Podríamos partir de la premisa de que un trabajador puede negarse a trabajar en una empresa donde no se cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Algo que no deja de ser un brindis al sol, puesto que una parte importante de las empresas incumplen algunos artículos de la LPRL de forma sistemática. Más allá de los casos más flagrantes, muchas empresas no tienen plan de emergencias, ni hacen simulacros de evacuación, en muchos centros nadie sabe si hay algún responsable de emergencias, o se hacen estudios de prevención de enfermedades profesionales para cada puesto de trabajo. Sólo donde hay delegados de prevención laboral y estos tienen un comité fuerte se logra que se apliquen todos los artículos de la LPRL, en la mayor parte de empresas se conforman con proporcionar los EPI o instalar algunos equipos de protección colectiva que es lo que más se ve. Para entendernos, poner barandillas, proporcionar cascos y arneses, instalar extintores.
Las reformas laborales no han cambiado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (francamente, una MUY buena ley) pero sí ha cambiado el marco real en el que se aplica. La crisis cambia claramente el marco en el que negocian trabajadores y empresarios, generando mayores asimetrías, especialmente en los sectores más afectados por la crisis (construcción) y que curiosamente tienen mayor incidencia de accidentes mortales. Hoy en día muchos trabajadores de la construcción están en paro y llevan mucho tiempo en el paro. Muchos de ellos ya trabajaban en precario antes de la crisis, con figuras de falsos autónomos o en subcontratas de subcontratas. Bajo este marco de negociación los trabajadores tienen menor margen para hacer exigencias en sus condiciones laborales, y esto va desde su salario a aspectos que afectan a la salud.
Queramos o no, esta situación que se produce en todos los sectores, se producen más en los sectores más tocados por la crisis. Hay más accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores, y hay menos bajas de corta duración (y más de larga duración) porqué los trabajadores no se atreven a coger las bajas preventivas ni a preocuparse por las posibles enfermedades profesionales por miedo a perder su puesto de trabajo.
Siempre podemos esperar heroicidades individuales, y algunas, podrían hasta funcionar. Pero en agregado, sólo en aquellas empresas donde haya delegados de prevención y comités de empresa fuertes pueden contener realmente el retroceso en materia de prevención de riesgos laborales. En una empresa minúscula o en una subcontrata de la construcción donde los trabajadores son falsos autónomos, esas heroicidades significan no encontrar trabajo en tu sector.
El trabajador tiene una responsabilidad laboral de utilizar los EPI y aplicar las medidas preventivas que les proporciona su empresa, es decir, si deciden no ponerse el casco, o no seguir los procolos del plan de prevención, el empresario tiene todo el derecho (y la obligación) de sancionarles o despedirles. Pero más allá de ello, y si no ponen en riesgo a terceros, la responsabilidad penal, civil y administrativa recae toda en el empresario en primer término y en segundo en la administración. Si la legislación considera que un incumplimiento de la LPRL es punible al empresario (excepto en casos en el que el trabajador ponga en riesgo a terceros) y no al trabajador, es que se considera que la aplicación de la LPRL no es simétrica, el trabajador no puede garantizar (sobretodo, en ausencia de delegados de prevención y de representación sindical) que se aplique la LPRL en su centro de trabajo.
A todo esto, si en todos los sectores está pasando, y en los sectores donde más impacta la crisis, pasa con mayor intensidad. ¿Podemos considerar que los trabajadores que aceptan trabajar en condiciones muy perjudiciales para su salud son idiotas?.
Francamente, creo que no. Más allá de opciones personales más o menos heroicas, la capacidad para encontrar otras ofertas de trabajo, la mayor dificultad que tiene la inspección de trabajo para controlar las irregularidades, la mayor presión sobre los sindicatos y los delegados sindicales por parte de una demanda creciente de problemas a los que atienden (la reforma laboral está exigiendo un trabajo de negociación y movilización para salvar los convenios colectivos al desaparecer la ultraactividad, hay una mayor demanda de servicios jurídicos por parte de los trabajadores, y se siguen negociando más ERE que antes de la crisis), y la pérdida de ingresos por el endurecimiento de las condiciones y cuantías en las que se cobra el desempleo lleva simplemente a que haya trabajadores se vean en la tesitura de o tener que aceptar un trabajo en condiciones pésimas o no tener ingresos.
Quien tenga un nivel de autosacrificio heroico, quien tenga un colchón familiar, o quien tenga mayor formación o capacidad para moverse a otros sectores puede que su capacidad para no aceptar condiciones de tanto riesgo sea mayor, la de otros muchos no.
De ahí que me parece muy poco inteligente llamar idiota a un trabajador que está trabajando sin un EPI en la construcción, lo solidario no es reirse de él, sino llamar a la inspección de trabajo, aunque el resultado final termine con el empresario sancionado y el trabajador despesdido. Lo más inteligente es contactar con delegados del sector y buscar hacer alguna actuación colectiva y una denuncia que toque todas las subcontratas del sector en una provincia para que el problema no sea simplemente cambiar que subcontrata está explotando a sus trabajadores (o falsos autónomos). Algo que no es sencillo, ni tampoco te permite hacer de “twittstar superguay” haciendo guasa precisamente de los que peor están.