Pocos, eso sí, se han parado a pensar qué hacía allí un barco presuntamente español –aunque sin bandera para no pagar impuestos. Pocos incluso han comparado el caso con la retención del Fabel III en Guinea Bissau, casi por las mismas fechas. Mientras en el primero el Gobierno asume responsabilidades, con el segundo se puede limpiar las manos. ¿Y todo por qué? Pues por la soberanía.
Guinea Bissau es un Estado soberano. Pobre, pero soberano. Su gobierno puede acogerse a la legalidad internacional e interna para imponer multas o incluso retener a los delincuentes. Si la cosa se complica en exceso, como en el caso de los niños de Chad que unos franceses pretendían secuestrar, no pasa nada. Occidente se pasa los tribunales “del Tercer Mundo” por las narices y, con gran despliegue mediático, se trae a los responsables del secuestro –haciendo escala en Madrid- “sanos y salvos”. Y los juicios se dejan para otro día.
A un Estado sobreano se le puede respetar –hasta cierto punto, como vemos- pero hay otros, como Somalia, que ni interesan ni importan. La comunidad internacional ya ha salido de un país que, en realidad, está dividido en tres partes. Somaliland, al norte, con constitución, bandera, moneda y gobierno propios, funciona de hecho como un Estado independiente pero sin que sea reconocido por el resto de países. Puntland, en el centro del territorio somalí, pugna por la conversión de Somalia en un Estado Federal. Y al sur, encontramos el resto del territorio somalí, repartido por lo que se llama mediáticamente “señores feudales de la guerra”, y que históricamente se podrían denominar “clanes”. Con esta mezcla de autoridades, y aun existiendo un presunto gobierno somalí dirigido por Cheikh Ahmed, España no mantiene relaciones diplomáticas ni de ningún otro tipo y, por tanto, se desentiende en cierta medida de lo que allí ocurra.
Desentenderse de lo que ocurre allí no es malo. España no tiene, como ningún otro país, la obligación de liderar procesos de trabajo dentro de la comunidad internacional ni de participar en ellos más allá de los caminos trazados por las organizaciones internacionales en las que participa. Pero resulta que este desentendimiento es sólo y exclusivamente de iure, que no de facto. Porque la realidad es que el gobierno consiente que empresas españolas trabajen en aguas somalíes, echando las redes de pesca en un mar para el que no tienen permiso. Aprovechándose de este vacío legal y de la ceguera voluntaria de las autoridades españolas, barcos como el Alakrana recorren millas y millas buscando esquilmar los mares ajenos de peces.
Lejos de impedirlo, y tras el anterior secuestro de otro barco, las autoridades españolas envían fragatas del ejército a realizar operaciones –más o menos efectivas- de protección de estos barcos. Francia incluso ha cambiado la legislación para permitir en sus pesqueros la presencia de hombres armados. Es decir, la comunidad internacional se desentiende de todo aquello que ocurre en Somalia, pero se moviliza militarmente para que sus nacionales puedan robar pescado aprovechando que el país africano no tiene capacidad naval.
Los somalíes han llevado su guerra en forma de red hacia las aguas del mar, viendo en este campo de batalla una importante fuente de ingresos. Armados con jóvenes desubicados en la sociedad somalí, que no tienen oportunidades para desarrollar sus capacidades –ahora que está tan de moda las ideas de Sen-, y movilizando despachos de abogados londinenses –que ya cobrarán su tanto por ciento-, surca los mares una nueva flota naval somalí, desestructurada y desmilitarizada, pero no desarmada que, sin mediar Tratado internacional, ya que nadie les reconoce como sobreanos, defienden las aguas propias con un peculiar y peligroso estilo: “si quieres mi pescado, pagas”.
Y es aquí cuando el Estado rico en cuestión, ha de poner dinero encima de la mesa, saltarse su ordenamiento jurídico propio y también soberano al liberar a unos detenidos y todo para rescatar a unos empleados por cuenta ajena que han sido enviados allí por el empresario de turno que, habiendo obtenido pingües beneficios de estos caladeros ilegales, ahora se queja de su desprotección. Bonita manera de enseñarnos que el Estado Capitalista está para defender a la Empresa nacional que escaquea impuestos a la que puede.
A continuación un pequeño reportaje desde Kenia en donde se muestra la influencia de este problema en la economía de las zonas costeras. Bien interesante para relacionarlo con el problema de la cooperación al desarrollo. Lástima que aquí, en España, no se hagan cosas por el estilo.