La lista completa está formada por las personas mencionadas así como por Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela, empresario; el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga; Alfredo Ovejero López, jefe de gabinete; José Javier Hernández Nieto, teniente de alcalde y edil de Hacienda, y el arquitecto municipal José Luis Navarro Soto. En el Consistorio de Collado Villalba, están en la lista de imputados Agustín Juárez López de Coca, alcalde, y José Manuel Casado Garzón, técnico municipal. En el Ayuntamiento de Serranillos del Valle, igualmente el alcalde, Antonio Sánchez Hernández y el técnico municipal, Marco Durán Benítez. En Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, los primeros ediles, David Rodríguez Sanz y Gonzalo Cubas Navarro, respectivamente, mientras que, en Móstoles, Alejandro Utrilla Palombi, adjunto al concejal de Medio Ambiente. Completan el listado judicial Jesús Norberto Galindo Sánchez, secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia; Mariola Martínez Robles, directora general de Turismo de la Región de Murcia; José Fidel Saura Guerrero, jefe de gabinete de la Consejería de Industria de la Región de Murcia; y María Reyes Samper Henarejos, directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Por último, en León, al presidente de la Diputación, Martín Marcos Martínez Barazón, se le atribuyen los presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias. Es el político de mayor rango implicado en la trama corrupta. Pero también aparece en la provincia leonesa, el interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez. Un hombre de confianza situado en ese cargo vital de la institución por la anterior presidenta, Isabel Carrasco, tras su llegada a la Presidencia en 2007, quien falleciera el pasado mes de mayo de tres disparos a manos presuntamente de una afiliada del PP, madre de una ex funcionaria interina, también vinculada al partido.
El juez decretó prisión bajo fianza para seis de los detenidos en la 'Operación Púnica'. Eloy Velasco dictó prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros para el alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro; así como para el de Parla, José María Fraile, y de 40.000 para el de Collado Villalba, Agustín Juárez. El juez Velasco preguntó a los imputados si Granadosinfluía o mediaba en la adjudicación de contratos públicos y si se llevaba a cambio un porcentaje de hasta el tres por ciento de cada uno. Del mismo modo, quiso saber si los alcaldes imputados se llevaban este porcentaje por cada una de las adjudicaciones que se concedían y si los empresarios las pagaban. La minuciosidad del juez, según las citadas fuentes, ha llegado al punto de preguntar por quién pagaba las comidas entre alcaldes y empresarios en las que supuestamente se cerraban las adjudicaciones. La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos –PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA–, y no la financiación de sus respectivas formaciones. La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación, conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio, los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.
La multinacional Cofely recibió contratos públicos millonarios en diversos ayuntamientos y Administraciones, algunos de los cuales ascienden a los 100 millones de euros. Según Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, para conseguir esas adjudicaciones la compañía hizo uso de una red de tráfico de influencias como “práctica habitual para lograr dichos contratos”. La persona de la compañía que articuló todo este sistema de facturas es el director de mercado público, Pedro García, quien ingresó en prisión incondicional. El juez le considera el “principal interlocutor y articulador” de la red de tráfico de influencias y del pago de cohechos de la que se servían las empresas para lograr la adjudicación de contratos. En la trama, se incluyen delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de documentos, utilización de información confidencial, malversación y fraude. Sin embargo, el mismo director general de Cofely, Didier Maurice, era “conocedor y partícipe” de que la compañía que dirigía podía estar incurriendo en delitos contra la Administración Pública, al igual que el director comercial, Constantino Álvarezde la Cueva, y el jefe del centro operacional de la empresa, José Antonio Hernández Pérez.
Eloy Velasco, juez central de instrucción nº 6, dicta la prisión incondicional contra el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, y Pedro García, un alto cargo de la empresa Cofely, filial de GDF Suez, director de Mercado Público de la compañía. Al mismo tiempo, dicta prisión incondicional para Ana María Ramírez, secretaria, accionista y administradora de varias empresas del presunto conseguidor, David Marjaliza. Se trata de un amigo de infancia y socio de Francisco Granados, el hombre más buscado del momento, pieza clave de la Operación Púnica. Marjaliza es el empresario que ha servido de hilo conductor para unir a todos los implicados. Es quien a través de sus empresas se ha lucrado de todo este sistema corrupto.El jueves, el juez Velasco sostenía que el alcalde de Valdemoro había favorecido “de manera continuada” a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y “otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios”. El magistrado precisa que Ana María Ramírez, es la “mano derecha” de Marjaliza y “parte imprescindible” de la articulación de su complejo entramado empresarial para la comisión de sus actividades delictivas. Existen, según el juez, indicios de su participación directa en la entrega de cantidades económicas a autoridades y funcionarios públicos o en la trama de facturas falsas que se emplean para la generación de efectivo para el pago de cohechos. Respecto a Pedro García, el alto cargo de Cofely, el juez señala que es el principal “interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr la adjudicación de contratos públicos millonarios en diversas administraciones públicas”. Didier Maurice,director general de Cofely, es “conocedor y partícipe” de que la compañía que dirige esté incurriendo en delitos contra la Administración Pública, al igual que el director comercial, Constantino Álvarezde la Cueva, y el jefe del centro operacional de la empresa, José Antonio Hernández Pérez.
El juez Velasco considera que Granados y Marjaliza formaban parte de una “organización criminal”y les acusa de numerosos delitos, entre otros, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. El magistrado dictaba el pasado jueves un auto por el que ordenaba la prisión incondicional y sin fianza del exconsejero, Francisco Granados, por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude. “A lo largo de su carrera pública –sostiene el magistrado– existen indicios de que [Granados] habría beneficiado a David Marjaliza y otros empresarios” en materia de contratación pública y urbanismo, “tomando parte en una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio, habiéndose identificado diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios”, incurriendo presuntamente en ocho delitos entre los que se incluye organización criminal, blanqueo de capitales o cohecho. Y Marjaliza es “el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas”. El juez Eloy Velasco cree que la cuenta que le encontraron a Granados, en Suiza, se nutría con comisiones de constructoras por recalificaciones fraudulentas de terrenos y adjudicaciones de obras en la época en la que fue alcalde de Valdemoro.
Mientras tanto, Rajoy aprovecha la sesión de control al Gobierno celebrada el pasado martes en el Senado,para leer una nota de “disculpas” del PP. “Quiero decir que entiendo y comparto la indignación y hartazgo que siente la sociedad española por los últimos acontecimientos –declara un Rajoy desconocido, leyendo un escrito que, en realidad, es un comunicado de prensa de su partido–. En nombre del PP, quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes, en apariencia, han abusado de ellos”. En la lectura de su comunicado, Rajoy emplea cuatro de los siete minutos de los que dispone para sus dos intervenciones en el habitual cara a cara con sus interpelantes. Además de la petición de disculpas, se compromete a mantener “una limpieza” en la actividad política e institucional, y aprovecha el momento para relatar las medidas de regeneración política que ha puesto en marcha su Gobierno. La senadora socialista, Maria Victoria Chivite, quien evidentemente no esperaba ese arranque del presidente del Gobierno, improvisa una buena respuesta: “Usted ha rehusado hasta en ocho ocasiones comparecer en el pleno del Congreso de los Diputados para debatir este tipo de asuntos. Hoy mismo, mi grupo ha presentado una más. En lugar de hablar aquí comparezca la semana próxima en un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados. Tiene usted la ocasión para debatir todo esto. Hay un país que sacar adelante; póngase las pilas o échese a un lado”. Los diputados de la oposición la aplauden a rabiar mientras se repiten los gritos de “dimisión” dirigidos al presidente del Gobierno. En la réplica a la segunda respuesta de la portavoz socialista, Rajoy echa mano del “y tu más” cuando afirma que declina “entrar a citar los implicados en el caso de los ERE y otros imputados de su formación”. Se repiten los incidentes sonoros de ambas bancadas. La actuación de Rajoy es afeada en el siguiente turno de preguntas. El senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, de IU y miembro del grupo mixto de la cámara, le espeta: “Usted no es respetuoso hacia la cámara al convertir la sesión de control en una lectura de una nota de prensa del PP”.Rajoy descarta acceder a comparecer la semana próxima ante un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados tal y como solicitan los grupos socialista y de La Izquierda Plural con el respaldo del grupo mixto de la Cámara baja.
En el debate sobre la cumbre europea para introducir el asunto de la corrupción en el pleno del Congreso, Pedro Sánchez, líder del PSOE,golpea duramente a Rajoy. Ambos vuelven al repetitivo “y tú más” en el intento de disipar la imagen de España como país corrupto.Sánchez ironiza sobre el “patriotismo tan vacío de los que tienen cuentas en Suiza”. Se refiere a Ángel Acebes, Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas, sobre los que exige que se asuman responsabilidades. Menciona a Ana Mato, ministra de Sanidad, pidiendo su destitución por su gestión del ébola. “A usted señor Rajoy –asegura, recordándola la comparecencia del 1 de agosto de 2013 sobre el caso Bárcenas– le cuesta comparecer para dar explicaciones y cuando lo hace una vez es para contarnos que le engañaron”. Cayo Lara, portavoz de IU, recuerda al presidente del Gobierno que“la gente está hasta los mismísimos e indignada”. Asegura que “el virus de la corrupción ha llegado a las entrañas del sistema”, e insiste en la necesidad de celebrar un pleno monográfico la próxima semana. “Son ustedes parte del sistema que ha generado esa corrupción y van a tener que trasladar la sede de Génova a la Audiencia Nacional” le espeta, pidiéndole la dimisión y disolución de las Cortes. Rosa Díez habla de “emergencia de salud democrática, porque la corrupción puede ser el ébola de la democracia”.
Finalmente, el PP decide que Mariano Rajoy no comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción, tras conocerse la llamada 'operación Púnica' y la imputación del 'popular' Angel Acebes. Haciendo valer su mayoría absoluta en la Junta de Portavoces del Congreso, el PP rechaza que el presidente del Gobierno comparezca la próxima semana en sesión plenaria. El PSOE advierte que, si el presidente se sigue negando a comparecer, cometerá el mismo error que durante el caso Bárcenas, hace 20 meses, cuando tuvo que ir forzado a dar explicaciones sobre el extesorero del PP.Antonio Pradas, secretario de Política Federal del PSOE, recalca que, ante todo, debe prevalecer que Rajoy irá al Congreso y asuma responsabilidades. Pide que todos los partidos se pongan de acuerdo para adoptar medidas “ejemplarizantes” contra los corruptos y que, además, sirvan para prevenir futuros casos. “Los ciudadanos quieren que nos dejemos de reproches y nos dediquemos a solucionar sus problemas”, reconoce Pradas, pero insiste en que el PSOE no quiere “solamente la puesta en escena, como ha pretendido el PP, para lavar sus vergüenzas”. Los socialistas, insiste, “están dispuestos a apoyar cualquier medida que proponga el PP, IU, el Grupo Mixto o quien sea, para complementar sus propuestas, pero se empeñarán también en sacar adelante las suyas. Si hay ‘foto’ de un acuerdo entre todos los partidos, será al final del proceso, y no antes “para lavar la imagen de nadie”. A su juicio, los representantes del Congreso por Sevilla han hecho lo que debían contra los casos de corrupción que se han destapado en Andalucía, para que “se depuren las responsabilidades que se hayan podido cometer y para que no se vuelvan a producir este tipo de irregularidades”. Y pide al Gobierno de Rajoy que haga lo mismo, aunque, acto seguido, admite que es “muy difícil” porque quienes están implicados en los escándalos, incluidos algún exministro y exsecretario general del PP, no son “subordinados” sino “dirigentes” del partido.
Pablo Ruz, juez que investiga un delito de apropiación indebida de 360.000 euros de la caja paralela del PP, cita al exsecretario general del PP, Ángel Acebes en calidad de imputado. Decenas de personas le esperan a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional al grito de “chorizo”.Ruz le interroga como imputado porque, o bien Acebes dio la orden de comprar acciones de Libertad Digital, o bien es responsable de la apropiación indebida de este dinero que nunca regresó a la caja B popular. Acebes elude toda responsabilidad, al separar la dirección política del PP, que reconoce ser suya, y la económica, propia de Lapuerta. Niega la existencia de una caja B e insiste en que el PP tiene dos figuras independientes: el secretario general, responsable del área política, y el tesorero, del área económica. Intenta demostrar a Ruz que él no era responsable jerárquico del área económica, ni de que se acudiera a la ampliación de capital de Libertad Digital, en 2004. Niega incluso que existiese una caja B del PP, asegurando que las cuentas populares las auditaba el Tribunal de Cuentas. Reconoce al juez que se reunió con Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital, y que ambos abordaron la ampliación de capital. “Probablemente lo comenté con alguien”, asegura al juez, pero niega en todo momento que él ordenara suscribir las acciones. Por su parte, Alberto Recarte, presidente en su momento de la empresa editora de Libertad Digital, asegura que no fueron una sino dos las reuniones que mantuvo en su día con Acebes, para lograr que simpatizantes y militantes del PP entraran como accionistas de su medio. Señala, además, que en esos encuentros también estuvo presente el periodista Federico Jiménez Losantos. Y explica que, en esos contactos con dirigentes del PP, se reunieron igualmente con José María Aznar, que ya no era presidente del Gobierno, y con Esperanza Aguirre. El objetivo era que sensibilizaran a los militantes y simpatizantes para la compra de acciones con motivo de la ampliación de capital de Libertad Digital.
“España ya no es el país de los NI-NI –escribe Antón Losada en Zona Crítica de Eldíario.es–. Ahora somos más el país de los NO SÉ. Nadie recuerda muy bien quién estaba allí o quién contó la pasta, o quién la metió en el sobre, o quién le dijo que se la diera a no sé quién. A golpe de titulares, redadas, imputaciones y registros estamos viendo cómo a medio país le ha entrado la amnesia selectiva y a otra parte del país le ha entrado el furor por anunciar planes, medidas y contramedidas para hacer limpieza general como si mañana fueran a venir de inspección nuestras madres. En España con la corrupción parece pasar lo mismo que acontece con el fraude fiscal. Cuantas más medidas y planes se anuncian en su contra, más fuertes y vigorosas parecen crecer y multiplicarse. Seguramente nos iría bastante mejor si dedicáramos más tiempo a hacer lo que anunciamos que a anunciar lo que es probable que hagamos en un futuro aún por determinar y siempre que lo hagan los demás; que luchar contra la corrupción es una cosa e ir de pardillo otra muy distinta. En España sobran leyes, pactos y medidas contra la corrupción. Lo que faltan son medios, recursos humanos, técnicos y económicos, jueces y fiscales especializados, policías y guardias civiles que se dediquen a tiempo completo, inspectores de Hacienda con capacidad y recursos para investigar cuanto sea menester. Y falta también lo más importante: la voluntad de combatir sin excusas la corrupción, la propia y la ajena. Detrás de eso que llaman desafección política está el cansancio general por tanto anuncio y tanta promesa rota. La gente quiere poder votar a gente que haga lo que dice y diga lo que hace. No queremos más anuncios, ni más promesas. Queremos empezar a ver resultados. Ni más medidas contra la corrupción, ni más planes contra el fraude fiscal, ni más discos de concursantes de 'Operación Triunfo' o de Justin Bieber. Es el mínimo vital que deberíamos poder exigir como ciudadanos en un Estado democrático de derecho que merezca tal nombre”.
“Más de 50 detenidos en la Operación Púnica –nos recuerda Lluis Foix, ex director de La Vanguardia, en su web Foixblog– han puesto al descubierto una de las tramas corruptas más espectaculares. Hay alcaldes, políticos, concejales, presidentes de diputación, empresarios, conseguidores y gente de distinto pelaje. La corrupción se extiende como una gran mancha en la sociedad española. La trama abarca personajes de Madrid, Murcia, León y Valencia. No sé qué nivel de alarma social se vive en estos momentos. Pienso que es muy alto y que las encuestas lo van a manifestar muy pronto. La corrupción empieza a ser una de las preocupaciones más inquietantes de la gente. Todo se basaba en la consecución de un 3 por ciento por las adjudicaciones en obra pública. ¿Les suena? Y todo se perpetró en los dos últimos años. Según la Fiscalía Anticorrupción en la llamada Operación Púnica se ha golpeado una ‘trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia’. La nota añade que los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de ‘comisiones ilegales’ a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por unos 250 millones de euros en los últimos dos años. La corrupción ha existido, existe y existirá siempre. Aquí y en todas partes. En sistemas democráticos y en regímenes autoritarios o dictaduras. Pero lo importante es descubrirla y poner a los implicados ante sus responsabilidades derivadas de la ley. La dimensión de la gran mancha corrupta aleja a los ciudadanos de sus líderes. No todo político es corrupto. Pero son demasiados los que se han lucrado de sus posiciones en tiempos en los que la crisis ha hecho estragos en millones de personas. Estos lamentables episodios tienen un aspecto positivo que consiste en desmitificar a quienes vivían por encima de la ley, del bien y del mal. Son muchos, de todos los partidos y en la mayoría de territorios hispánicos. Hay que neutralizar esta plaga de vividores que se aprovecharon de sus cargos pensando que sus acciones serían impunes.
“Esperanza –dice Qaesar desde su web El Ventano y bajo el título ‘Corrupción; una percepción algo tardana en España’– afirma en Madrid que está alucinando en colores y Rita, en Valencia, que se ha quedado ojiplática tras la feria de corrupciones que ha vomitado el lunes desde primera hora. Pero lo más gordo quizá ha sido lo de González Pons. Porque manifestar que el PP rechaza cualquier tipo de corrupción en la misma sede que su partido ha reformado con millón y medio de euros en dinero negro es propio de un cínico sin posibilidad de regeneración. El gráfico de abajo explica en parte que pueda haber fulanos y fulanas que insulten de esta manera sin que el personal los arroje a los leones.La ciudadanía ha despertado contra la corrupción solo cuando ha visto que la crisis ha ido vaciando sus bolsillos mientras las cuentas corrientes de los mafiosos han subido sin descanso. Es lo que se desprende de los datos de las encuestas del CIS sobre la percepción de la corrupción por parte de los ciudadanos a lo largo del tiempo.
“Érase una pobre abuelita sexagenariaque presidía un partido madrileño incompatible con la corrupción –cuenta Ignacio Escolar en Eldiario.es, bajo el título ‘El cuento de la abuelita’–. A pesar de su alegría y su bondad, la abuelita tropezaba una y otra vez con malvados políticos que se aprovechaban de ella y abusaban de su confianza para robar. Bajo las faldas de esta sexagenaria de voz temblorosa, creció un consejero de Deportes llamado Alberto López Viejo, que se llevó 5,5 millones de euros en mordidas de la Gürtel. Y unos consejeros de Sanidad llamados Juan José Güemes y Manuel Lamela, imputados por cohecho y prevaricación. Y un presidente de la patronal como Gerardo Díaz Ferrán, hoy preso en Soto del Real. Y un montón de alcaldes, concejales y diputados autonómicos que hicieron de la Comunidad de Madrid un lodazal que la pobre abuelita se afanaba por limpiar.La abuelita se llama Esperanza Aguirre y ayer volvió a tomar el pelo a los ciudadanos con otro cuento increíble de tragar. A la pobre sexagenaria la han vuelto a engañar, una vez más. Ha descubierto, ‘alucinando en colores’, que lo que medio Madrid ya sabía sobre Francisco Granados era verdad: que su fiel lugarteniente era un político corrupto, un chorizo, un ladrón que al parecer se forró cobrando comisiones del 3% aquí y allá.‘Si hubiera tenido la sospecha más mínima, habría actuado con prontitud’, dice ahora Esperanza Aguirre. No puede ser más cínica. Descartado que Aguirre sea estúpida, sólo queda pensar que no se quiso enterar. Francisco Granados es el mismo político al que le quemaron un coche en su garaje que estaba a nombre de un constructor de su pueblo pero conducía su mujer. En lugar de sospechar, Aguirre llegó a decir que era ‘un atentado político’. Granados es también el político que se construía a su medida una enorme mansión del tamaño de un centro de salud y que no parecía tener intención de pagar. Y es también el mismo político siniestro que escogió a varios de los espías de la Gestapillo, esa agencia de mortadelos pagada por la Comunidad de Madrid y que en parte estaba formada por guardias civiles de Valdemoro, el pueblo del que Granados fue alcalde.
“El fétido olor de la corrupción –prosigue Ignacio Escobar– hace años que impregnaba todo lo que Granados tocaba. Lo sabíamos varios periodistas, que publicamos muchas de estas historias. Lo sabía la oposición, que le señalaban como gran conseguidor. Lo reconocían en privado otros dirigentes del PP, que contaban que desde Génova le habían llamado la atención. Lo sabía medio Madrid, menos Esperanza Aguirre. Ella no. Francisco Granados no sólo es el principal beneficiado de esta nueva trama de corrupción, sino también su presunto promotor. La operación Púnica, como la ha bautizado la Guardia Civil, saca su apelativo del nombre científico del granado: Punica granatum. Correa es a la Gürtel como Granados a la Púnica. Como ambas tramas corruptas, al Partido Popular de Madrid. Aguirre dice ahora que ‘no va eludir su responsabilidad’. ¿Y cuál es esa responsabilidad? ‘Pedir disculpas’, nada más. La abuelita retirada de la política que aún preside el PP de Madrid dice sentir ‘una profunda vergüenza’, pero no se plantea dimitir. También seguirá trabajando para una empresa de cazatalentos; es evidente su buen ojo a la hora de fichar. Hay que recordarlo: Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias al 'tamayazo'; fue el propio Francisco Granados quien presidió la comisión de investigación parlamentaria para "aclarar" ese caso de corrupción. Fue la candidata que pagó gran parte de su campaña electoral a la Gürtel, por medio de "donativos" de empresarios como Díaz Ferrán y Arturo Fernández a Fundescam. Detrás de cada político corrupto hay dos tertulianos, decía una famosa pancarta del 15M. Pronto veremos a algunos periodistas justificar el buen hacer de Esperanza, su mano dura contra la corrupción, su valentía al dar la cara y hablar a los ciudadanos para pedir perdón. Dentro de unos días, lo mismo Aguirre nos cuente que fue ella quien descubrió la trama Púnica, como antes hizo con la Gürtel. El cuento de la abuelita crecerá, ya lo verán. Y habrá quien se lo quiera tragar”.
Entre los fotomontajes publicados esta semana recogemos el de Ali Babá y los 50 ladrones, los de Mariano Rajoy en el momento en que le ha tocado vivir, el de Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP,el protocolo de entrada en la sala del PP, las manos quemadas de Esperanza Aguirre y el nuevo mapa político.
Las imágenes humorísticas de Erlich:
Y las de los grandes dibujantes del momento: J. R. Mora y la corrupción enMadrid, El Roto, Forges, Peridis, Pat. A. Montt y Eneko.
Mariano Rajoy pide disculpas por los casos de corrupción que aflorar en el PP.
María Dolores de Cospedal, en un encuentro con militantes del PP, en Barcelona, en enero del pasado año, durante la campaña electoral catalana, también se refería a las cuentas en Suiza con motivo de una información no contrastada sobre la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuviera dinero en algún banco suizo. Hoy recordamos lo que dijo entonces, cuando comentaba que habría tenido que dimitir si se hubiera descubierto que algún presidente del PP tenía cuentas en Suiza.
Terminamos mostrando el apoyo de Rajoy a Ignacio González en la cena navideña del año pasado, celebrada en la localidad de Collado Villalba. Rajoy daba las gracias por su trabajo a la presidenta de los populares en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y muy especialmente al presidente autonómico, Ignacio González, en el día en que se conocía el auto de una juez de Estepota, que imputaba a su mujer por blanqueo de capitales y delito fiscal en relación con su ático marbellí: “Yo ayudaré a Madrid, Ignacio, porque ayudar a Madrid es ayudar a todos los españoles”, dijo Rajoy. “Esperanza e Ignacio -ha añadido- han logrado que Madrid sea sinónimo de gestión exitosa y escaparate de las políticas del PP”.