Ayer en una visita a la ciudad de Denver como parte de su campaña para la reelección, el mandatario también criticó a su rival republicano Mitt Romney por favorecer una legislación que en su opinión "haría que cualquier empleador niega la cobertura de anticonceptivos a sus empleados".
Obama dijo que "no creo que tu jefe debe controlar el cuidado de la salud que recibes. No creo que las compañías de seguro deban hacer eso tampoco. No creo que los políticos deben controlar el cuidado de la salud que tienes".
El mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos –liderado Kathleen Sebelius, católica a quien su Obispo negó que reciba la Eucaristía por su apoyo público al aborto– exige que los empleadores compren seguros anti-vida. Para muchos esto ya entró en efecto el pasado 1 de agosto, mientras que para otras instituciones religiosas regirá desde agosto de 2013.
Matt Bowman, abogado de la Alliance Defending Freedom (ADF), rechazó las expresiones del mandatario y explicó que "las únicas acciones ‘controladoras’ en este caso involucran la orden del presidente para que las familias abandonen su fe sólo porque quieren ganarse la vida o servir a la comunidad".
En declaraciones a ACI Prensa el 8 de agosto, Bowman dijo que "el gobierno está eligiendo qué fe es la que debe regir y quién puede vivirla, y luego está atacando a la gente religiosa con multas gigantes mientras que los burócratas exceptúan a millones de otras personas por razones políticas".
La ADF representa a la empresa con sede en Colorado, Hercules Industries, que demandó ante la justicia a la administración Obama y que ha ganado, temporalmente, su derecho a no adquirir los seguros abortistas para sus empleados.
El mandato abortista también ha hecho que miles de personas de distintos credos protesten en todo el país, especialmente en defensa de la libertad religiosa. Los Obispos de Estados Unidos juegan un rol fundamental en esta tarea.
El Arzobispo de Galveston-Houston, Cardenal Daniel DiNardo, que se desempeña como Presidente del Comité de Actividades Pro-vida del Episcopado, renovó su llamado por la defensa de la objeción de conciencia en una carta al Congreso el pasado 3 de agosto.
"La fundamental importancia de la libertad religiosa en peligro exige una respuesta a tiempo del congreso. A través de su mandato, la administración está promoviendo una aproximación a la libertad religiosa que es más reticente y arbitraria que cualquier cosa vista antes en la ley federal", subrayó el Cardenal.