TIEMPO DE ANARQUIA. Febrero de 1974. Antonio Domingo Navarro, teniente coronel, jefe de la policía cordobesa, se rebela contra el gobernador Ricardo Armando Obregón Cano y contra el vice gobernador Atilio Hipólito Lopez, más tarde asesinado. La rebelión termina con el gobierno de la provincia. El gobierno acusa a Navarro de sedicioso. Navarro acusa al gobierno de haber facilitado la entrada de la extrema izquierda en la administración de Córdoba. Mientras dura el enfrentamiento, hay tiroteos, bombas, violencia por parte de uno y de otro bando. Las calles de la provincia son ocupadas por tropas. Retornan las imágenes que los cordobeses creían haber borrado de sus ojos para siempre. Vuelven el miedo y el caos.
Golpe de estado policial: El Navarrazo
El gobernador Obregón Cano, en una situación de pérdida de confianza a pesar de haber sido designado por él, el 27 de febrero ordena la remoción del Jefe de la Policía de Córdoba, el teniente coronel (RE) Antonio Domingo Navarro, ex Jefe de la Policía Militar del Tercer Cuerpo del Ejército. Pocas horas después las fuerzas policiales se amotinan en el Cabildo, aduciendo una "infiltración marxista" en el gobierno. Los ómnibus de la FETAP, ausentes durante días en las calles de Córdoba, serán parte de las barricadas montadas por los grupos parapoliciales. Así las cosas, el Gobernador respondió con su exoneración definitiva y puso en su lugar al Inspector Mayor Rubén Cuello, quien ejercía la subjefatura desde que Navarro detuviera, días atrás, al ex subjefe, Teniente Coronel (RE) Julián Chiappe. Esa misma tarde, grupos de civiles habían tomado las emisoras LV2 -La Voz del Pueblo- y LV3 -Radio Córdoba- y comenzado a emitir comunicados en apoyo al jefe de la insurrección. Una de las transmisiones sostenía que Navarro representaba “una garantía de orden” y era “el vehículo necesario para el proceso de liberación”. En respuesta, el Gobierno difundió la siguiente declaración: “Antonio Navarro, en franca actitud de rebeldía, lejos de acatar la orden recibida, engaña a sabiendas a parte del personal policial y, con el apoyo de pequeños grupos repudiados por la ciudadanía, se rebela, pretendiendo ser fiscal del gobierno electo por todo el pueblo de la provincia”.
El gobierno nacional, cuyo Ministro de Trabajo se encontraba en la ciudad cordobesa de Alta Gracia asistiendo al Congreso “Normalizador” de la CGT, no actuó en favor de las autoridades locales. Por el contrario, Juan Domingo Perón optó por la prescindencia -"que se cocinen en su propia salsa", dijo-, lo cual en la práctica se tradujo en carta blanca para la ortodoxia peronista, que encontró, en el jefe de la policía, al cabecilla de una asonada de uniformados cordobeses apoyados por comandos civiles, que expulsaron del gobierno a Obregón Cano y a López en la noche del 27 de febrero. Junto a los mandatarios, los sediciosos detuvieron a unas setenta personas que se encontraban en la gobernación. Entre ellos estaban los ministros de Bienestar Social y de Gobierno, Antonio Lombardich y Elio Alfredo Bonetto; los diputados Luis Bruno y Blas García; el presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Julio Aliciardi; el Fiscal de Estado, Juan Carlos Bruera; el director de Prensa, Alejo Díaz Tiliar; y el hijo y secretario personal del gobernador, Horacio Obregón Cano. Acusados por Navarro de “proveer armamento a grupos civiles de conocida militancia marxista”, el gobernador y su vice fueron llevados al Comando Radioeléctrico de la Policía provincial, donde permanecerían cautivos hasta las 17.30 horas del viernes 1 de marzo. El jueves 28 a las 22.00, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Mario Dante Agodino, asumió en forma interina la gobernación. A la misma hora era llevado a cabo un atentado contra el domicilio de Obregón Cano. El sábado 2 de marzo al mediodía, el presidente Juan Domingo Perón anunció su decisión de intervenir la provincia.
El 27 de febrero de 1974, el Jefe de Policía cordobés, teniente coronel Antonio Domingo Navarro, tomó por asalto la Casa de Gobierno de Córdoba y detuvo a las autoridades que once meses antes habían ganado las elecciones con más del 50 por ciento de los votos.
El movimiento obrero de Córdoba se hallaba escindido entre ortodoxos, legalistas, independientes y clasistas. Los tres últimos sectores, opositores al Pacto Social, controlaban gremios de peso estratégico: la UTA, Luz y Fuerza y SMATA, entre otros. En el resto del país los gremios más poderosos se hallaban en manos de la rama ortodoxa. El golpe se proponía establecer un mayor control sobre el conjunto del movimiento obrero y disciplinar a los sectores de vanguardia en el peronismo. Además de Obregón Cano, también fueron desplazados entonces Oscar Bidegain -Buenos Aires-, Miguel Ragone -Salta-, Jorge Cepernic -Santa Cruz- y Alberto Martínez Baca -Mendoza-. Por su parte, Hipólito Atilio López fue asesinado por la Triple A el 16 de septiembre de 1974. La destitución por la fuerza del gobernador, abrió un período de inusitada violencia política en Córdoba que continuó hasta el regreso de la democracia en 1983.
Lo que vino después
"El año que siguió a la expulsión del gobernador constitucional de Córdoba fue el tobogán hacia el precipicio”, acierta el periodista Enrique Lacolla. El primer interventor que arribó a Córdoba fue Duilio Brunello, quien ejerció esa función entre el 15 de marzo y el 7 de septiembre de 1974. Lo reemplazó el brigadier Raúl Oscar Lacabanne, un “halcón” patrocinado por el lopezreguismo que puso en marcha la represión ilegal en la provincia y sentó las bases del aparato terrorista mucho antes del golpe de 1976. Navarro resultó condenado por el delito de sedición, e indultado luego por María Estela Martínez, “Isabelita”. Atilio López (vice gobernador) fue asesinado por las Tres A junto a Juan José Varas, ex funcionario obregonista, el 16 de septiembre de 1974, en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires. Obregón Cano profundizó el vínculo con los sectores más radicalizados; se exilió en México, donde compartió la dirección del Movimiento Peronista Montonero con otros referentes históricos como Oscar Bidegain y Rodolfo Puiggrós. Regresó al país durante la presidencia de Raúl Alfonsín; fue detenido, procesado y condenado junto a Firmenich y otros jefes montoneros, e indultado durante la gestión de Carlos Menem. En la actualidad, con 95 años cumplidos, reside en la ciudad de Buenos Aires.