Gobierno de Estados Unidos en la campaña mediática contra los Cinco, apuntó Garbus ante una pregunta de Prensa Latina sobre el procedimiento y las expectativas en torno al mismo, durante una teleconferencia internacional desde el país norteño.
De acuerdo con el jurista -conocido por librar importantes batallas legales en su país- si bien es pronto para sacar conclusiones, en caso de un fallo adverso de la moción en curso, prevén llevar el reclamo al Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta y a la Corte Suprema, de ser necesario.
Desde un primer momento el juicio debió ser revocado, porque es increíble que haya sido contaminado por periodistas, aunque reconoció que ciertamente va a ser difícil probar el grado de implicación de esa prensa, la selección del Gobierno y cómo lo hizo, estimó.
El también profesor de prestigiosas universidades precisó que hay grupos de la comunidad internacional y de los propios Estados Unidos que están solicitando una serie de documentos para probar lo que en realidad sucedió con los reporteros pagados, una evidencia que "solo muestra la punta del iceberg".
Según expone el texto de la moción, el Gobierno ha admitido que un número de periodistas recibió pagos significativos por su participación en programas de Radio y TV Martí, de manera que se convirtieron en agentes pagados por atacar directamente a los antiterroristas.
Hasta el presente, continúa la moción, Hernández ha sustentado sus reclamos con documentos obtenidos mediante el Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), los cuales muestran contratos entre el Gobierno y periodistas que publicaron trabajos sobre el caso.
En el documento se alega que el periodismo incendiario desplegado antes y durante el proceso distorsionó el curso de la justicia, influenció al jurado, y le negó al acusado la posibilidad de tener un juicio imparcial.
Garbus, quien conoció del caso a través de su colega Leonard Weinglass, integrante de la defensa y fallecido el 23 de marzo de 2011, refirió que la petición del cambio de sede era "algo que cualquier juez hubiera aceptado, pero no sucedió en esta ocasión, y eso fue anticonstitucional".
Una de las especificidades de la moción presentada radica en que el mecanismo de "discovery" solo se emplea para la cuestión del pago a periodistas, aunque expresa que el solicitante tiene la intención de presentar, por separado, peticiones relacionadas con otros temas.