Sayed Yousif Almuhafdah, activista bahreiní de los derechos humanos y vicepresidente en funciones del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, acudió el 17 de diciembre pasado a una manifestación en la capital del país, Manama. Durante su transcurso documentaba los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y publicaba en Twitter la información que iba obteniendo, entre otras la imagen de un manifestante herido. Fue entonces cuando la policía decidió detenerlo.
Tres días después, el 20 de diciembre, el fiscal adjunto del caso manifestó que la publicación de dicha imagen “había dado lugar a protestas y actos de sabotaje que alteraban la seguridad y el orden ese mismo día”. Sayed negó haberla publicado. La fiscalía presentó cargos contra él en aplicación del artículo 168 del Código Penal de Bahréin, que tipifica como delito la difusión de noticias falsas con intención de menoscabar la seguridad del Estado.
El juicio comenzó el 9 de enero ante el Tribunal Penal de Primera instancia. Sayed negó los cargos, lo que ha provocado un aplazamiento hasta antes de ayer, 17 de enero y se ha rechazado la solicitud de su abogado de que sea puesto en libertad bajo fianza. Está recluido en la comisaría de Al Hoora de Manama.
No es la primera ocasión en la que Sayed Yousif Almuhafdah es detenido por documentar gráficamente los abusos en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y publicar los resultados en las redes sociales. Entre agosto y diciembre de 2012 fue detenido y puesto en libertad sin cargos varias veces tras participar en manifestaciones u observar su desarrollo.
El 5 de agosto fue la primera vez, por haber tomado una fotografía de un puesto de control en la localidad de Aali, al suroeste de Manama y publicarla en Twitter. La policía de tráfico lo obligó a detenerse en la carretera y Sayed manifestó con posterioridad que un agente lo había golpeado y que había estado detenido durante dos horas. Por estos hechos presentó una denuncia ante la fiscalía de la que se desconoce si ha abierto una investigación siquiera.
El 11 de septiembre volvieron a detenerlo en un puesto de control cerca de su casa, en Aali, y lo tuvieron retenido tres horas en una comisaría de policía. Fue puesto en libertad sin ser interrogado y sin presentar cargo alguno contra él. El 20 de octubre fue de nuevo detenido cuando se dirigía, caminado por el borde de una carretera junto a otros dos activistas de derechos humanos, a la localidad de Al Eker, ya que habían oído rumores de que estaba sitiada. Pasaron varias horas retenidos antes de ser puestos en libertad sin cargos.
Al mes siguiente, el 2 de noviembre lo volvieron a detener en el pueblo de Diraz, al noroeste de Manama, por observar una concentración que estaba teniendo lugar y tomar nota del comportamiento de la policía hacia los participantes. Lo dejaron en libertad catorce días después, el 16 de noviembre, y retiraron los cargos contra él.
El 29 de junio de 2012 se constituye por real decreto la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, establecida bajo supervisión de la ONU al objeto de investigar las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante el levantamiento de febrero de ese mismo año.La comisión contaba con cinco renombrados expertos internacionales en derechos humanos y asuntos jurídicos que tenían como mandato presentar un informe sobre los hechos ocurridos durante las protestas de 2011.
El informe se presentó en noviembre de dicho año y en él se describía la respuesta del Gobierno a las protestas multitudinarias y se documentaban abusos generalizados contra los derechos humanos. Entre sus principales recomendaciones figuraba la petición al gobierno de hacer rendir cuentas a los responsables de tales violaciones, como tortura y uso excesivo de la fuerza, y realizar investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura. El Gobierno se comprometió públicamente a aplicar sus recomendaciones
Sin embargo, desde entonces los defensores de derechos humanos y otros activistas de Bahréin han venido sufriendo hostigamiento, detenciones e incluso encarcelamiento por desarrollar sus actividades y la situación de los derechos humanos se ha deteriorado acusadamente en los últimos meses. Las prácticas represivas han arraigado cada vez más y se ha vuelto más flagrante el desprecio del Gobierno por las recomendaciones de la Comisión.
Muchas de las promesas a las que el Gobierno se comprometió siguen sin cumplirse y más de un año después, la promesa de reformas significativas se ha incumplido por la falta de disposición del Gobierno a aplicar recomendaciones claves sobre rendición de cuentas, incluida su falta de medidas para llevar a cabo las investigaciones independientes, efectivas y transparentes sobre las denuncia de tortura, otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y procesar a todos los que dieron las órdenes de cometer abusos contra los derechos humanos.
Artículo publicado en sevilla report.