La decisión fue tomada por el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. Organismos de DD. HH. y familiares del adolescente consideraron positiva la decisión, aunque criticaron la demora en implementarla. También exigen saber cómo marcha la investigación interna. Ocho policías que están investigados como responsables del secuestro y desaparición del joven Luciano Arruga (16), fueron pasados a disponibilidad por decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La medida, tomada el 21 de enero, fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Ministerio, justo un día después de que se cumplieran cuatro años de la desaparición de Arruga, quien según una serie de testimonios que lo certifican fue secuestrado y torturado en un Destacamento ubicado en Indart 106, de Lomas del Mirador, un sitio abiertamente ilegal instalado en una casa particular, sin identificación policial alguna, y que funcionaba como cárcel clandestina. “La noticia nos alegra, aunque llega un poco tarde, porque es algo que le habíamos pedido al gobernador de la provincia (Daniel Scioli) en agosto del año pasado, en la primera entrevista que le dio a la familia Arruga. Nosotros le pedimos que los seis policías fueran exonerados, fueran echados de la Policía Bonaerense, y esperamos que esta medida tenga ese efecto”, comentó ante Página/12 Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. Paula Litvak, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), puntualizó ante este diario que ahora “más que la decisión, que fue tardía, lo importante es conocer hacia dónde marcha la investigación que realiza Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, porque la investigación del caso Arruga ha puesto sobre el tapete una serie de irregularidades e ilegalidades cometidas por los policías que trabajaban en la comisaría y en el Destacamento de Lomas del Mirador. Hay policías involucrados en forma directa en el secuestro y desaparición de Luciano, pero hay otros que cometieron otros atropellos y otros delitos que también deben ser investigados y castigados por la autoridad política”. En un lenguaje neutro, el decreto que involucra a los ocho policías señala que el inciso 16 de la ley policial 13.982 establece que “revistará en disponibilidad aquel personal policial que permanezca en espera de destino”. Agrega que los ocho policías están involucrados en la Investigación Sumarial Administrativa ISA 3326-8736/309 a cargo de la Auditoría General de Asuntos Internos. Ante tal circunstancia, lo recomendable es “el pase a disposición de la Dirección de Personal Regímenes Policiales de los efectivos involucrados” en ese sumario. A continuación se precisan los nombres y el lugar donde estaban cumpliendo funciones los ocho policías que ahora fueron retirados del servicio activo: 1) Subcomisario (Cdo) Legajo Nº 20.520, Néstor Guillermo Díaz, de la comisaría Esteban Echeverría 1ª. 2) Subcomisario (Cdo) Legajo Nº 21.035 Ariel Alfredo Herrera, comisaría de Morón 4ª. 3) Oficial inspector (Cdo) Legajo Nº 25.656 Martín José Monte, Destacamento Barrio Pompeya, destino de cabecera Merlo. 4) Oficial inspector (Cdo) Legajo Nº 26.289 Emiliano José Márquez, comisaría de Morón 2ª. 5) Subteniente Legajo Nº 157.035 Sergio Oscar Fecter, comisaría de Lomas de Zamora 1ª. 6) Subteniente Legajo Nº 158.294 Daniel Alberto Vázquez, comisaría de Lomas de Zamora 2ª. 7) Oficial Legajo Nº 173.420 Damián Marcelo Sotelo, comisaría de Morón 1ª. 8) Oficial Legajo Nº 173.473 Hernán Gabriel Zeliz, comisaría de Morón 3ª. La resolución está firmada por el ministro Ricardo Casal y por el subsecretario Legal y Técnico de la cartera, Mariano Martínez Hermida. Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza, recordó que esto ocurre “a cuatro años del caso y a más de cinco meses de la única reunión que tuvimos con el gobernador Scioli, a quien le pedimos tres cosas: que exonere a los ocho policías involucrados, que el lugar del Destacamento sea preservado para la investigación y que después se destine para que allí funcione un centro de memoria y cultura, y que haya un pronunciamiento muy firme del gobierno hacia sus subordinados uniformados, para que estos hechos no se repitan nunca más. Tuvimos la sanción a los policías, pero seguimos esperando las otras dos medidas”, dijo Pimentel. Paula Litvak, del CELS, organismo que colabora como parte querellante junto a la familia Arruga, sostuvo que ahora “es preciso saber qué está investigando a nivel interno la Policía Bonaerense. El secuestro y desaparición de Luciano Arruga ahora está en la Justicia Federal, pero es necesario que, a nivel interno, el gobierno impulse una investigación a fondo sobre lo que pasó en el Destacamento y en la comisaría de Lomas del Mirador”. Agregó que “es evidente que, aunque tardío, el pase a disponibilidad es resultado del trabajo que han venido realizando durante cuatro años los familiares y amigos de la víctima, pero ahora tiene que empezar a trabajar a fondo el gobierno provincial”. “Es muy importante que la investigación interna se profundice porque hay que desarmar el pacto de silencio, las redes de complicidad que funcionaron en Lomas del Mirador y que exceden el caso Arruga, porque hubo muchos jóvenes que también fueron detenidos arbitrariamente, golpeados y es posible que torturados, del mismo modo que ocurrió con Luciano, y eso tiene que investigarse en forma paralela.” Resaltó que existen “responsabilidades funcionales que deben dilucidarse, porque se registraron irregularidades, ilegalidades, detenciones clandestinas, porque el Destacamento funcionaba sin registros de ingresos de detenidos, porque había patrulleros que no tenían GPS y otros que no andaban por las cuadrículas que tenían establecidas, lo que habla de una situación de ilegalidad muy compleja y peligrosa”. Litvak opinó que el caso Arruga “tiene que llegar a una instancia de investigación interna, similar a la que está en marcha, en el Ministerio de Seguridad nacional, respecto del caso de Fernando Carrera”, el vendedor que había sido baleado por policías federales y que atropelló con su auto a varias personas en el barrio de Pompeya. Lo había condenado a 30 años de cárcel, pero ahora fue dejado en libertad y se ordenó un nuevo juicio, habida cuenta de las irregularidades que hubo en la investigación policial. “La clave –insistió Litvak– es llegar al fondo de la cuestión y ver qué es lo que pasó, el entramado por ahora secreto de la actuación policial en el caso Arruga.” En un comunicado, los familiares y amigos de Luciano Arruga afirmaron que “llega tarde” la decisión del Ministerio de separar a los policías. También se mostraron molestos por “la desprolijidad de que tuviéramos que enterarnos de le medida a través de los medios, porque no fuimos notificados”. Recalcaron que la medida los “moviliza mucho” porque “hace cuatro años que exigimos la separación de estos efectivos y entendemos por eso que llegó tarde”. De todos modos, destacaron que es “un avance que estas personas dejen de trabajar en la fuerza” y advirtieron que no olvidan que “en el transcurso de los primeros meses de la desaparición de Luciano ocurrió una situación similar (el desplazamiento de los ocho policías) y luego fueron reincorporados sin motivo alguno”. Afirmaron que este avance es resultado de “la lucha, la denuncia y la resistencia incansable de Familiares y Amigos desde hace más de cuatro años, y sabemos que tendremos justicia cuando se lleve a cabo el juicio y castigo a todos los implicados materiales y políticos”.